Aprobada la resolución
independentista del Parlament de Catalunya, muchos se peguntan, ¿y ahora qué?
De entrada el gobierno español, según ha anunciado Mariano Rajoy, se reunirá
mañana para presentar un recurso de inconstitucionalidad a dicha resolución, y
el Tribunal Constitucional se reúne el jueves para decidir si aceptar o no a
trámite el recurso del Gobierno, y si acepta, que es lo más probable, entonces
la resolución estará sin efectos.
Mientras tanto, el
Parlament de Catalunya debatirá si Artur
Mas será o no presidente de la Generalitat. La CUP ha dicho que “no” y ha
pedido un candidato alternativo. Al mismo tiempo, la incertidumbre política
española por causa de la crisis catalana ha hecho incrementar el bono y la
deuda un porcentaje del 3,5 por 100. No es alarmante, pero indica que la crisis
catalana no puede ser un problema enquistado en España, porque se va a devaluar
el “valor España”.
La mayoría el Parlament (Junts
pel Sí y CUP) va a rechazar que el Tribunal Constitucional declare sin efectos
la resolución rupturista, la cual precisamente señala no acatar las decisiones
del TC. Y de ahí se derivan dos cosas: si hay gobierno liderado por Artur Mas,
este deberá decidir si hacer caso o no al TC. Si no hace caso, y se va a la
desobediencia, se aplicará la legislación vigente, que va desde declarar la
inhabilitación de Artur Mas para gobernar en territorio español –una parte del
territorio no puede decidir por su cuenta si cumple o no una ley o sentencia—.
En caso de ser muy reticente se podrá llegar a una detención preventiva por
incumplimiento de la ley.
En cuanto al artículo 155
de la Constitución, ha dicho el Gobierno que de aplicarlo, lo hará con “proporcionalidad”.
O sea, no inhabilitar la Generalitat, sino aquellos órganos que comprometen la
seguridad del Estado, como son los Mosos d’Esquadra (policía autonómica, cuyo
mando pasaría en manos del Gobierno central) y el Tesoro, es decir el orden
público y las finanzas del Estado.
Por otro lado, habrá que
contemplar la posibilidad de nuevas elecciones, que deberán convocarse dos
meses después de la primera investidura, es decir en enero, lo que se programan
las elecciones para marzo. El Parlament, de no haber gobierno, quedará disuelto
automáticamente, y el President en funciones, en este caso Artur Mas, deberá
convocar elecciones, que tendrían lugar dos meses después, es decir en marzo.
La gran batalla no ha
hecho más que empezar. Las fuerzas políticas españolas se han cuadrado ante el
desafío soberanista. El Estado no va a estar mirando. Qué duda cabe que el
empecinamiento independentista juega a favor del Partido Popular y a Ciudadanos,
con lo que para el independentismo pintarán bastos.
El Estado español ya ha
hecho sus primeros deberes, blindar la unidad de España en los foros
internacionales, como la ONU, la Unión Europea, la OCDE y otros organismos
internacionales. Una Catalunya independiente, sin que ningún estado la
reconozca, es imposible que exista.
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