Hoy se ha iniciado el proceso de ruptura
de Catalunya con el Estado español. El pleno del Parlamento de Catalunya ha
aprobado una resolución por la que insta al Gobierno catalán (que no existe
todavía) a crear estructuras de Estado como la Seguridad Social y la Hacienda
Pública.
Tras un debate que ha durado cerca de dos horas, los 135 diputados
Parlament, el primero que se celebra después de las elecciones del 27-S, han
votado mayoritariamente la resolución que declara la independencia de Catalunua,
y la creación de una república catalana. Al mismo tiempo pide la desobediencia
de las sentencias del Tribunal Constitucional y de aquellas leyes que no
favorezcan a Catalunya.
Hoy se ha
aprobado una resolución, no una ley, en la que el Parlament “insta al gobierno
de la Generalitat” que cumpla lo que dice esta resolución. Esta ha tenido 72
votos a favor (Junts pel Sí y la CUP, el grupo anticapitalista) y 62 en contra:
Ciudadanos, PSC (socialistas), Catalunya Sí que es Pot (Podemos más Iniciativa
per Catalunya), y el Partido Popular. Los diputados del PP, tras la aprobación
de la resolución, exhibieron banderas españolas y catalanas en el pleno. Artur
Mas y Andreu Mas-Colell (conseller d’Economia que se opuso a esta resolución en
el Gobierno) apenas han aplaudido.
A lo largo del debate se han señalado las
incongruencias de esta resolución, la cual no puede ser aceptada en el marco de
la legalidad del Estado español, según los diputados de la oposición, pues Catalunya
sigue perteneciendo a este Estado. Es más, el Estatut d’Autonomia establece que
el Presidente de la Generalitat tiene “también la representación del Estado en Catalunya” (Art. 67, 1). ¿Puede el President
ser Estado e ir contra el Estado al mismo tiempo?
Otra incongruencia que
han resaltado tanto ciudadanos como socialistas es porqué si no se cree en el Tribunal
Constitucional, la Generalitat presenta recursos ante el TC, como ha hecho
hasta ahora.
Miquel Iceta (PSC) en un
discurso bien armado, ha dicho que cuando
se salta la legalidad española, los ciudadanos ¿a qué ley han e atenerse? Habrá
dos legislaciones válidas. Por otro lado, aprobar mandatos –como los que
contiene la resolución—“a un gobierno que no existe, no tiene sentido”.
“Ustedes han cerrado las puertas a una posible negociación” y a la solución del
problema –y así lo piden una gran mayoría de catalanes—está en la negociación.
Otra incongruencia, que
han destacado Inés Arrimadas, de Ciudadanos –por cierto en un discurso de clara
oposición-- Miquel Iceta (PSC), de Joan
Coscubiela (Catalunya Sí que es Pot) y García Albiol (PP) es la incongruencia
de la declaración del líder de la CUP, Antonio Baños, que dijo, después de las
elecciones, que el plebiscito había fracasado al no conseguir la mayoría de los
votos la propuesta independentista (Junts pel Sí y CUP), sino solo el 47,8 por
ciento.
Miquel Iceta recordó que
en España rige el principio de jerarquía normativa, o sea que hay normas que
están por encima de otras, y no se pueden saltar. Y preguntó ¿han pensado ”en
los costes altos que se pagarán de aprobarse la resolución”? Lo pagarán todos
los catalanes. Esto “es un auténtico disparate”. El Parlament no tiene poder
para las leyes de rango superior, ni hay un “mandato democrático para ello”. Se
entrará en una inseguridad jurídica. Catalunya siempre ha salido mal parada
cuando se ha saltado la legalidad.
Joan Coscubiela, en un
discurso de altura parlamentaria, ha dicho que la resolución supone una
“insurgencia” y es una “huida hacia adelante”. Si se crea una seguridad social
catalana, ¿quién pagará las pensiones? Coscubiela presentó una propuesta
alternativa que se celebre un referéndum legal y que el pueblo decida sobre su
relación con España. La propuesta no fue secundada por ningún grupo
parlamentario.
Inés Arrimadas, de
Ciudadanos, presentó batalla. Anotó que ni Junts pel Sí, ni la CUP han hablado
apenas de corrupción, cuando aquí –y en otras partes—hay mucha corrupción, la
del 3 por ciento, la de la familia Pujol y las adjudicaciones de la
Generalitat. Afirmó que los derechos no son de los territorios, sino de las personas,
y que la presidenta Carme Forcadell, se saltó el reglamento de la cámara al no
aceptar ni la reconsideración solicitada de la resolución, ni la petición de un
informe jurídico de los letrados del Parlament. Si defienden el derecho a
decidir, “¿defenderán el derecho a decidir de L’Hospitalet sobre su futuro si
lo pide la mayorías de la población?” El secesionismo de un territorio rico
sobre los demás es una clara muestra de “insolidaridad”. Junts pel Sí utiliza
el sentimiento –respetable—de muchos para fines de tipo personal, añadió. Lo
que plantea la resolución es “una locura”.
¿Y qué han dicho
Catalunya Junts pel Sí y la CUP? Para los primeros intervino con mucha fuerza
en su discurso, Raül Romeva, quien justificó haber llegado a este punto porque
se habían agotado las vías de negociación con el Estado. Revindicó que el 27-S
fue un “plebiscito”, no en votos, sí en escaños, que viene a sustituir el
referéndum del 9-N del año pasado que no dejó celebrar el Estado. Esta
resolución representa dos millones de votos, con una “voluntad masiva,
democrática, clara, incontestable” de que quiere ir a la independencia. Ahora
dentro de 30 días empezarán la tramitación de las leyes de desconexión con
España. Su intervención fue un alegato independentista. Este es un proceso que
no se para. Podrá pararse hoy, pero no en el futuro.
Lo mismo que Anna Gabriel
de la CUP, la cual llevaba en su polo la inscripción “el meu cos jo decideixo” (de mi cuerpo decido yo). Su discurso fue
una perorata demagógica diciendo cuánto sufren y han sufrido los obreros, y
presentó la independencia de Catalunya como un paraíso terrenal. Pidió el
derecho al aborto –que lo colocó en la resolución aprobada—y todo un listado de
reivindicaciones sociales. Su discurso parecía más bien el de los parlamentarios
de la República o más lejos. Terminó con el grito de “Salut y República!”.
Y de todo ello ¿qué
piensa la presidenta del Parlament? Carme Forcadell ya intervino a primera hora
de la mañana, antes de comenzar el pleno, con unas declaraciones a TV-3 en las
que dijo que “no tengo miedo, pues “lo único que he hecho es facilitar el debate parlamentario, que me han
pedido los grupos parlamentarios”, y “el Parlament de Catalunya es soberano” y
debe discutir lo que está en la calle.
La vicepresidente, Neus
Munté, por otra parte, se manifestó indignada que utilicen su nombre en contra
de Artur Mas, como quienes la han propuesto como candidata “alternativa” a Mas.
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