El gran revuelo causado por la nueva ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial ha llegado a Europa y ha merecido un tirón de orejas al gobierno español de coalición PSOE-UP. El gobierno tiene prisa en cambiar las mayorías en el Consejo porque éste es el que nombra los jueces y magistrados a cualquier nivel, y hay causas, como la del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que querrían despejar de modo favorable. No puede estar la Justicia al servicio del Gobierno, si no, se quiebra el Estado de Derecho. El escollo fundamental está en la Constitución (art. 122, 3) que establece que los cargos del Consejo General del Poder Judicial duran cinco años. Son 20 los miembros, de los cuales 12 son nombrados por jueces y magistrados y ocho por el Congreso (cuatro) y el Senado (cuatro), y en ambos casos requerirá la mayoría de tres quintos. Esta mayoría no se puede conseguir sin los votos del Partido Popular. La propuesta del gobierno merma o anula sin duda la independencia de
Reflexiones sobre la actualidad (Artículos del autor publicados en la prensa)