El gran revuelo causado por la nueva ley de reforma del Consejo General del
Poder Judicial ha llegado a Europa y ha merecido un tirón de orejas al gobierno
español de coalición PSOE-UP.
El gobierno tiene prisa en cambiar las mayorías en el Consejo porque éste
es el que nombra los jueces y magistrados a cualquier nivel, y hay causas, como
la del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que querrían despejar de modo
favorable. No puede estar la Justicia al servicio del Gobierno, si no, se
quiebra el Estado de Derecho.
El escollo fundamental está en la Constitución (art. 122, 3) que establece
que los cargos del Consejo General del Poder Judicial duran cinco años. Son 20
los miembros, de los cuales 12 son nombrados por jueces y magistrados y ocho
por el Congreso (cuatro) y el Senado (cuatro), y en ambos casos requerirá la
mayoría de tres quintos. Esta mayoría no se puede conseguir sin los votos del
Partido Popular.
La propuesta del gobierno merma o anula sin duda la independencia de jueces
y magistrados, o sea la independencia judicial, ya que los hace depender
prácticamente del gobierno. O, dicho de otra manera, rompe con la división de
poderes del Estado. Un poder judicial controlado por el gobierno reduce los
tres poderes del Estado a dos (Ejecutivo y Legislativo) que son primos hermanos
y nos lleva a una dictadura.
De momento, el proyecto de reforma no parece otra cosa que presionar al
Partido Popular a que se avenga a negociar con Podemos. Y aquí está el error
del Gobierno. Quienes deben llegar a un acuerdo, no es el gobierno y el
principal partido de la oposición, sino los grupos parlamentarios, y antes que
Podemos estaría Vox en la negociación, por ser el tercer partido del Congreso. Porque
son el Congreso y el Senado los que proponen los ocho miembros de los 20 que
tiene el Consejo General del Poder Judicial. El ejecutivo, el gobierno, no
entra en esta negociación como tal, sino los grupos parlamentarios. El PP
quiere excluir a Pablo Iglesias de la negociación, y quiere una negociación
PSOE-PP.
Lógicamente, las asociaciones de jueces están contra la reforma, porque
pierden independencia, pues deberán su cargo al partido o gobierno que los
nombró. Esto no es aceptable en la Unión Europea, que precisamente lo que
quiere es incrementar la independencia judicial. La Fiscal General, Dolores
Delgado, ex ministra de Justicia con el PSOE, no quiso comentar la ley-exprés,
y quien calla otorga.
No creo que esta ley-exprés tenga mucho recorrido. Puede ser aprobada por
el Congreso y el Senado, lo que es muy complicado porque no todos los partidos
que apoyan al gobierno apoyan la ley-exprés. Esquerra Republicana, no se fía de
la ley-exprés, pues cuando cambie el gobierno y tengamos un gobierno de
derechas, cambiará el Consejo del Poder Judicial en otra línea. Es un pésimo
argumento, porque no busca la independencia de los jueces.
Pero habrá que salir del impass actual, ya que algunos miembros del
Consejo del Poder Judicial, entre ellos el Presidente, que a la vez es
Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, lleva ya siete años en el
cargo, cuando solo podía estar cinco, al igual que todos los demás consejeros.
Por eso hemos dicho que la ley no puede tener mucho recorrido por cuanto
choca con la Constitución y, aunque se apruebe por las dos cámaras, parece
difícil que el Tribunal Constitucional apruebe la reforma. Claro que con las
leyes se pueden hacer acrobacias interpretativas, aunque esta vez resulta muy
difícil.
En consecuencia, no parece que la propuesta del Gobierno tenga mucha
fortuna al pasar por las dos cámaras, por el Tribunal Constitucional o el
Tribunal Europeo. Vivimos una etapa de disenso, de falta de consenso. A eso ya
estamos acostumbrados desde hace unos años, pero es malo para el país, es malo
para la democracia, es malo para la convivencia y es malo de cara al futuro.
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