La condena del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, es la culminación de un esperpento político y ha hundido más la separación entre españoles y, sobre todo, la ruptura entre los poderes del Estado. El ejecutivo –que ya no manda en el poder legislativo al no tener mayoría parlamentaria—rompe de manera abierta y hasta hosca con el poder judicial, con críticas que no se observan en ningún otro estado democrático occidental. Esta condena es un caso único en un país democrático, porque el Fiscal General, según la Constitución, es el defensor de la Ley. La Constitución dice: El Fiscal General del Estado “tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar...
Por Salvador Aragonés El esperpento muy mediático de Carles Puigdemont estaba muy preparado, no solo en su ejecución, sino sobre todo en las complicidades con las que contaba: complicidades por parte de la policía española y de los mossos d’esquadra, por pate de su partido, parlamentarios incluidos, y hasta el presidente del Parlament, Josep Rull. Se sabía el día y la hora en que había de aparecer sobre una tribuna al lado del Arco de Triunfo de Barcelona. Lo sabían los políticos, los principales dirigentes de Junts que arroparon a Carles Puigdemont, incluido el president del Parlament ¡y hasta Artur Mas!, toda la prensa –por supuesto TV3—que enviaron a redactores. fotógrafos y cámaras al lugar de los hechos en la hora y lugar indicados… Estaban todos, menos la policía autonómica, los mossos. Tampoco había nadie en la frontera, ni policías, ni Guardia Civi...