El derecho de los padres a la educación de sus hijos no es
ningún eslogan o principio tradicional, sino que está contenido en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cumple ahora precisamente 70
años.
Pero no es solamente un derecho, sino un gozoso deber de los
padres la educación de su prole. Solo las ideologías totalitarias niegan este
derecho, relegando a los padres prácticamente el derecho a engendrar.
Y educar no quiere decir pagar los gastos a manutención,
sino participar en el desarrollo moral, afectivo e intelectual de los hijos,
pues “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, según la Declaración de
los Derechos Humanos (Art. 16, 3).
Por eso, en cuanto a las escuelas se refiere, los padres
tienen el “derecho preferente” a elegir el tipo de educación que quieren para
sus hijos (Art. 26, 3). Y dice también (Art. 26, 1): “toda persona tiene
derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental”.
Así está recogido en la Constitución Española (Art. 27), que
además consagra la libertad de enseñanza, en el sentido que “reconoce a las
personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes,
dentro del respeto a los principios constitucionales”. Y también (Art. 27, 3):
“los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones”.
Es decir que la
Constitución consagra la libertad de enseñanza. Esta Constitución fue
aprobada con el consenso de todos los partidos políticos, desde la derecha
hasta la izquierda. Esta libertad requería un instrumento legal para hacerla
efectiva. Así llegó en España una ley, a propuesta del PSOE y el apoyo de la
Minoría Catalana, por la que las escuelas no públicas podían recibir fondos
públicos mediante “conciertos” que financiaban en una parte importante
–alcanzando hasta un 60 ó 70 por 100—los costes de la educación a los centros
privados que lo solicitaran. La gran mayoría de estos centros pertenecen a
fundaciones u organizaciones de la Iglesia católica (congregaciones religiosas,
parroquias, obispados, etc.).
La ley, llamada LODE (Ley Orgánica del Derecho a la
Educación), era un paso para asegurar la libertad y el derecho, en condiciones
de igualdad, de todos los españoles para recibir la enseñanza en los niveles
obligatorios. No era el objetivo final. Con esta Ley -que en esto no ha
cambiado-- los padres, si querían educar a sus hijos en un centro distinto al de
una escuela pública, tenían que pagar la diferencia, hasta cubrir el 100 por
100 del coste de la enseñanza, con lo que solo había –y solo hay-- libertad
para quienes pudieran cubrir este coste. Los demás, no tienen acceso a la
enseñanza concertada.
La LODE tuvo el recorrido del gobierno socialista de Felipe
González. Al llegar el Partido Popular al gobierno, propuso otra ley, luego el
PSOE otra y el PP otra. Y así casi cada legislatura los niños españoles, sus
padres y sus profesores han tenido un cambio de sistema educativo. Peor, la
educación ha sido un arma arrojadiza ideológica entre los partidos. Esto solo
ocurre en España.
A todo ello, si se añade la presión sindical sobre los
profesores, la escuela española no ha sido bien tratada en democracia. Y no por
falta de recursos, pues mientras el Estado paga la escuela pública, se ahorra
entre el 40 ó 30 por ciento del coste de la enseñanza privada concertada (la
cual representa a un 30 por ciento de los alumnos de primaria y media). Esto
hace que el coste global –repartido luego por profesor, aula o alumno—sea más
pequeño con relación a los países de nuestro entorno.
Pero las leyes educativas cambiantes no solo han afectado
económicamente a los padres, sino que a los profesores se les ha impuesto un
currículo escolar y unos cambios de ciclos, sin que las administraciones se
hayan encargado de formar a los profesores. Los salarios de los profesores,
además, no cambian y no reciben estímulo alguno, pues gana prácticamente lo
mismo el que acaba de llegar que el que lleva 15 años. No se premia al mejor.
Al cabo de 40 años de democracia, los partidos políticos de
España no han sabido entenderse para llegar a un consenso definitivo en el tema
educativo. Sigue la dicotomía entre público y privado, y sigue sin
revalorizarse al profesorado, cuya sindicalización impide mecanismos de control
y competitividad. Se hace mucha demagogia con las cifras y los grandes
principios que a veces esconden intenciones más cercanas al totalitarismo,
cuando no se acepta la libertad de enseñanza.
En medio de todo ello, están los padres, con sus derechos
“reconocidos” sobre el papel, pero actuados solo a medias, y los alumnos y
profesores teniendo que sufrir uno y otro cambio en los sistemas educativos
¿Hasta cuándo? ¿Será imposible llegar a un consenso, y cerrar de una vez la
dicotomía público-privado? Es clarísimo, una asignatura pendiente.
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