La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara
a la Ley de Consultas catalana y a la convocatoria de la consulta del 9-N como
contrarias a la Constitución, era de esperar. Y la presidencia del TC ha tenido
a bien que la decisión se tome por unanimidad de los 12 magistrados del alto
tribunal. Los ponentes, uno conservador, Pedro González-Trevijano, y otro progresista
y catalán, Juan Antonio Xiol, han buscado y encontrado el consenso.
El actual TC quiere borrar la imagen negativa, o muy
negativa, que creó el anterior tribunal presidido por María Emilia Casas y que
desprestigió el TC en una sentencia sobre el Estatut más política que jurídica
y con las permanentes incursiones del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
mezclando la política y el derecho en la interpretación de la Constitución.
No
sabemos si este TC logrará recuperar el prestigio, pero cierto es que algunas
sentencias con implicaciones políticas, como la de ayer, se han escrito buscado
siempre la unanimidad, es decir que la interpretación de la Constitución ha
tenido el consenso de todas las sensibilidades presentes en los magistrados del
TC, y en este caso, como en el anterior, incluida también la magistrada Encarna
Roca, doctora Honoris Causa de la
Universitat de Girona, la provincia más independentista de España.
¿Y qué ha sentenciado el tribunal? Pues llanamente que
para hacer consultas populares, aunque se les califique de “no referendarias”
se necesita el consenso político entre las instituciones del Estado y, si no,
habrá que reformar la Constitución. O sea que tras meses y meses de polémicas y
proclamas jurídico-políticas-populistas-mediáticas hemos llegado al punto de
partida que el propio Artur Mas ya decía: sin acuerdo con el Estado no es
posible la consulta popular.
A pesar de ello, se decidió tirar adelante, aun sabiendo que aquello no tenía
futuro, desde un punto de vista político formal. Incluso el Tribunal de
Garantías Estatutarias catalán, elegido con los mismos mimbres políticos que
los 12 magistrados del TC, aprobó la Ley de Consultas por los pelos, con un
voto de diferencia.
Se
quiso que la política estuviera por encima del Derecho, pero esto no era
posible si España quería seguir siendo un Estado de Derecho. Si la ley es
sustituida por la política, un estado de derecho deja de serlo y se convierte
en un estado autoritario, si no totalitario, donde el interés político
prevalece por encima de la ley. ¿Que no gusta la ley? Hay que cambiarla, pero
no abrogarla por arbitrio político, o porque salgan centenares de miles de
personas a la calle pidiendo que no quieren la ley. En un Estado de Derecho
nunca las manifestaciones han representado la soberanía de un pueblo, el que
sea.
O
sea que estamos otra vez en el punto de partida. Pero seguimos equivocándonos
–o siguen las autoridades de Catalunya equivocándose—cuando dicen que vistas
así las cosas la “única vía” son unas “elecciones plebiscitarias”. Lo dijo ayer
el president Artur Mas ante los empresarios, en el Cercle d’Economia. Y se cae
en otro error de bulto. Nadie reconocerá, en el mundo del derecho propio e
internacional, que unas elecciones a un parlamento, el que sea, en este caso el
catalán, sean equiparables a un plebiscito.
Lo
que quieren decir con eso Artur Mas y los independentistas es que si se quiere
avanzar en “el proceso catalán hacia la independencia” se necesita una mayoría
parlamentaria formada por los dos partidos independentistas: CDC (tal vez CiU,
ya veremos) y Esquerra Republicana. Iniciativa
(IC-V), de Joan Herrera, se ha caído por el camino aliándose con Podemos y sus
satélites. Y como hace año y medio que en Catalunya se confunden las palabras,
sus significados, la historia, el derecho y la política, llaman “plebiscito” a
votar a estas dos formaciones el 27 de septiembre próximo en las
elecciones catalanas. Un plebiscito es
cuando el pueblo es llamado a votar sobre una cuestión concreta, normalmente mediante un “sí” o un
“no”, y esto tanto en España, como en la ONU. ¿O es que en Catalunya el
“plebiscito” es otra cosa de lo que cree
el mundo mundial? ¿Quién lo reconocerá? ¿La ONU? ¿Europa? Dirán: “No, gracias.
Los plebiscitos “a la catalana” se atienden en otros despachos”.
Por
el lado independentista la sentencia abunda en el maltrato que el Estado da a
Catalunya: “Un golpe de hacha a la soberanía”, dice “El Punt-Avui”. El conseller de la presidencia, Francesc Homs dijo:
“Están dispuestos a cargarse la esencia de la democracia”, frases a la que nos
tiene acostumbrados este político que suele confundir la democracia con lo que
él piensa, y anima el patio diciendo que enviará un documento “a Europa” porque
España niega a los catalanes el “derecho a decidir”. Y el director del diario “Ara” dice que “es indignante”
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