El Consell de Garantías Estatutarias es la máxima instancia jurídica catalana y emite dictámenes sobre si una ley del Parlament está o no de conforme con la Constitución y el Estatut de Autonomía. El dictamen era un recurso planteado por el PP sobre la Ley de Acompañamiento de los presupuestos que pretendía crear “estructuras de Estado. Los dictámenes, que son de carácter consultivo, los elaboran los nueve miembros del Consell que son nombrados tres el gobierno de la Generalitat, y seis por el Parlament. O sea que prácticamente todos sus miembros pertenecen al ámbito soberanista
En este último dictamen, el Consell ha rechazado que se pueda crear una Agencia Tributaria catalana al considerar que va contra el Estatut y la Constitución. Por otro lado, ha rechazado, siempre por unanimidad, que la Generalitat pueda hacer un “inventario” de los bienes públicos de la Generalitat y del Estado, con el fin de que al llegar la independencia se valorara el reparto de bienes, pero el Consell ha dicho que el inventario solo puede afectar a los bienes de la Generalitat, no a los del Estado que no son suyos.
El Consell acepta que se cree una “Agencia Catalana de Seguridad Social” siempre y cuando no “asuma la competencia del Estado”, que en estos momentos el Estado tiene el total control de la Seguridad Social. En cuanto a una “Ley de seguridad nuclear”, el Consell afirma que ni la Constitución ni el Estatut prevén que la Generalitat legisle en este tema. También el Consell ha calificado que va contra la Constitución i el Estatut la propuesta de la Generalitat de tener capacidad para regular materias relativas a la energía, los transportes ferroviarios, las telecomunicaciones y algunos más.
Tanto en CiU como en ERC no esperaban que fuera tan fuerte el dictamen, teniendo cuenta de la “sensibilidad soberanista” de los nueve miembros del Consell, y ahora quieren presentar un texto alternativo a toda prisa (no lo podrían aplicar a partir a julio a causa de la disolución del Parlament previo a las elecciones) que manteniendo los principios de las Instituciones de Estado, se adaptara lo más posible al dictamen. Pero si no lo hacen bien tendrán otro recurso, y suma y sigue van pasado las semanas y los meses.
Los populares han manifestado lógicamente su “gran satisfacción” por el “dictamen del Consell”, porque significa, según ellos, poner el hacha en la raíz de las pretensiones soberanistas e independentistas. Los socialistas han dicho que el Gobierno y ERC manifiestan un alto “nivel de incompetencia” y además han hecho un “ridículo histórico”. ¿Qué funciones tendrá el nuevo y flamante Comissionat per a la Transició Nacional, Viver Pi-Sunyer? Redactará una Constitución Catalana ya que la del magistrado Santiago Vidal parece que no ha gustado del todo, aunque sea vitoreado tras ser sancionado por el Consejo General del Poder Judicial a tres años de suspensión.
En fin, seguimos viviendo en medio de una vorágine de acciones políticas en las que se pone el arado delante de los bueyes, en las que no se respeta la ley, sino que lo que manda es la política y dentro de esta prevalece la independencia de Catalunya. En esta ocasión, el Consell de Garantías, de línea soberanista, insistimos, pero juristas al fin y al cabo, coincide con el Tribunal Constitucional que pide a los políticos independentistas seguir los procedimientos: primero cambiar las leyes y después llenarlas de contenido, hacerlo al revés es como clavar los clavos por la cabeza y no por la punta. Y mientras tanto, el portavoz del Govern, Francesc Homs, continúa repartiendo carnets de democracia en cada intervención. Decían los romanos: “Dura Lex, sed Lex”. La ley es dura, pero es la ley, así es como funciona un Estado de Derecho.
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