El “procés”
independentista catalán navega en aguas borrascosas y no parece que llegará a
Ítaca. Ha perdido su inocencia y ahora sus dirigentes le han sometido a un
estrés legal que va a acabar con él. Catalunya va abocada a unas elecciones
(¿otras?) anticipadas.
Solo faltaba que por
unanimidad el Consell de Garantías Estatutarias dijera que el referéndum es
ilegal, y que los letrados del Parlament de Catalunya se opusieran a la
propuesta de modificación exprés del Reglamento del Parlament, para aprobar las
leyes de desconexión sin debate parlamentario y sin conocer la ley. ¡Son los
propios órganos que se ha dado la Generalitat los que se oponen!.
Y para más
INRI quiebra la sociedad de merchandising del "procés", "camisetes CAT", que vendía banderas,
camisetas, gorros y banderas... indepes, de la que era socio Pep Guardiola. La venden
por 30.000 euros, pero solo facturó 7.600 euros en 2016 y a la baja.
El Govern ya no controla
ni a los suyos, pero en aquellos organismos hay al menos dignidad de juristas y no charlatanes del
tres al cuarto interesados para los que todo es legal, porque en un futuro contarán con buenos
sueldos (el caso ex magistrado Santiago Vidal) en la Catalunya independiente.
El mundo jurídico lo tiene
claro, todo menos los independentistas recalcitrantes para los que la
independencia puede hacerse de cualquier manera y con cualesquiera reglas del
juego.
Carles Puigdemont cada
vez más se parece Donald Trump, salvando las diferencias de lengua y
territorio, pues si los jueces o juristas dicen “no”, yo digo “sí”, pues
“convocaré el referéndum” “peti qui peti”,
caiga quien caiga. Parece que haya perdido el “oremus”, o al menos se le ha
desviado. El fin no justifica los medios; eso lo hacen solo las dictaduras y
los comportamientos antidemocráticos.
Ya no hablo de los
antiguos convergentes con la cuerda al cuello por causa de las
comisiones ilegales percibidas a cambio de suculentos contratos. La Justicia
parece que ahora sigue la “agenda Catalunya”, en la que los antiguos
convergentes están casi todos en los tribunales, a excepción de Xavier Trias,
que aun sabiendo todo lo que pasaba no se ensució las manos.
La Justicia pasa factura
ahora a un modo de hacer política nefasta, corrupta, del PP, del PSOE y de CiU.
¡Qué pena la lentitud de la justicia! Ahora se juzgan casos de hace 10 ó 15
años, con lo que muchos se salvan de rositas porque los delitos han prescrito.
¿Quién no se acuerda de un diputado de CiU que perdió 17 millones de pesetas en
un taxi y que eran donados a Convergència?
Bien está que se corrijan los
errores, pero estaría mucho mejor que se corrigieran a su debido tiempo, pues
con el paso de los años la memoria se hace débil y los delitos pierden su
contexto social e histórico.
Volviendo al “procés”, se
le acaban las razones jurídicas, y sin ellas no es posible asentar una sociedad
democrática, porque la democracia debe asentarse en un estado de derecho, en un
estado donde impera la ley y no el amiguismo, la arbitrariedad y el “aquí mando
yo”. Los independentistas no pueden buscar adhesiones internacionales –ni
dentro de España—jugando al ocultismo, la falta total de transparencia, en un
juego permanente de cómo y cuándo saltarse la ley.
Si los que gobiernan
juegan a eso y quieren un país como Dinamarca (Artur Mas “dixit”) nadie se los
va a creer, porque Dinamarca es una democracia consolidada, es un estado de
derecho reconocido mundialmente y para gobernar no necesita hacer trampas en el
solitario ni engañar a sus ciudadanos. ¿Dónde está Ítaca o es que hemos
embarrancado?
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