El mes de febrero de 2017 ha sido, en España, el
mes de los jueces, los fiscales y los charlatanes. Para que en ese mes el pueblo español en su
totalidad (la Catalunya independentista incluida) se haya convertido en un
enorme tribunal popular que buscaba no una justicia con arreglo al derecho,
sino con arreglo a los sentimientos del pueblo. A veces con ira y otras con
rencor cainita.
Los magistrados(as) y
tribunales que han impartido justicia han sido comedidos. Han estado en su
papel de impartir justicia de acuerdo con el ordenamiento jurídico que nos
hemos dado democráticamente los españoles. Han estado callados antes, durante y
después del juicio hasta dictar sentencia. Al menos ha sido así hasta ahora.
Muchos periodistas se
sorprendieron de que no se hubiera filtrado la sentencia que dictaron las tres
magistradas del Tribunal Superior de Mallorca. Y es porque los jueces y magistrados que presiden las vistas orales no son como los jueces instructores que muchas veces publican cada apunte nuevo en el sumario teóricamente "secreto".
Luego supimos que escribieron mil folios de sentencia. ¡Mil folios! Facilitaron la sentencia a las doce del mediodía, y en los telediarios y boletines de noticias radiofónicos ya oímos cosas como que le habían perdonado la vida –o casi-- a Iñaki Urdangarín y a Cristina de Borbón.
Luego supimos que escribieron mil folios de sentencia. ¡Mil folios! Facilitaron la sentencia a las doce del mediodía, y en los telediarios y boletines de noticias radiofónicos ya oímos cosas como que le habían perdonado la vida –o casi-- a Iñaki Urdangarín y a Cristina de Borbón.
¿Por qué? Porque prefirieron
la sentencia del “Tribunal Popular” –que pedía durísimas penas para los dos— en
lugar de la sentencia del profesional Tribunal Superior de Palma. Algunos
decían ¿pero quién se va a leer mil folios? Y otros, “¡se han ido de rositas!”
y “¡la justicia no es igual para todos!”. ¡Cuánta carnaza!
Pero es más. Por la noche
las tertulias estaban en la misma línea y al día siguiente los diarios
publicaron sendas editoriales sin haberse leído (no habían tenido tiempo) la
sentencia. Los charlatanes públicos pontificaban sobre la sentencia sin leerla.
Mejor dicho, los charlatanes hubieran dicho lo mismo fuera cual fuere la
sentencia, porque ellos ya habían impartido justicia con la sentencia del
Tribunal Popular.
Lo mismo pasó con las
tarjetas Black de Bankia-Cajamadrid. Todo un montaje de juicio (macro-juicio)
con treinta y tantos acusados, total para doce millones y medio de euros gastados
en 11 años de los que se lucraron injustamente los que estaban en el banquillo.
Muchos, la mayoría, habían devuelto el dinero de las tarjetas. No había derecho
lucrarse con el dinero de los clientes de Bankia-Cajamadrid. Pero el Tribunal
Popular ya había dictado sentencia, apoyándose en los Tribunales de
Papel-prensa. ¿Y Caixa Catalunya de Narcís Serra y Adolf Todó? Nada. En Catalunya todo es vaselina en la prensa, que ha sido incapaz de levantar casos de corrupción política.
También declaró Artur Mas
y sus dos consejeras del Govern por desobedecer al Tribunal Constitucional.
Resulta que el referéndum del 9N era una "consulta”, y que los
organizadores eran los “voluntarios”. Lo relevante de este juicio –como después
el juicio contra Francesc Homs (el abogado del Gobierno de la Generalitat que
no entiende las sentencias del Tribunal Constitucional), fueron precedidas por
una coreografía de independentistas, esteladas, gritos de “independencia” y la
Fiscal Jefe del TS de Catalunya abucheada.
Gritaban que España no es
un estado de derecho, que el Estado está muerto, que queremos “salir, ¡ya!”,
“¡fascistas!” y un largo etcétera que me ahorro. Los independentistas habían
dictado su sentencia: “¡absolución!”, y si no España no es un Estado de Derecho
y la justicia está vendida al Gobierno. La sentencia estaba (está) dictada.
Junto a estos “tribunales
populares” no ha faltado algún juez instructor y fiscal con más adicción a salir en los medios que al estudio de los
códigos y libros de derecho, quienes al no darles razón el tribunal que juzgó sus
casos –es el caso Nóos—han criticado la sentencia. En España los jueces
instructores, según los medios de comunicación, son los que sentencian, porque
si imputan (investigan) a los acusados, estos ya son culpables. Los sumarios ya no son secretos, sino
públicos desde el primer momento, utilizando “fuentes jurídicas”.
Es el caso del juez José
Castro del “caso Nóos”, o el magistrado Santi Vidal, senador independentista
que ha dicho por toda Catalunya que tienen todos los datos fiscales de los
catalanes (reconoció que era “ilegal”) y que una franquicia de El Mossad (los
servicios secretos de Israel) asesoraba a los mossos (policía catalana) para
crear un servicio de inteligencia. Y qué casualidad, tanto Castro como Vidal
proceden del “cuarto turno”, es decir jueces que no son de carrera sino que han
alcanzado esta categoría desde el ejercicio de su profesión de abogados (el
primero era un funcionario de prisiones y el segundo un abogado laboralista de
izquierdas). O el fiscal Horrach, que exculpa a Cristina, arremete contra su marido, critica la
sentencia y anuncia que dejará la fiscalía por un bufete de abogados.
¡Cuánta charlatanería! Y
cuánta razón tiene el veterano periodista Antoni Coll, cuando dice que porqué
en los estudios de periodismo no se cursan asignaturas de derecho y así los
periodistas conocerían cómo funciona un procedimiento penal o civil. Dios mío,
¡cómo está la Justicia!
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