El
debate surgió en la presentación del libro que publica Península, titulado
“Banca Catalana: caso abierto”, escrito por un periodista de “El País”, Pere
Ríos, quien durante muchos años ha hecho información de Tribunales. La sala
donde se presentó en Barcelona estaba completamente llena, con la presencia de
dirigentes socialistas como Pere Navarro, de Iniciativa, como Joan Herrera,
diputados, magistrados y fiscales de tendencia izquierdista y periodistas.
![]() |
Mena y Villarejo con el periodista Pere Ríos |
Como se recordará, de los 41 magistrados que componían el pleno la Audiencia Territorial de Barcelona, 33 votaron contra el procesamiento de Jordi Pujol y 8 a favor. Los fiscales acusaron a algunos magistrados quienes votaron a favor de Jordi Pujol sin ni siquiera leerse el sumario. El sumario, además, fue instruido por un juez de lo Civil, Ignacio de Lecea, que desde hacía 20 años no había instruido ningún sumario penal. Era farragoso, reiterativo y muy voluminoso. Se hacía difícil leerlo, cunado además los magistrados procedían de salas de lo civil, lo mercantil y lo contencioso-administrativo. Se enfrentaban en un caso del que no tenían mucha competencia.
Entre
los años 1984 y 1986 en que se instruyó el caso Banca Catalana el ambiente
general era que la magistratura no quería “ser utilizada políticamente” y
consideraron que la querella, debido además a la ideología de los dos fiscales,
estaba politizada, pues se creía que era un caso de pugna política entre PSOE y
Convergència.
No es
cierto, dijo Villarejo, lo que declaró Francesc Cabana, cuñado de Pujol, que “los
fiscales no entendían de economía”, pues estuvieron asesorados “siempre” por
técnicos del Banco de España.
Cuando los
fiscales plantearon la querella al Fiscal General, Burón Barba, este la
autorizó con dudas, pero no así el Gobierno de Felipe González que no tuvo nada
que ver. “Los fiscales trabajaron con total independencia y en ningún momento
el gobierno nos dijo nada”, dijeron. Por lo tanto, “es falso que el gobierno de
Felipe González fuera el instigador de la querella. Al revés, no la quería”.
Tanto es así que el siguiente Fiscal General, Javier Moscoso, rechazó y no
cursó el recurso que interpusieron los dos fiscales al acuerdo de la Audiencia
Territorial de Barcelona de no procesar a Pujol. Moscoso era más dúctil al
poder político.
Pujol
no puede hablar de “honor”, a causa de su “enriquecimiento injusto”, ni de
“indignidad” del gobierno socialista de Felipe González. Luego se ha visto que
el tiempo ha colocado a cada uno en su sitio. Los fiscales dijeron que habían
sido perseguidos de manera sistemática con pintadas en sus casas, llamadas
anónimas de madrugada, etc.
El
“caso Banca Catalana” supuso un enriquecimiento “ilícito” de Jordi Pujol que
era el accionista mayoritario con el 15 por ciento de las acciones: 1) por
cobrar dividendos cuando el banco tenía pérdidas, y 2) por vender las acciones
a buen precio antes de la quiebra del banco. Banca Catalana costó al erario
público más de 350.000 millones de pesetas (más de 2.000 millones de euros de
hace 30 años).
En
cuanto a una posible relación entre Banca Catalana y el llamado “legado” de
Jordi Pujol de su padre, “técnicamente” no se puede demostrar, dijeron los
fiscales, aunque muchos que han investigado el caso así lo creen
En
estos momentos, con la apertura de sumarios sobre la familia Pujol vuelve a
retomarse el caso de Banca Catalana. Por eso sigue siendo un “caso abierto”.
Comentarios
Publicar un comentario