Terminó el mediático juicio del ex
presidente Artur Mas y sus consejeras, Joana Ortega (vicepresidenta y
Gobernación) e Irene Rigau (Enseñanza).
Caían las cinco de la tarde en el Palau de Justicia de Barcelona. En la sesión
de hoy, en que defensores y fiscal presentaron sus conclusiones, destacó el
fuerte alegato del fiscal Emilio Sánchez Ulled, que sacó de sus casillas en dos
ocasiones a Artur Mas que fue silenciado amablemente por el presidente del
Tribunal, Jesús María Barrientos.
Después del juicio tuvo lugar una
conferencia de prensa de los encausados con el presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont. En realidad todo este tema ha girado en las pasadas semanas,
e imagino que continuará, en querer demostrar por parte de los independentistas
(el actual gobierno catalán) que el referéndum del 9-N de 2015 fue un gran
éxito (votó el 30 por ciento del censo) y en consecuencia el juicio de esta
semana ha sido un juicio político, un juicio, decían, a la voluntad democrática
de “los” catalanes o “del pueblo” catalán.
Por el contrario, la tesis del fiscal ha
sido siempre centrar la cuestión en si los acusados desobedecieron o no la orden
de suspensión del TC del citado referéndum. Y su conclusión es que sí. Artur
Mas en su intervención final –lo que le honora-- ha asumido toda la
responsabilidad de lo ocurrido no descargándola a los voluntarios porque cree
que no hubo incumplimiento de la orden del TC. Los jueces ahora dictarán
sentencia sobre si hubo o no desobediencia al TC.
La defensa y los independentistas no han
conseguido que la opinión general admita que ha sido un juicio político, a pesar de
que el independentismo ha removido medios internacionales para “colocar” que
España no es un estado de derecho.
Aquí los encausados no se juegan la
cárcel, sino al máximo unos años de inhabilitación para cargo público y por eso
dicen “no nos dan miedo”. Esto solo perjudica a Artur Mas --si piensa
presentarse a las elecciones próximas- pues Joana Ortega está apartada de la
política e Irene Rigau si bien es diputada ya ha cogido la puerta de salida de
la vida política. Se ha juzgado, al igual que Homs, a la generación de
políticos convertidos en independentistas de la antigua Convergència.
Queda pendiente el juicio contra la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell, agitadora del independentismo, en
cuyo juicio los independentistas aseguran que se enjuicia a “toda” Catalunya.
El sentimiento independentista sigue con
fuerza, aunque sin líderes carismáticos, como hubiera sido Artur Mas, si no
hubiera cometido la serie de errores que le llevó fuera de la Presidencia, no
precisamente empujado por el denostado gobierno español, sino por los suyos.
Ahora el “procés” ha de continuar, porque
sería mortal para los independentistas que ahora no continuaran con el
referéndum anunciado para este año. Y tras el referéndum o lo que sea,
elecciones.
Algunos me han preguntado, ¿y no os
cansáis de tanto lío? Pienso que algunos estarán lógicamente cansados, pero en
los últimos años –y ante la pasividad del gobierno central en todo lo catalán—se
han divulgado con profusión muchos resentimientos, antipatías, animadversiones,
inquinas contra España. Y esto no se puede borrar de un plumazo. Si no que se
lo digan a los vascos.
El presidente del Parlamento Europeo, el
italiano Antonio Tajani, dijo en Madrid que desobedecer las leyes de un estado
miembro, es desobedecer el marco legal europeo. Mal vamos entonces por el camino
de la desconexión o del “referéndum o referéndum”.
El problema será siempre el mismo:
¿existe una alternativa en las urnas al movimiento independentista? Por ahora
no lo veo, pues los partidos de la oposición (Podemos, Ciudadanos, PSC y PP)
están a la greña y son incapaces de articular algo en común, y Podemos (los
“comunes” de Ada Colau) no pactarán ni con Ciudadanos y menos con el PP.
Podrían pactar con los independentistas manteniendo el relato actual contra el
gobierno español, pero sin insistir tanto en la independencia a cualquier
precio.
¿Para qué ha servicio el juicio? Para
aclarar algunas cosas a muchos que iban muy despistados, y para hacer valer la
autoridad de la ley, frente a quienes han querido burlarla una y otra vez en
estos años con subterfugios de lo más imaginativos.
Además, la imagen del independentismo a nivel internacional ha quedado tocada, porque desobedecer la ley constitucional (tanto si hay como no culpabilidad) es un hecho muy grave.
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