un gobierno de líneas rojas

En el lenguaje político español –y en el catalán también—no se habla más que de líneas rojas. Todo el mundo traza líneas rojas: líneas rojas sobre estos temas o sobre estos otros; línea rojas por aquí y por allá. Líneas rojas de Podemos, del PSOE, de Compromís de Mónica Oltra, de Ciudadanos, del PP, etc.

Parecía que el 20-D había creado una especie de felicidad política, al decretar el fin del bipartidismo. Muchos creían que habría llegado --¡finalmente!—la política del pacto. Pues no, en lugar del pacto hay líneas rojas, en lugar de puentes, zanjas. Claro que cuando un partido se presenta con el lema “echar a Rajoy de la Moncloa”, ya se autolimita y traza la primera línea roja, como el caso del PSOE.

Pero lo grave es que con el resultado electoral, con la voluntad soberana de los españoles, no es posible ninguna reforma constitucional – como quieren PSOE y Podemos—sin contar con el Partido Popular, que sacó los suficientes escaños como para bloquear cualquier reforma sin contar con ellos. Las reformas constitucionales, para ser legales, se deben hacer con mayorías cualificadas de tres quintos del Congreso y del Senado. Y sin el PP los tres quintos no suman.

De ahí que de entrada es perder el tiempo querer hacer gobiernos en España sin el PP con reformas constitucionales en su programa. Todo ese ruido de Iglesias es ruido de palabras, actos de amedrentamiento del adversario, tácticas de salón como anunciar gobiernos desde la prensa.

La reforma constitucional es más importante y urgente que las reformas económicas. Mariano Rajoy sigue agazapado. Espera, como el zorro, que salga la liebre, y no mueve ficha. Rajoy es gallego, pero debería empezar a pensar que su tiempo político se ha acabado. Lo mismo que Sánchez que quiere reeditar, para España, el Pacto del Tinell, inspirado por el PSC.

Está claro que en las elecciones del 20-D el pueblo español dijo que no quería más de lo mismo, que quería cambiar caras y siglas. Pero con políticos tan poco dispuestos al pacto es difícil no solo sacar un gobierno de consenso, sino un consenso para una reforma constitucional.

¿Qué reforma? Las siguientes: la estructura territorial del Estado y el Estado de las Autonomías, las competencias de estas y los casos catalán y vasco y reforma de las diputaciones; la reforma del Poder Judicial; una nueva ley electoral; la reforma o supresión del Senado; pactar una ley de enseñanza en que se encuentren a gusto todos los españoles y se acabe con tantas leyes educativas; los aforamientos de los parlamentarios nacionales y autonómicos, la supresión del Tribunal Constitucional y pasar sus competencias al Tribunal Supremo, entre otras.

Por otro lado, lo que es también muy importante, el referéndum de la nueva Constitución, legitimaría aún más la monarquía de Felipe VI y se vería cuál es el techo de los secesionismos.

En la elaboración de esta Constitución deberían participar todos los partidos, y Podemos no debería pretender imponer su Constitución Bolivariana para Europa. Los ensayos que los hagan los demás: griegos, venezolanos, portugueses o quien sea. De momento ya tenemos suficientes ensayos nosotros.

Pero para ello, ¿quién le pone el cascabel al gato? Pues tal vez nuevas elecciones. Veremos lo que sale de las consultas del Rey esta semana y del cónclave socialista del fin de semana.