La
dificultad en España para hacer gobierno sitúa la política española en la
encrucijada de los grandes pactos de Estado, en temas que hasta ahora no ha
podido resolver la Constitución de 1978. Para esos grandes pactos se necesitan
mayorías cualificadas y consensos multilaterales entre los cuatro grandes
partidos.
Está
claro que es imposible hacer un pacto o acuerdo entre Mariano Rajoy y el PSOE de Pedro
Sánchez: este se presentó a las elecciones con el lema: “Echar a Rajoy de La
Moncloa”. Con una pizca de coherencia no lo podrá hacer nunca presidente ni
tampoco llegar a acuerdos. El PSOE deberá resolver este problema si quiere
llegar a grandes pactos y reformas.
En
primer lugar está la estructura territorial del Estado y clarificar las
competencias exclusivas de las comunidades autónomas y las del Estado. El
Estado de las Autonomías ha sido un invento español que en los últimos 37 años
ha funcionado, diríamos, “ad experimentum”.
Hay comunidades que no quieren gestionar los grandes paquetes de la sanidad o
la educación y otras que quieren gestionar más cosas, como por ejemplo el caso
de Catalunya que le gustaría tener el concierto económico.
En las
nuevas autonomías habría que eliminar la duplicidad de funciones. A modo de
ejemplo, ¿qué hacen tantos defensores del pueblo? O también, ¿qué pintan las
diputaciones, consejos comarcales, veguerías y tantos organismos intermedios
entre las autonomías y los ciudadanos? Es necesaria una reforma administrativa,
asignatura pendiente desde la transición.
Hay
partidos, como Ciudadanos y el PSOE –lo dice el documento del Comité Federal
del día 28 pasado—que quieren un gran Pacto Nacional sobre la Educación, lo
mismo que se hizo entre el PSOE y la UCD en 1978.
Es a
todas luces necesario modificar la estructura y el modo de elección tanto del
Tribunal Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial, a los que
hay que despolitizar. A lo mejor sería necesario eliminar el Tribunal
Constitucional, y que sus funciones sean absorbidas por una Sala del Tribunal
Supremo.
Además
debería resolverse la sucesión al Rey –ahora solo puede ser un varón—que la
Monarquía tenga un estatuto específico que marque los deberes y derechos de
cada uno de los miembros de la Familia Real.
Otra
cuestión: eliminar el aforamiento de los diputados y senadores, así como de los
diputados autonómicos, con un claro acento a la corrupción.
Clarificar
lo que significa la aconfesionalidad o en su caso la laicidad del Estado.
Elaborar
una nueva ley electoral que premie a los ciudadanos y no tanto a los
territorios.
Todo
ello, entre otras cosas, requerirá un cambio constitucional de calado, una
reforma constitucional a fondo, que deberá ser aprobado por un referéndum entre
todos los españoles. De este modo se terminará también con las reivindicaciones
de referéndums autonómicos, que no son más que peticiones de autodeterminación.
En resumen:
¿qué se entiende por España en el Siglo XXI? España necesita una renovación, un
cambio, en el que como dijo el rey Felipe VI en su Mensaje de Navidad quepan todos y no sobre nadie. La
estructura del Estado necesita una reforma, un nuevo encaje de las principales
instituciones.
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