Me produce una pena, una pena profunda, todo el tema
de las becas universitarias y las discusiones que en retorno a las mismas se ha
generado. Veamos por partes. La LOMCE o Ley Wert ha sido presentada por un ministro
con una escasa capacidad de comunicación, por decirlo suave, y con un aspecto frívolo
que desdice de lo que tiene que ser el principal responsable de la educación en
un país serio.
No es el caso de entrar ahora en el fondo de la Ley,
sino de tocar el espinoso tema de las becas. Nunca entendí que se pudiera poner
la nota del 6,5 de media a los alumnos que quisieran alcanzar becas para
estudios universitarios para poder pagar la parte de matrícula que les
corresponde. Ni el ministro Wert ni nadie ha podido justificar ese 6,5.
La CRUE (La Conferencia de Rectores Universitarios de
España) acaba de insinuar –o al menos algunos rectores universitarios así lo han
propuesto-- que la beca debería otorgarse con el 5,5 de media, lo que implica
que el alumno con esta media normalmente tiene alguna asignatura suspendida. ¿Es este el modo como los rectores españoles
quieren la excelencia de sus universidades de nuestro país? Personalmente me
avergüenzo. Dar becas al 5,5 es dar becas a la mediocridad, no a la excelencia.
Cuando era estudiante se me exigía un notable de media para sacar una beca, y
en otros tiempos más remotos la gratuidad de la enseñanza se alcanzaba
asignatura por asignatura, y se conseguía sacando Matrícula de Honor en
asignaturas. Esta Matrícula un alumno la aplicaba a una asignatura del curso
siguiente y el coste le salía gratuito, y así se esforzaba en mantener la misma
nota (Matrícula de Honor) para seguir con la misma gratuidad, asignatura por
asignatura.
La enseñanza superior en España es altamente financiada con fondos públicos,
fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles. Un curso en la
universidad viene a costar unos 12.000 euros por alumno y año. ¿Cuánto paga el
alumno? Depende de si es una carrera técnica o no, pero llega muchas veces a 2.500-3.500
euros al año. Es decir que de por sí todo alumno universitario –cualquiera que
sea su nota y cualesquiera que sean sus ingresos familiares—el Estado les paga
unos 9.000 euros anuales para poder recibir estudios universitarios. Ahí se da
una injusticia de fondo: hay familias que pueden sobradamente pagar la
matrícula universitaria entera y para las que 9.000 euros alumno y año no
representan un sacrificio, mientras que otras familias no se la pueden pagar. ¿Por
qué a los alumnos que pueden pagar se les subvenciona de entrada el 70 por
ciento del coste de la matrícula? Y eso sin beca, claro. Otros con beca llegan
casi al 100 por 100 y son familias pudientes, con medios económicos
suficientes.
El sistema de becas se estableció, desde el primer
momento, para que ningún alumno/a español se quedara fuera de la universidad o
de los estudios superiores si tenía capacidad para ello. Las becas venían a
establecer una igualdad de oportunidades entre las familias y alumnos que
tenían ingresos suficientes para estar en la universidad y quienes carecían de
estos ingresos. De este modo, nadie que tuviera capacidad podía dejar de
estudiar estudios superiores, podía quedarse fuera de la enseñanza
universitaria. Pero hoy con un 5,5 (criterio de algunos rectores) tienes
derecho a que el Estado –los ciudadanos españoles con sus impuestos—te paguen 12.000 euros anuales para calentar
un asiento en un aula universitaria. Aquí ni hay excelencia, ni premio al
esfuerzo, ni habrá muchos profesores que quieran mejorar su nivel de docencia
con el esfuerzo personal. Aquí se premia la mediocridad. O lo peor: si bajan
las becas bajarán los alumnos y con ellos los profesores: sobrarán más
profesores y el orgánico de la universidad habrá que reducirlo. ¡A qué hemos
reducido la enseñanza superior! Al final a un cúmulo de intereses corporativos
y privados.
Alumnos y
profesores están completamente de acuerdo con el 5,5 por ciento: no se reduce
el número de profesores, a pesar de que España es el país que tiene el menos
alumnos por profesor dentro de la OCDE, debido a que durante años, los años de
las bonanzas locas, los alumnos aumentaron cerca de un 4,5 por ciento, los
profesores lo hicieron en un 12 por ciento y el personal PAS –el personal de
servicios no docentes o no profesores—lo hizo en más de un 20 por ciento. Así
es como hemos llegado a una universidad que no es sostenible económicamente y ahora
hay que llegar a la tijera. Hay universidades españolas que tienen la
excelencia en algunas facultades –muy pocas facultades—pero las hay que con
aquello de tener una universidad en cada comarca hemos hecho de los estudios
superiores una especie de bachillerato un poco más ilustrado.
La reforma de la universidad no puede esperar, por el
prestigio que necesita el país y por el inútil gasto que representa. Además,
las becas no son, en algunos casos, la solución a la injusticia, sino la
injusta solución, de que tienen beca los alumnos pertenecientes a las familias
que más medios tienen y algunos con
notas realmente mediocres. Por lo tanto, hay que revisar a fondo el sistema de
concesión de becas y el pago de las tasas universitarias. ¿Lo hará este
Gobierno?
Valga como nota aparte. En Andalucía y otras
comunidades socialistas han negado el concierto escolar a colegios privados,
aun reuniendo todos los requisitos y dan becas universitarias. La Constitución dice que la enseñanza es los niveles obligatorios debe ser gratuita, con independencia de los centros que lo impartan. Los tribunales
de justicia de Andalucía han comenzado a suspender las decisiones administrativas
de la Junta de Andalucía de no conceder los conciertos (la mayoría corresponden
a colegios de religiosos/as). Si no hay dinero para la enseñanza obligatoria, como se tiene la desfachatez para reclamar la quasi gratuidad de la enseñanza universitaria. ¡Qué despropósito! ¡Y qué injusticia!
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