Mañana se reúne el Gobierno para modificar el sistema de pensiones. Lo que pasa con las pensiones es un escándalo a seis bandas. En primer lugar los partidos no se ponen de acuerdo, porque nadie quiere pagar un precio electoral. En segundo lugar, la desigualdad entre las pensiones es otro escándalo mayúsculo, pues mientras el gobierno pide que la edad de jubilación se retrase a los 67 años, por otro, se van a “jubilar” anticipadamente a los 55 años (¡y con el 95 por ciento de su sueldo!), unas 15.000 personas de cajas y bancos, pagando buena parte de estas pensiones el FROB, el fondo de garantía de depósitos en el que contribuimos todos, pensionistas de la seguridad social incluidos, con sus impuestos en IRPF, IVA, Sociedades, transmisiones, especiales, etc.
Mañana, fiesta de los Santos Inocentes, podrían colgarse monigotes y “llufas” (en Cataluña), sobre las pensiones. El Gobierno ha decidido alargar la edad de jubilación a los 67 años, con todos los considerandos y flexibilidades que se quiera y, a su vez, el Pacto de Toledo, formado por todos los partidos, sindicatos y empresarios, pide alargar el tiempo de cotización a 20 años, lo que significa, sabiendo un poquitín de aritmética, rebajar las pensiones a percibir en el futuro, tanto las altas como las bajas. En otras palabras, cobrar menos.
Esto está profundamente reñido, justicia distributiva en mano, con que haya políticos de todos los partidos políticos sin excepción, que se han jubilado con una pensión vitalicia cuando sólo han ocupado tres o cuatro años el cargo de presidentes de comunidades autónomas –no todos--, diputaciones, etc. Es el caso de los ex presidentes de la Generalitat, Pasqual Maragall y José Montilla (Jordi Pujol estuvo 22 años en el cargo y sus años de cotización le dan derecho a una pensión vitalicia). Pero Maragall y Montilla, que no son precisamente hombres que carecen de recursos, tras haberse dedicado casi toda su vida a la política, no cobrarán, ni 8, ni 12, ni 15, ni 25 mil euros al año, sino en los primeros años el 80 por ciento de su sueldo actual (unos 170.000 euros anuales), y después, a la edad de jubilación, cerca de 120.000 euros al año “per omnia saecula saeculorum”, hasta que la vida los separe para siempre del cargo-pensión. Además de esta suculenta pensión gozan los ex presidentes de piso-despacho oficial (en la mejor zona de Barcelona, como la Diagonal junto al Paseo de Gracia), secretario/a, coche oficial y seguridad personal (en lo último es en lo único que estoy de acuerdo). Y todo pagado por la Generalitat. Que Dios quiera (o no quiera) que Artur Mas, que es joven, dure 20 años en el cargo como Jordi Pujol y nos ahorramos un dineral en pensiones
Alguien me ha preguntado ¿Por qué es injusto esto si han sido servidores públicos y requieren una dignidad por su cargo? ¡Esto es populismo barato y demagogia!, dicen. Y respondo: precisamente por ser servidores públicos deben dar ejemplo de austeridad en estos momentos y siempre, porque, además, su trabajo no es más digno de quienes han trabajado 30 ó 40 años, o más, sirviendo a la economía del país desde una empresa o comercio o taller o taxis, y su pensión no pasará de una media de los 10.000 euros al año (con suerte), que son la gran mayoría de las pensiones. ¿Por qué hay que multiplicar por 15 ó 20 las pensiones de políticos que hayan ocupado cargos? ¿Es que el trabajo que realizan los políticos en sus cargos les hace más merecedores de retribuciones en su edad madura, y cobrar super complementos de pensión? ¿Es su trabajo más digno que el de los trabajadores normales? Como ve el lector, no hablamos de una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. No se arruinará Cataluña por pagar estas pensiones, pero los servidores públicos han de ser los primeros del país y los primeros en dar ejemplo de austeridad, y de servicio.
No hablemos de algunos de estos políticos --en especial los del tripartito catalán-- que han contribuido a un endeudamiento superior a los 40.000 millones de euros en Cataluña –dicen hoy los diarios catalanes— porque han hecho muchas “políticas sociales”. Y pregunto: ¿son políticas sociales aquellas que perciben los ciudadanos hoy, pero que las pagan con altísimos intereses y tal vez a costa de no cobrar pensiones en su vejez sus hijos o la generación futura?¡Por favor, que cambien el concepto de política social por la de captar votos a corto plazo!
O sea que me gustaría que el Gobierno español, al enviar mañana día 28 de diciembre, repito Día de los Santos Inocentes, un proyecto de ley sobre modificación de las pensiones a las Cortes Generales, que elimine las pensiones que perciben los “bienestantes políticos” que además de su patrimonio gozan de pensiones escandalosamente superiores a las del español medio. Nadie se creerá hoy que Maragall y Montilla, para seguir el ejemplo catalán, o que Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, no tienen nada para sobrevivir más que su pensión. Pues bien, si así fuera –que no lo es—que se ajusten la pensión a la que perciben los españoles en general, porque esto es dar ejemplo. Ellos tienen capacidad para seguir ganando dinero, con libros, conferencias, películas, etc.
Las prejubilaciones
Otra consideración no menos importante. ¿Cuándo va a terminar en España el escándalo de las prejubilaciones millonarias? Los sindicatos, y no sólo los sindicatos, protestan porque se retrasa la edad de jubilación a los 67 años. Y tienen razón. En estos momentos, en España hay 11 millones de jubilados, que cada vez durarán más años (sobre todo los que se pre-jubilan a los 55 años, con el 95 por 100 del sueldo), y la edad media de jubilación –por las prejubilaciones—es de 63 años. ¿Por qué no eliminar las prejubilaciones de una vez y hacer que los españoles se jubilen a los 65? ¿Y quiénes se prejubilan? Los trabajadores de las entidades financieras, bancos y cajas, responsables del desaguisado financiero actual, los de las grandes empresas, no exentas de responsabilidad, y los “enchufados” públicos y privados.
¿Puede un país soportar a personas que hayan trabajado 30 años y cobren una pensión por otros 30 años? Seré más duro: hasta los 25 años, la gran mayoría de los españoles ha vivido bajo la subvención pública: la maternidad, la sanidad, la escolarización, las becas si las hubiere, los estudios universitarios pagados por los españoles en un 85 por ciento de su coste, las ayudas familiares, las ayudas por enfermedad si las hubieres durante su vida laboral, las vacaciones, etc., etc. Si afinamos el lápiz, resulta que el español medio habrá trabajado 30 años y vivirá, o mejor vive, de las aportaciones del Estado por espacio de 60 años de su “dulce vida”. Y en estos años compran pisos y coches, se casan y se vuelven a casar o aparejar, van a sacar el perrito a mear dos o tres veces al día, su partidita de Dominó, y hasta algunos asisten a conferencias por la tarde que nadie va porque es horario laboral.
¡Es un escándalo mayúsculo! ¡Claro que es el Estado del Bienestar! Y tan grande es el bienestar que ahora los estados no pueden pagar las pensiones ni el paro para quienes injustamente para ellos se han quedado sin trabajo. Y los ciudadanos, engañados por políticos, especuladores, gente sin escrúpulos, corto-placistas y demás gente sin visión de futuro, y hasta algunos necios y mezquinos, tienen que apretarse un cinturón que nunca hubiera tenido que aflojarse tanto.
Los límites a la edad de jubilación
Y una última cuestión. Los ciudadanos españoles están obligados por ley o convenio a jubilarse a los 65 años, en plena edad de madurez intelectual. En algunos casos, como los magistrados, profesores de universidad e inspectores de Hacienda, por ejemplo, pueden jubilarse a los 70 años, como una concesión, pasando después a cobrar una pensión equivalente a un tercio del sueldo que cobraban en activo. ¿Por qué algunos no pueden seguir trabajando si así lo desean? ¿Por qué el Estado debe decidir sobre la salud mental y laboral de los ciudadanos que cumplen los 65 años y medirlos todos bajo el mismo rasero? ¿Por qué no deja libertad de jubilación, siempre que el estado del trabajador esté en perfectas condiciones físicas y mentales? El ahorro sería muy grande, pues no sólo dejaría de pagar una pensión, sino que ingresaría dinero procedente del IRPF y otras actividades.
Y ya para terminar. Si el Estado pone límites a la jubilación de los ciudadanos españoles, ¿Por qué no pone límites a la jubilación del Rey, que es el primer ciudadano, el primer servidor del Estado, de este Estado que considera que los españoles somos todos iguales ante la Ley y que pone límites a la jubilación a os 65 años, cuando el Rey está por cumplir 73? Y quien dice el Rey hay que ensanchar el razonamiento a las primeras autoridades del Estado.
Salvador Aragonés
Mañana, fiesta de los Santos Inocentes, podrían colgarse monigotes y “llufas” (en Cataluña), sobre las pensiones. El Gobierno ha decidido alargar la edad de jubilación a los 67 años, con todos los considerandos y flexibilidades que se quiera y, a su vez, el Pacto de Toledo, formado por todos los partidos, sindicatos y empresarios, pide alargar el tiempo de cotización a 20 años, lo que significa, sabiendo un poquitín de aritmética, rebajar las pensiones a percibir en el futuro, tanto las altas como las bajas. En otras palabras, cobrar menos.
Esto está profundamente reñido, justicia distributiva en mano, con que haya políticos de todos los partidos políticos sin excepción, que se han jubilado con una pensión vitalicia cuando sólo han ocupado tres o cuatro años el cargo de presidentes de comunidades autónomas –no todos--, diputaciones, etc. Es el caso de los ex presidentes de la Generalitat, Pasqual Maragall y José Montilla (Jordi Pujol estuvo 22 años en el cargo y sus años de cotización le dan derecho a una pensión vitalicia). Pero Maragall y Montilla, que no son precisamente hombres que carecen de recursos, tras haberse dedicado casi toda su vida a la política, no cobrarán, ni 8, ni 12, ni 15, ni 25 mil euros al año, sino en los primeros años el 80 por ciento de su sueldo actual (unos 170.000 euros anuales), y después, a la edad de jubilación, cerca de 120.000 euros al año “per omnia saecula saeculorum”, hasta que la vida los separe para siempre del cargo-pensión. Además de esta suculenta pensión gozan los ex presidentes de piso-despacho oficial (en la mejor zona de Barcelona, como la Diagonal junto al Paseo de Gracia), secretario/a, coche oficial y seguridad personal (en lo último es en lo único que estoy de acuerdo). Y todo pagado por la Generalitat. Que Dios quiera (o no quiera) que Artur Mas, que es joven, dure 20 años en el cargo como Jordi Pujol y nos ahorramos un dineral en pensiones
Alguien me ha preguntado ¿Por qué es injusto esto si han sido servidores públicos y requieren una dignidad por su cargo? ¡Esto es populismo barato y demagogia!, dicen. Y respondo: precisamente por ser servidores públicos deben dar ejemplo de austeridad en estos momentos y siempre, porque, además, su trabajo no es más digno de quienes han trabajado 30 ó 40 años, o más, sirviendo a la economía del país desde una empresa o comercio o taller o taxis, y su pensión no pasará de una media de los 10.000 euros al año (con suerte), que son la gran mayoría de las pensiones. ¿Por qué hay que multiplicar por 15 ó 20 las pensiones de políticos que hayan ocupado cargos? ¿Es que el trabajo que realizan los políticos en sus cargos les hace más merecedores de retribuciones en su edad madura, y cobrar super complementos de pensión? ¿Es su trabajo más digno que el de los trabajadores normales? Como ve el lector, no hablamos de una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. No se arruinará Cataluña por pagar estas pensiones, pero los servidores públicos han de ser los primeros del país y los primeros en dar ejemplo de austeridad, y de servicio.
No hablemos de algunos de estos políticos --en especial los del tripartito catalán-- que han contribuido a un endeudamiento superior a los 40.000 millones de euros en Cataluña –dicen hoy los diarios catalanes— porque han hecho muchas “políticas sociales”. Y pregunto: ¿son políticas sociales aquellas que perciben los ciudadanos hoy, pero que las pagan con altísimos intereses y tal vez a costa de no cobrar pensiones en su vejez sus hijos o la generación futura?¡Por favor, que cambien el concepto de política social por la de captar votos a corto plazo!
O sea que me gustaría que el Gobierno español, al enviar mañana día 28 de diciembre, repito Día de los Santos Inocentes, un proyecto de ley sobre modificación de las pensiones a las Cortes Generales, que elimine las pensiones que perciben los “bienestantes políticos” que además de su patrimonio gozan de pensiones escandalosamente superiores a las del español medio. Nadie se creerá hoy que Maragall y Montilla, para seguir el ejemplo catalán, o que Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, no tienen nada para sobrevivir más que su pensión. Pues bien, si así fuera –que no lo es—que se ajusten la pensión a la que perciben los españoles en general, porque esto es dar ejemplo. Ellos tienen capacidad para seguir ganando dinero, con libros, conferencias, películas, etc.
Las prejubilaciones
Otra consideración no menos importante. ¿Cuándo va a terminar en España el escándalo de las prejubilaciones millonarias? Los sindicatos, y no sólo los sindicatos, protestan porque se retrasa la edad de jubilación a los 67 años. Y tienen razón. En estos momentos, en España hay 11 millones de jubilados, que cada vez durarán más años (sobre todo los que se pre-jubilan a los 55 años, con el 95 por 100 del sueldo), y la edad media de jubilación –por las prejubilaciones—es de 63 años. ¿Por qué no eliminar las prejubilaciones de una vez y hacer que los españoles se jubilen a los 65? ¿Y quiénes se prejubilan? Los trabajadores de las entidades financieras, bancos y cajas, responsables del desaguisado financiero actual, los de las grandes empresas, no exentas de responsabilidad, y los “enchufados” públicos y privados.
¿Puede un país soportar a personas que hayan trabajado 30 años y cobren una pensión por otros 30 años? Seré más duro: hasta los 25 años, la gran mayoría de los españoles ha vivido bajo la subvención pública: la maternidad, la sanidad, la escolarización, las becas si las hubiere, los estudios universitarios pagados por los españoles en un 85 por ciento de su coste, las ayudas familiares, las ayudas por enfermedad si las hubieres durante su vida laboral, las vacaciones, etc., etc. Si afinamos el lápiz, resulta que el español medio habrá trabajado 30 años y vivirá, o mejor vive, de las aportaciones del Estado por espacio de 60 años de su “dulce vida”. Y en estos años compran pisos y coches, se casan y se vuelven a casar o aparejar, van a sacar el perrito a mear dos o tres veces al día, su partidita de Dominó, y hasta algunos asisten a conferencias por la tarde que nadie va porque es horario laboral.
¡Es un escándalo mayúsculo! ¡Claro que es el Estado del Bienestar! Y tan grande es el bienestar que ahora los estados no pueden pagar las pensiones ni el paro para quienes injustamente para ellos se han quedado sin trabajo. Y los ciudadanos, engañados por políticos, especuladores, gente sin escrúpulos, corto-placistas y demás gente sin visión de futuro, y hasta algunos necios y mezquinos, tienen que apretarse un cinturón que nunca hubiera tenido que aflojarse tanto.
Los límites a la edad de jubilación
Y una última cuestión. Los ciudadanos españoles están obligados por ley o convenio a jubilarse a los 65 años, en plena edad de madurez intelectual. En algunos casos, como los magistrados, profesores de universidad e inspectores de Hacienda, por ejemplo, pueden jubilarse a los 70 años, como una concesión, pasando después a cobrar una pensión equivalente a un tercio del sueldo que cobraban en activo. ¿Por qué algunos no pueden seguir trabajando si así lo desean? ¿Por qué el Estado debe decidir sobre la salud mental y laboral de los ciudadanos que cumplen los 65 años y medirlos todos bajo el mismo rasero? ¿Por qué no deja libertad de jubilación, siempre que el estado del trabajador esté en perfectas condiciones físicas y mentales? El ahorro sería muy grande, pues no sólo dejaría de pagar una pensión, sino que ingresaría dinero procedente del IRPF y otras actividades.
Y ya para terminar. Si el Estado pone límites a la jubilación de los ciudadanos españoles, ¿Por qué no pone límites a la jubilación del Rey, que es el primer ciudadano, el primer servidor del Estado, de este Estado que considera que los españoles somos todos iguales ante la Ley y que pone límites a la jubilación a os 65 años, cuando el Rey está por cumplir 73? Y quien dice el Rey hay que ensanchar el razonamiento a las primeras autoridades del Estado.
Salvador Aragonés
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