Informe PISA: mejora España, pero es insuficiente

Salió en Informe PISA el Día de la Constitución, y toda la prensa española sin excepción lo acogió como un éxito y algunas comunidades autónomas como un triunfo particular. Tal es el caso de Castilla y León, Navarra, Madrid, Galicia, Aragón y Catalunya que, por este orden, han tenido las mejores notas. Es cierto que estas comunidades han mejorado, pero sin tantas campanas al vuelo. Se ha llegado a decir que si Castilla y León fuera un estado independiente, sería el noveno estado con mejor nota del mundo.

Si se afina el lápiz se verá que, aunque se ha registrado una ligera mejoría, las cifras dan un aprobado muy justitio al modelo educativo español y catalán.

Ciertamente que el Informe PISA no es el único sistema para medir la eficacia del sistema educativo que hay en el mundo. Y en este caso en particular solo se han medido algunos aspectos del sistema educativo: ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Dicho esto, sí que es un sistema de medición en el que se reflejan muchos países, y por lo tanto es bueno tenerlo en cuenta.

¿Cuáles son los problemas? El modelo español se ha fraguado en numerosas leyes y no ha tenido un marco jurídico estable sobre el que construir un modelo educativo general. Esto ha generado polémicas y algunas guerras educativas, como las que existen entre las enseñanzas pública y concertada, debido a un modelo de financiación a favor de la pública (la concertada recibe entre un 65 y 75 por ciento del que recibe la pública) y un modo de gestionar y unos resultados que están, en líneas generales, a favor de la concertada.

En segundo lugar, el Informe PISA ha abierto en canal la triste desigualdad de nivel educativo entre el Norte y el Sur de España, pues en Andalucía, Canarias y Extremadura se va un curso y medio por detrás de las comunidades del norte antes citadas. Quiere decir que los gobiernos autonómicos gestionan la educación con serias deficiencias, después de llevar más de 30 años con la enseñanza como competencia propia.

El éxito de un sistema educativo está en tres factores: el marco legal que se tiene, el prestigio del profesorado, y la actitud de los padres.

Ahora en España han iniciado las negociaciones para que el país tenga un marco legal estable, con el llamado Plan Nacional de la Educación. Es un hito histórico, que siempre hemos reclamado desde estas páginas: un pacto entre derechas e izquierdas. Haber tenido ocho leyes orgánicas en 38 años de democracia es simplemente un desastre.

El sistema educativo ha tenido un exceso de leyes, de polémicas, de inseguridad y no ha existido una visión de futuro. Parece que este tema se va a arreglar ahora con un pacto entre la derecha y la izquierda institucionales, sobre la base del artículo 27 de la Constitución y el programa educativo europeo hasta el 2020.

El profesorado no ha recibido estímulos, ni los poderes públicos lo han protegido ante los abusos de los alumnos y de los padres. Un profesor en nuestro país gana casi el mismo sueldo el primer día que empieza a trabajar que después de diez o quince años. No se le ilusiona, no se le promociona, no se le evalúa y no se le moderniza con suficiencia. El problema no está en los sueldos, ni en el número de niños por aula, ni en las horas lectivas, según los baremos europeos, sino en demasiadas leyes pocas promociones, evaluaciones y estímulos.

En cuanto a los padres, se preocupan poco de la formación de los hijos, porque se han vuelto superprotectores de los hijos frente a los profesores y al colegio mismo. Si sacan malas notas en muchas ocasiones la culpa la tienen los profesores o el colegio, o los dos a la vez. “Mi hijo es listo, pero no tiene buenos profesores y el colegio no cuida de él”, oímos decir, sin que los padres investiguen a fondo las causas reales.

Los problemas citados podrán resolverse, al menos en parte, mediante el Pacto Nacional de la Educación, pero el que no habrá ley que lo remedie es la actitud de los padres.

Finalmente, deben terminar las polémicas entre enseñanza pública y concertada. No lleva a nada. Debería haber una financiación que garantizara la gratuidad que constitucionalmente es obligatoria en los niveles básicos. Eso no va a ser posible porque el Estado no dedicará más dinero a la educación.

Además, sería estimulante que se establecieran unos baremos que midieran lo más equitativamente posible (el tipo de alumnado y familias) a los colegios y que se hiciera público. Esto pone los pelos de punta a los profesores, pero así lo hacen en numerosos países de la OCDE, y no deja de ser un estímulo.