(aleteia.org) El talante
democrático de las sociedades, de los pueblos, se manifiesta por su amor y
respeto por la libertad, no solo en las instituciones, sino entre los grupos
sociales y las personas. La libertad, toda libertad, si es genuina genera
derechos en los ciudadanos, como por ejemplo la libertad de expresión, o la
libertad religiosa, o la libertad de elegir a los propios representantes
políticos, o la libertad de enseñanza, por ejemplo.
Muchos hacen proclamas de los derechos y
libertades públicas en casi todo, menos cuando se llega a la libertad de
enseñanza. El tema se complica porque los partidos quieren tener el control de
“lo que se enseña”, del contenido de la enseñanza. Pero entonces ¿se cree o no se cree en la
libertad de enseñanza? ¿Por qué se tiene miedo a esa libertad? ¿Por qué no se
aplica el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos humanos, que
establece “el derecho preferente de los padres” a elegir la educación para sus
hijos? Y por último, en un tema tan básico como es la educación de los niños y
jóvenes en un país, ¿por qué hay ese miedo a que los ciudadanos elijan entre
distintos modelos educativos?
En efecto, no hay libertad de enseñanza, si no se
puede elegir entre distintos modelos educativos. Y si no hay esa libertad se conculca el “derecho
preferente” de los padres a elegir la educación de sus hijos. En una cosa tan
clara hay países, como España, que no lo han entendido, o no lo quieren
entender, ya que piden una educación pública, laica y gratuita, o sea una
educación única para todos, que anula la libertad de los padres, de los alumnos
y de los profesores (¿Dónde queda entonces la libertad de cátedra?).
Es evidente que la
enseñanza debe ser gratuita, al menos en los niveles obligatorios. Pero eso
nada merma la libertad si hay igualdad de oportunidades. La gratuidad precisamente fomenta la libertad en cuanto caben todos los
proyectos educativos, no solo los laicos y confesionales, sino todos. La
gratuidad es la que garantiza la igualdad en el acceso todos los modelos
educativos, y ¿son gratuitas todas las ofertas educativas?
A la pregunta anterior
hemos de responder que no. Porque quien debe garantizar la gratuidad son los
poderes públicos, y estos son reacios a dar dinero público –que es de todos los
ciudadanos– a instituciones que educan bien pero que a lo mejor no son de su
“cuerda”, no están en su línea ideológica.
Llegamos a la conclusión que
son los poderes públicos –cuya obligación es garantizar los derechos y
libertades básicas de los ciudadanos– los que incumplen de modo flagrante la
libertad de enseñanza, los que tienen miedo a la libertad de enseñanza.
Si la enseñanza solo puede ser laica, eliminamos a
todas las demás, restringimos la libertad a un solo modelo, con lo que vamos al
modelo único, con claro desprecio
a los derechos y libertades fundamentales de los padres, de los alumnos y de
los profesores.
Por otro lado, en España,
desde que hay democracia, se conocen ya ocho leyes orgánicas de enseñanza, y
estas leyes cambian siempre que el gobierno cambia de color político, y así España está entre las peores valoraciones
en calidad de enseñanza dentro de los países de la OCDE, según el Informe PISA,
y es uno de los países de cola con el mayor fracaso escolar (alrededor de un 30
por ciento) ¿Hasta cuándo va a durar todo esto?
Entonces, ¿por qué no hay
un pacto de consenso que siente las bases de un sistema que garantice la
libertad y la gratuidad de la enseñanza? Podría repetirse el consenso, mucho
más difícil en aquel tiempo, que alcanzó el Artículo 27 de la Constitución
vigente, que respeta la gratuidad, la obligatoriedad, la libertad de cátedra y
el derecho de los padres a elegir.
¿Quién tiene miedo a la libertad de enseñanza? Son
los poderes públicos que quieren reducirla a un modelo único, el laico, el cual se presenta como garante de la igualdad
(y del uniformismo), pero no de la calidad.
Lo mejor es que haya libertad, como hay libertad de empresa, de pensamiento, de
cátedra, der manifestación y reunión, etc. La libertad, si circula dentro de un
orden democrático y con respeto de la legalidad constitucional, no hay que
temerla, porque seguro que al final solo podrá acarrear beneficios para el futuro
de la sociedad.
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