Es lamentable que en España la enseñanza sea motivo de lucha ideológica

               Ha empezado el curso escolar con algunos problemas, un cierto malestar y la tradicional demagogia. La educación en España sigue siendo –creo que será el único país de Europa—un motivo de lucha ideológica, lo cual es lamentable, porque la libertad de educación no debería ser motivo de controversia en un país donde se respetan los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos.

                

Vamos por partes. En primer lugar se dice que hay más alumnos y menos profesores en este curso. Esto es cierto,  y se ha incrementado el número de alumnos por aula. Pero el curso próximo habrá menos alumnos, y falta flexibilidad para adecuar los alumnos con los profesores. Un ejemplo. Con el “baby boom” de los años setenta aumentaron las aulas y los profesores para dar cabida a los alumnos, pero cuando los años siguientes la población escolar se redujo a la mitad (pasó de más de 110.000 alumnos a cerca de 57.000) no se despidieron a la mitad de los profesores, sino que se redujo el número de alumnos por aula, sin que por ello se redujera el fracaso escolar que tanto preocupa a la ciudadanía.  

                

El tema de la enseñanza se vuelve demagógico cuando se habla de qué “tipo de escuela”. Entonces los hay que prefieren el uniformismo sin espacios de libertad (la escuela debe ser de titularidad pública, o sea única, y gratuita, dicen); otros, un poco más abiertos, dicen que la escuela financiada con fondos públicos debe ser mixta y gratuita igual que la pública, y finalmente los que prefieren que haya espacios de libertad en la enseñanza y piden que los padres puedan elegir escuela que desean y que las instituciones sociales puedan erigir y dirigir centros en las mismas condiciones que la escuela pública y gratuita.

                

Para aclarar estos aspectos, conviene señalar  que los depositarios del derecho a la educación son los padres de los alumnos, no las escuelas, ni siquiera el Estado o las organizaciones sociales o religiosas: son los padres. Y así lo contempla la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales del Hombre y lo recoge nuestra Constitución, todavía vigente (artículo 27). Por eso, a quien corresponder elegir un tipo de escuela, de acuerdo con la formación que allí se da, es a los padres. Históricamente, el Estado ha creado escuelas para cubrir las necesidades educativas de la población que no estaba atendida por iniciativas sociales. En otras palabras el Estado ha actuado de modo subsidiario.

                

Y cuando se habla de libertad no se habla de la libertad de los religiosos católicos, sino de la libertad de toda la sociedad: pueden haber escuelas musulmanas, judías, budistas, protestantes o laicas, siempre que actúen según la Constitución. Y si quiero que esta escuela separe niños y niñas como hacen tantas escuelas que existen en  todo el mundo, el Estado y la sociedad deben respetar la voluntad de los padres, siempre que se dé en estas escuelas el mismo nivel educativo y curricular. Por eso, cuando se dice que “la escuela debe hacer o decidir o no hacer esto y lo otro”, se parte de una premisa falsa, pues no es la escuela la titular del derecho a educar, sino los padres. Nuestra Constitución (artículo 27) reconoce la “libertad de enseñanza” y dice que “todos” tienen derecho a la educación gratuita en los niveles obligatorios, y que “los poderes Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, al tiempo que también garantizan la libertad de creación de escuelas: “Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes”.

                

Es duro pensar que en nuestro país el tema de los principios que rigen el sistema educativo sea carne de ideologías más o menos totalizantes, que lo que temen es que haya libertad de enseñanza y quieren apropiarse del derecho que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos. En definitiva son grupos o partidos que se han colocado fuera de la Constitución y de los Derechos humanos, porque no respetan derechos y principios fundamentales de toda democracia. Quien no acepta la libertad y el derecho que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos, no respeta tampoco otras libertades y derechos fundamentales, pues estas no pueden separarse como gajos o rebanadas, sino que forman todo un conjunto inseparable entre sí.

Salvador Aragonés