¿Es posible reducir o eliminar la corrupción en España?

Por Salvador Aragonés

Periodista y profesor de la UIC

Que la corrupción en España está a la orden del día no hace falta decirlo en voz alta, basta leer los diarios, ver los telediarios y escuchar las emisoras de radio. Cada día nos salen casos de sobornos, directivos de cajas intervenidas que ganan millones, los casos Gürtel, los EREs de Andalucía, el caso Urdangarín, el caso Camps, el caso Blanco, y los que van a salir.

                          

Por esto peguntamos ¿es España un país muy corrupto? Hay varias organizaciones internacionales que analizan la corrupción, el blanqueo de dinero, especialmente del que procede del terrorismo, y han estudiado a 182 países estableciendo baremos y metodologías diversas. Hablamos de “Transparency International”, de la Convención contra el Soborno de la OCDE, del Servicio Ejecutivo de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco Mundial, además de los estudios llevados a cabo por catedráticos como Antonio Argandoña, del IESE.

La Transparency International, correspondiente al 2011, sitúa España en el país número 31, por encima de Taiwan, Portugal, Bostwana y Eslovenia, y por debajo de Chipre, Estonia, Emiratos Árabes, Francia y Uruguay, por este orden, y con la puntuación de 6,2 sobre 10. Los países más “honestos” son Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Singapur y Noruega que tienen una calificación por encima del 9 sobre 10.

EL FONDO DE LA CUESTIÓN

Se podrá decir: “no estamos tan mal”. Pero España hace muy poco para atajar la corrupción, según estos informes. No hay sentencias condenatorias, porque las leyes son “tolerantes” con la corrupción. El informe del Banco Mundial sobre los Indicadores de Buen Gobierno asegura que España no hace casi nada para frenar la corrupción. Comparemos con lo que ha pasado en otros países europeos.

En la administración desde hace años se aceptaron corruptelas que se han ido haciendo mayores a medida que la escala de mando ha subido, alcanzando a directores generales, presidentes y consejeros autonómicos y hasta presidentes de diputaciones, alcaldes, etc. El problema, señalan los informes antes citados, es que en España la gente no denuncia los casos de corrupción. Sorprende, pero es así.

Es evidente que en España hay una corrupción urbanística elevada, que ha servido para que algunos ganaran mucho dinero con el que se financiaba al partido político que le permitía tan nefasta práctica. La financiación de los partidos sigue siendo hoy un caso de opacidad sin resolver. La encuesta del CIS pone de relieve que lo más corrupto de España son los partidos políticos. El urbanismo sigue legalmente descontrolado.

Hay personas, y reconocidas como buenas personas, que no tienen el más mínimo escrúpulo en hacer “pelotazos” en actuaciones combinadas con altos cargos: no tienen una conciencia ética de su trabajo. Si sus casos salieran a la prensa ¿qué diría la familia del “pelotero”?. Argandoña asegura que “ser ético en la empresa no es fácil (…) se requiere “fibra moral”… Y se  detecta la falta de valores, de formación moral o de voluntad”.

DE PROFESION, POLITICO

Conozco a muchos que se dedican a la política y puedo poner la mano en el fuego sobre su honorabilidad personal. Sin embargo, hay otros que se han tomado la política como “carrera”. Descubrieron que en la política se puede ganar más dinero y además “tienes poder, mandas” ¡Ah, el poder! Los alcaldes empezaron a cobrar por su “servicio”, pero después se llenaron de asesores con mucha menos dedicación. Los sueldos de los alcaldes, concejales y asesores subían por la vía de crear empresas públicas que permitían (o así lo decidieron) cobrar por el tiempo que les dedicaban. Eran empresas públicas de rentabilidad nula o dudosa pero permitían mejorar los ingresos de los munícipes vía “dietas”. Estos podrían poner en sus tarjetas: “de profesión, político”

Hay un alcalde que no fue elegido --tantos hubo en las pasadas elecciones-- que decía: “yo disfrutaba en el Ayuntamiento, tanto que si hubiera una carrera que dijera “Licenciado en Alcalde”, yo la estudiaría sin dudar un momento”. Así es cuando el “servir al público” se transforma en “servirse del público”.

Hay que desterrar a quienes están en la política para servirse de ella y no para servir al pueblo. El Gobierno, por lo tanto, debería legislar para  erradicar las malas prácticas o malos comportamientos. Y además estas leyes los magistrados y jueces en el ejercicio de su función deberían hacerlas cumplir de modo ejemplar.