Los temas judiciales ocupan cada vez más las portadas de los medios, y esto es preocupante. Oímos hasta la saciedad de que estamos en un Estado de Derecho, es decir que la convivencia entre los españoles está bajo el imperio de la Ley, de una ley que elaboran las Cortes Españolas, depositarias de la soberanía “popular”. Así lo establece la Constitución, la cual organiza el estado desde la “división de poderes” que importó el jurista francés Montesquieu: el poder legislativo (las Cortes), el ejecutivo o Gobierno, y el judicial.
La Constitución afirma (art. 117) que los jueces que integran el “poder judicial”, es decir los que juzgan, son “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. La Constitución quiere garantizar la independencia del poder judicial, pero no lo consigue de modo claro cuando establece que quien organiza y gobierna este poder es el Consejo General del Poder Judicial (art. 122, 2, 3), formado éste por 20 miembros de los cuales 12 elegidos entre las organizaciones de magistrados y jueces, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por los tres quintos. Claro que el Consejo no forma parte del Poder Judicial, sino que es un órgano administrativo, pero es el que organiza las promociones, traslados, nombramientos, sanciona a los jueces, en otras palabras la carrera de los jueces depende de este órgano politizado. Por eso, las elecciones para el Consejo General del Poder Judicial son auténticas batallas políticas, no solo en el Congreso y en el Senado, sino en la elección de los representantes de los magistrados y jueces, con auténticas campañas electorales.
Ya no digamos la Fiscalía, la cual tiene una organización jerárquica, dependiendo del Fiscal General del Estado, el cual a su vez es elegido por el Gobierno, “oído” el Consejo General del Poder Judicial (art. 124, 4), pero no hay más sordo que el que no quiere oír. En otras palabras, la fiscalía depende del Gobierno y levanta casos o los archiva dependiendo del Fiscal General del Estado.
Y el colmo de todos es el Tribunal Constitucional, cuya composición evidencia ya el control político de sus miembros. En total son 12: cuatro elegidos por el Congreso, cuatro por el Senado, en ambos casos por mayoría de tres quintos, dos nombrados por el Consejo General del Poder Judicial y dos nombrados por el Gobierno. La politización está en el origen: el pacto entre los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE. Es sorprendente que el Consejo General del Poder Judicial decida dos lugares en el Tribunal Constitucional, pero más sorprendente todavía es que el Gobierno (que muchas veces no tiene ni mayoría en el Congreso y el Senado), decida sobre dos magistrados del Constitucional. Como bien saben los juristas, tampoco el TC forma parte Poder Judicial. Hace poco estuve con un miembro de este Tribunal Constitucional, y estaba preocupado por la cantidad de demandas que estaban llegando al TC y preocupado de que éste se convierta en un “tribunal de apelación”, incluso por encima del Tribunal Supremo, que según la Constitución, es el máximo órgano jurisdiccional, salvo en temas constitucionales.
Los juicios mediáticos
La Constitución prevé juicios con Tribunal de Jurado, con jurado popular que emite un veredicto, puesto que “la justicia emana del pueblo” (art. 117). La institución del jurado popular fue debido a la gran presión de la izquierda en la época en que Felipe González era presidente del Gobierno, en 1995. Fue un triunfo de la izquierda, enfrentándose a la opinión de la mayoría de jueces y magistrados y de la derecha y centro españoles partidarios de una justicia más”profesionalizada”.
Luego hay otra justicia no contemplada en la Constitución ni en las leyes, que es la “justicia de los medios de comunicación” los cuales influyen sobre la opinión pública de modo que conforman un “tribunal popular” como en tiempos de las Revolución Francesa y de la República. El pueblo era quien dictaba sentencia por pitos o por flautas, pero sin atenerse al Derecho, ni a los procedimientos, que hacen de la Justicia un poder independiente en un Estado de derecho. Esta “justicia popular” evidentemente quiebra el Estado de Derecho, porque juzga sobre la base de unos papeles que han filtrado a la prensa algún fiscal o Juez Instructor, que es un juez que no emite sentencia sino que sólo prepara el juicio de cara a la vista oral que presidirá otro juez o jurado.
Hoy se puede decir que toda la carga “política” de la justicia recae sobre el juez de Instrucción. Si un periodista quiere saber noticias ha de ir a los fiscales o a los juzgados de Instrucción. No todos son iguales y hay muchos, diría muchísimos, fiscales y jueces instructores que respetan el secreto del sumario. Los jueces instructores no emiten sentencias, no pueden juzgar, pero a través de los medios de comunicación algunos jueces o fiscales quieren condicionar la vista oral creando un estado de opinión a través de sus filtraciones en los medios.
Recientemente tenemos algunos casos clamorosos: la sentencia de Marta del Castillo, que en la opinión pública estaba clara, pero no coincidió con el criterio de los magistrados que redactaron la sentencia del caso; el clamoroso caso de Francisco Camps, considerado “culpable” por parte de muchos medios de comunicación y de la opinión pública general, y absuelto por un Tribunal de Jurado al que el ex presidente de la Comunidad Valenciana se sometió voluntariamente, y, por último, está el caso del magistrado Baltasar Garzón, un Juez Instructor de la Audiencia Nacional, donde se filtraban numerosos papeles que iban de su juzgado a los medios de comunicación, y cuya causa merece amplias manifestaciones de la izquierda (sindicatos, partidos y organizaciones) presionando desde la calle al Tribunal Supremo que le juzga para que su sentencia (sus tres sentencias, porque son tres casos judiciales) se oriente hacia la absolución y no hacia la culpabilidad.
Creo que a muchos juristas les sorprenderá muchas veces el escaso conocimiento de los periodistas y de muchos políticos a la hora de tratar sobre temas judiciales. Confunden, por ejemplo, las calificaciones del Fiscal como una “quasi sentencia” y luego vemos absoluciones de procesados a los que el fiscal pedía 10 ó 15 años de cárcel. Todo el mundo debería conocer cómo funciona la justicia en España, al menos un mínimo de conocimiento. Es una tarea del Consejo, pero también de los periodistas, si no se incurren en frases como las que oí a uno que se llama a sí mismo juez y que afirmó sin empacho que Garzón era procesado acusado de “defender los derechos humanos en España” (sic).
Lo preocupante de todo este guirigay sobre las sentencias, los juicios paralelos y los juicios mediáticos es que nos estamos cargando el Estado de Derecho, pues solo se hace justicia, si el juez o el tribunal dicta la sentencia que está de acuerdo con lo que “nosotros pensamos”. Y de no ser así, la justicia es parcial, los jueces y jurados están manipulados. Los medios, en España, están cada vez más ideologizados y por lo tanto han perdido su independencia porque respiran por donde su público quiere que respiren.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, haría bien en reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, de manera que se respetaran los secretos de los sumarios. Todos los sumarios son secretos hasta que este secreto no sea levantado por el juez o magistrado Instructor (que no es el que dicta sentencia, sino el que Instruye). Y ¿quién filtra? Los periodistas lo sabemos bien: o filtra el fiscal o filtra el propio juez.
En Gran Bretaña, por ejemplo, nadie filtra los sumarios porque se arriesgan a ser sancionados penalmente, los jueces, los fiscales y los medios. Aquí nadie, ni fiscales ni jueces son sancionados. Tampoco los periodistas, pero estos son los menos culpables porque son “los mensajeros” o los intermediarios entre el filtrador y la opinión pública. “filtradores”. Lo que no puede ser tolerado es que jueces y fiscales queden impunes de filtrar sumarios, y en cambio se culpe a los periodistas y a los medios.
Salvador Aragones
La Constitución afirma (art. 117) que los jueces que integran el “poder judicial”, es decir los que juzgan, son “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. La Constitución quiere garantizar la independencia del poder judicial, pero no lo consigue de modo claro cuando establece que quien organiza y gobierna este poder es el Consejo General del Poder Judicial (art. 122, 2, 3), formado éste por 20 miembros de los cuales 12 elegidos entre las organizaciones de magistrados y jueces, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por los tres quintos. Claro que el Consejo no forma parte del Poder Judicial, sino que es un órgano administrativo, pero es el que organiza las promociones, traslados, nombramientos, sanciona a los jueces, en otras palabras la carrera de los jueces depende de este órgano politizado. Por eso, las elecciones para el Consejo General del Poder Judicial son auténticas batallas políticas, no solo en el Congreso y en el Senado, sino en la elección de los representantes de los magistrados y jueces, con auténticas campañas electorales.
Ya no digamos la Fiscalía, la cual tiene una organización jerárquica, dependiendo del Fiscal General del Estado, el cual a su vez es elegido por el Gobierno, “oído” el Consejo General del Poder Judicial (art. 124, 4), pero no hay más sordo que el que no quiere oír. En otras palabras, la fiscalía depende del Gobierno y levanta casos o los archiva dependiendo del Fiscal General del Estado.
Y el colmo de todos es el Tribunal Constitucional, cuya composición evidencia ya el control político de sus miembros. En total son 12: cuatro elegidos por el Congreso, cuatro por el Senado, en ambos casos por mayoría de tres quintos, dos nombrados por el Consejo General del Poder Judicial y dos nombrados por el Gobierno. La politización está en el origen: el pacto entre los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE. Es sorprendente que el Consejo General del Poder Judicial decida dos lugares en el Tribunal Constitucional, pero más sorprendente todavía es que el Gobierno (que muchas veces no tiene ni mayoría en el Congreso y el Senado), decida sobre dos magistrados del Constitucional. Como bien saben los juristas, tampoco el TC forma parte Poder Judicial. Hace poco estuve con un miembro de este Tribunal Constitucional, y estaba preocupado por la cantidad de demandas que estaban llegando al TC y preocupado de que éste se convierta en un “tribunal de apelación”, incluso por encima del Tribunal Supremo, que según la Constitución, es el máximo órgano jurisdiccional, salvo en temas constitucionales.
Los juicios mediáticos
La Constitución prevé juicios con Tribunal de Jurado, con jurado popular que emite un veredicto, puesto que “la justicia emana del pueblo” (art. 117). La institución del jurado popular fue debido a la gran presión de la izquierda en la época en que Felipe González era presidente del Gobierno, en 1995. Fue un triunfo de la izquierda, enfrentándose a la opinión de la mayoría de jueces y magistrados y de la derecha y centro españoles partidarios de una justicia más”profesionalizada”.
Luego hay otra justicia no contemplada en la Constitución ni en las leyes, que es la “justicia de los medios de comunicación” los cuales influyen sobre la opinión pública de modo que conforman un “tribunal popular” como en tiempos de las Revolución Francesa y de la República. El pueblo era quien dictaba sentencia por pitos o por flautas, pero sin atenerse al Derecho, ni a los procedimientos, que hacen de la Justicia un poder independiente en un Estado de derecho. Esta “justicia popular” evidentemente quiebra el Estado de Derecho, porque juzga sobre la base de unos papeles que han filtrado a la prensa algún fiscal o Juez Instructor, que es un juez que no emite sentencia sino que sólo prepara el juicio de cara a la vista oral que presidirá otro juez o jurado.
Hoy se puede decir que toda la carga “política” de la justicia recae sobre el juez de Instrucción. Si un periodista quiere saber noticias ha de ir a los fiscales o a los juzgados de Instrucción. No todos son iguales y hay muchos, diría muchísimos, fiscales y jueces instructores que respetan el secreto del sumario. Los jueces instructores no emiten sentencias, no pueden juzgar, pero a través de los medios de comunicación algunos jueces o fiscales quieren condicionar la vista oral creando un estado de opinión a través de sus filtraciones en los medios.
Recientemente tenemos algunos casos clamorosos: la sentencia de Marta del Castillo, que en la opinión pública estaba clara, pero no coincidió con el criterio de los magistrados que redactaron la sentencia del caso; el clamoroso caso de Francisco Camps, considerado “culpable” por parte de muchos medios de comunicación y de la opinión pública general, y absuelto por un Tribunal de Jurado al que el ex presidente de la Comunidad Valenciana se sometió voluntariamente, y, por último, está el caso del magistrado Baltasar Garzón, un Juez Instructor de la Audiencia Nacional, donde se filtraban numerosos papeles que iban de su juzgado a los medios de comunicación, y cuya causa merece amplias manifestaciones de la izquierda (sindicatos, partidos y organizaciones) presionando desde la calle al Tribunal Supremo que le juzga para que su sentencia (sus tres sentencias, porque son tres casos judiciales) se oriente hacia la absolución y no hacia la culpabilidad.
Creo que a muchos juristas les sorprenderá muchas veces el escaso conocimiento de los periodistas y de muchos políticos a la hora de tratar sobre temas judiciales. Confunden, por ejemplo, las calificaciones del Fiscal como una “quasi sentencia” y luego vemos absoluciones de procesados a los que el fiscal pedía 10 ó 15 años de cárcel. Todo el mundo debería conocer cómo funciona la justicia en España, al menos un mínimo de conocimiento. Es una tarea del Consejo, pero también de los periodistas, si no se incurren en frases como las que oí a uno que se llama a sí mismo juez y que afirmó sin empacho que Garzón era procesado acusado de “defender los derechos humanos en España” (sic).
Lo preocupante de todo este guirigay sobre las sentencias, los juicios paralelos y los juicios mediáticos es que nos estamos cargando el Estado de Derecho, pues solo se hace justicia, si el juez o el tribunal dicta la sentencia que está de acuerdo con lo que “nosotros pensamos”. Y de no ser así, la justicia es parcial, los jueces y jurados están manipulados. Los medios, en España, están cada vez más ideologizados y por lo tanto han perdido su independencia porque respiran por donde su público quiere que respiren.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, haría bien en reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, de manera que se respetaran los secretos de los sumarios. Todos los sumarios son secretos hasta que este secreto no sea levantado por el juez o magistrado Instructor (que no es el que dicta sentencia, sino el que Instruye). Y ¿quién filtra? Los periodistas lo sabemos bien: o filtra el fiscal o filtra el propio juez.
En Gran Bretaña, por ejemplo, nadie filtra los sumarios porque se arriesgan a ser sancionados penalmente, los jueces, los fiscales y los medios. Aquí nadie, ni fiscales ni jueces son sancionados. Tampoco los periodistas, pero estos son los menos culpables porque son “los mensajeros” o los intermediarios entre el filtrador y la opinión pública. “filtradores”. Lo que no puede ser tolerado es que jueces y fiscales queden impunes de filtrar sumarios, y en cambio se culpe a los periodistas y a los medios.
Salvador Aragones
Comentarios
Publicar un comentario