Relaciones entre el Estado y la Iglesia: Jáuregui ignora el papel de la Iglesia y pone límites a su libertad de expresión
En España, como en Italia y en Francia, así como en otros países de amplia presencia de católicos, las relaciones entre la Iglesia y el Estado no han sido fáciles a lo largo de la historia. Por un lado la Iglesia –en momentos históricos concretos— ha querido controlar al Estado, y ha fracaso. En otros, el Estado ha querido controlar a la Iglesia, y también ha fracasado. De ahí que es bueno que, tras haber aprendido de la historia, la Iglesia y el Estado han escrito textos valiosos de mutua cooperación para evitar los problemas del pasado. Pero ahora parece que volvemos a las andadas, cuando el Estado quiere “imponer” el silencio de la Iglesia ante legislaciones que atacan de raíz los principios fundamentales de la antropología humana, como es el derecho a la vida, entre otros.
Leído en El País (08-12-2010): El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, afirma que "La Iglesia tiene derecho a participar en el debate público, junto a otras visiones, pero debe respetar las leyes y la legitimidad democrática porque la aprobación de las leyes corresponde a la soberanía popular". Sobre esta base de "autonomía y respeto" pretende el nuevo ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, fundamentar el nuevo marco de interlocución con la Iglesia española. Y así se lo trasladó al presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, en un encuentro secreto celebrado el pasado 22 de noviembre en Madrid.
“El planteamiento que Jáuregui hizo a Rouco resulta oportuno cuando en las próximas semanas se iniciará el debate sobre la ley de cuidados paliativos que el Gobierno quiere aprobar en marzo así como en su pretensión de "avanzar en la laicidad", aunque haya decidido ralentizar la ley de libertad religiosa por las dificultades que tenía para alcanzar un consenso político”, añade El País.
La prensa madrileña vio con buenos ojos la incorporación al Gobierno de Ramón Jáuregui, venido del frío y de la niebla del Parlamento Europeo, porque es más “dialogante”, tanto con los vascos como con la Iglesia. No sé con los vascos, pero si con la Iglesia el diálogo se centra en lo dicho por El País, está apañado, porque Jáuregui desconoce tanto la Constitución del Estado –aconfesional—como la de la Iglesia (Gaudium et Spes, n. 76), y no se puede ir de ignorante por el mundo, ni siquiera parecerlo.
El Estado, dice la Constitución, es aconfesional, y lo dice del siguiente modo (art. 16, 3): “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. La aconfesionalidad significa cooperación con las iglesias, especialmente la católica (dice la Constitución), mientras que la laicidad (Estado laico) significa que no reconoce ninguna creencia religiosa, las ignora. A tenor de este artículo de la Constitución, el ministro Jáuregui, formado en una escuela católica, no puede pretender que las religiones “respeten las leyes” cuando estas van contra principios antropológicos y/o religiosos inquebrantables, como dijo Benedicto XVI en Barcelona, como son el matrimonio natural y la defensa de la vida desde su inicio hasta su natural terminación.
Veamos qué dice la Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” (GS, n. 76), aprobada por el Concilio Vaticano II, sobre las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política o los estados. “La Iglesia… que no se confunde en manera alguna con la sociedad civil ni está ligada a ningún sistema político determinado, es, a la vez, señala y salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana”. Y añade: El Estado y la Iglesia “son, en sus propios ámbitos, independientes y autónomos el uno respecto de la otra. Pero los dos, aunque a título diverso, están al servicio de la vocación personal y social de los hombres. Este servicio lo prestarán con tanta mayor eficacia cuando ambas sociedades mantenga una sana cooperación entre sí… El hombre no se limita al solo horizonte temporal, sino que conserva íntegramente su vocación eterna”. Y dice más: la Iglesia, “predicando el Evangelio e ilustrando todos los sectores de la actividad humana con la luz de su doctrina y el testimonio de los cristianos, respeta y promueve también la libertad política y la responsabilidad de los ciudadanos”. Y finalmente dice que la Iglesia no pide privilegios, sino “poder predicar con libertad la fe, enseñar su doctrina social, ejercer sin trabas su misión entre los hombres e incluso a emitir el juicio moral (…) cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y sólo los medios que sean conformes al Evangelio”.
Amigo Ramón Jáuregui. Hay que leerse las dos constituciones, y no sólo la interpretación unilateral de una (la española). Buscar la cooperación y el entendimiento no significa en un trágala amparándose en la Soberanía Popular, porque tanto el Estado como la Iglesia son soberanos, cada uno en su propio orden, uno en el orden de procurar el bien material del hombre, y la otra en procurar el bien espiritual.
Es cierto que a algunos obispos les cuesta o les ha costado entender que España no es un estado confesional, pero no menos cierto es que el socialismo español, perdida su identidad histórica en la defensa de los valores de los más pobres y de ser abanderado en las políticas sociales de los trabajadores de clase, busca esta identidad en forzar por la vía de los hechos un laicismo de Estado que no está de acuerdo con la Constitución Española de 1979.
Ramón Jáuregui habla de la “soberanía popular” para pedir a la Iglesia que respete las leyes. Es una falacia, porque la sociedad civil es también soberana y no se pueden imponer unos principios morales sobre el hombre a todos los ciudadanos, en nombre de la “soberanía popular”, porque los ciudadanos somos libres y deben respetarse nuestros derechos fundamentales, entre ellos la libertad de conciencia y de religión. De lo contrario, caemos en este totalitarismo laicista y relativista del que hoy tanto se habla. ¡Ojo con la soberanía! Una ley mala –y las hay a montones—no puede exigir su acatamiento porque así lo han dicho las Cortes españolas, o lo ha dicho un parlamento territorial (nacional) (como la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, también decidida por una soberanía territorial). A nadie se le ocurrirá decir que la iglesia catalana debe estar en contra de las corridas de toros, porque lo decidió el Parlament. Repito, ¡ojo con el uso de la soberanía popular! En nombre de esta soberanía llegaron los totalitarismo al poder.
Desde este blog pedimos, modestamente, más “seny” a las dos partes, pero sobre todo a que el Gobierno no tense la cuerda de la Constitución en este tema, y si quiere un Estado laico, que inicie los trámites para cambiar la Constitución.
Cuando el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, habló con el papa Benedicto XVI con motivo del viaje de éste a Francia el año pasado 2009, y siendo Francia un Estado realmente laico, se llegó a un acuerdo en la interpretación de la laicidad del Estado, en el sentido de una laicidad positiva, en la que ambas partes reconocen el bien que aportan a los ciudadanos y que lleva a una mutua cooperación para el bien del hombre, frente a una laicidad negativa, más propia del anticlericalismo decimonónico o de la República española, en el que toda actividad y propuesta de la Iglesia Católica es negativa y mala en sí misma para la sociedad.
Salvador Aragonés
Leído en El País (08-12-2010): El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, afirma que "La Iglesia tiene derecho a participar en el debate público, junto a otras visiones, pero debe respetar las leyes y la legitimidad democrática porque la aprobación de las leyes corresponde a la soberanía popular". Sobre esta base de "autonomía y respeto" pretende el nuevo ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, fundamentar el nuevo marco de interlocución con la Iglesia española. Y así se lo trasladó al presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, en un encuentro secreto celebrado el pasado 22 de noviembre en Madrid.
“El planteamiento que Jáuregui hizo a Rouco resulta oportuno cuando en las próximas semanas se iniciará el debate sobre la ley de cuidados paliativos que el Gobierno quiere aprobar en marzo así como en su pretensión de "avanzar en la laicidad", aunque haya decidido ralentizar la ley de libertad religiosa por las dificultades que tenía para alcanzar un consenso político”, añade El País.
La prensa madrileña vio con buenos ojos la incorporación al Gobierno de Ramón Jáuregui, venido del frío y de la niebla del Parlamento Europeo, porque es más “dialogante”, tanto con los vascos como con la Iglesia. No sé con los vascos, pero si con la Iglesia el diálogo se centra en lo dicho por El País, está apañado, porque Jáuregui desconoce tanto la Constitución del Estado –aconfesional—como la de la Iglesia (Gaudium et Spes, n. 76), y no se puede ir de ignorante por el mundo, ni siquiera parecerlo.
El Estado, dice la Constitución, es aconfesional, y lo dice del siguiente modo (art. 16, 3): “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. La aconfesionalidad significa cooperación con las iglesias, especialmente la católica (dice la Constitución), mientras que la laicidad (Estado laico) significa que no reconoce ninguna creencia religiosa, las ignora. A tenor de este artículo de la Constitución, el ministro Jáuregui, formado en una escuela católica, no puede pretender que las religiones “respeten las leyes” cuando estas van contra principios antropológicos y/o religiosos inquebrantables, como dijo Benedicto XVI en Barcelona, como son el matrimonio natural y la defensa de la vida desde su inicio hasta su natural terminación.
Veamos qué dice la Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” (GS, n. 76), aprobada por el Concilio Vaticano II, sobre las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política o los estados. “La Iglesia… que no se confunde en manera alguna con la sociedad civil ni está ligada a ningún sistema político determinado, es, a la vez, señala y salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana”. Y añade: El Estado y la Iglesia “son, en sus propios ámbitos, independientes y autónomos el uno respecto de la otra. Pero los dos, aunque a título diverso, están al servicio de la vocación personal y social de los hombres. Este servicio lo prestarán con tanta mayor eficacia cuando ambas sociedades mantenga una sana cooperación entre sí… El hombre no se limita al solo horizonte temporal, sino que conserva íntegramente su vocación eterna”. Y dice más: la Iglesia, “predicando el Evangelio e ilustrando todos los sectores de la actividad humana con la luz de su doctrina y el testimonio de los cristianos, respeta y promueve también la libertad política y la responsabilidad de los ciudadanos”. Y finalmente dice que la Iglesia no pide privilegios, sino “poder predicar con libertad la fe, enseñar su doctrina social, ejercer sin trabas su misión entre los hombres e incluso a emitir el juicio moral (…) cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y sólo los medios que sean conformes al Evangelio”.
Amigo Ramón Jáuregui. Hay que leerse las dos constituciones, y no sólo la interpretación unilateral de una (la española). Buscar la cooperación y el entendimiento no significa en un trágala amparándose en la Soberanía Popular, porque tanto el Estado como la Iglesia son soberanos, cada uno en su propio orden, uno en el orden de procurar el bien material del hombre, y la otra en procurar el bien espiritual.
Es cierto que a algunos obispos les cuesta o les ha costado entender que España no es un estado confesional, pero no menos cierto es que el socialismo español, perdida su identidad histórica en la defensa de los valores de los más pobres y de ser abanderado en las políticas sociales de los trabajadores de clase, busca esta identidad en forzar por la vía de los hechos un laicismo de Estado que no está de acuerdo con la Constitución Española de 1979.
Ramón Jáuregui habla de la “soberanía popular” para pedir a la Iglesia que respete las leyes. Es una falacia, porque la sociedad civil es también soberana y no se pueden imponer unos principios morales sobre el hombre a todos los ciudadanos, en nombre de la “soberanía popular”, porque los ciudadanos somos libres y deben respetarse nuestros derechos fundamentales, entre ellos la libertad de conciencia y de religión. De lo contrario, caemos en este totalitarismo laicista y relativista del que hoy tanto se habla. ¡Ojo con la soberanía! Una ley mala –y las hay a montones—no puede exigir su acatamiento porque así lo han dicho las Cortes españolas, o lo ha dicho un parlamento territorial (nacional) (como la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, también decidida por una soberanía territorial). A nadie se le ocurrirá decir que la iglesia catalana debe estar en contra de las corridas de toros, porque lo decidió el Parlament. Repito, ¡ojo con el uso de la soberanía popular! En nombre de esta soberanía llegaron los totalitarismo al poder.
Desde este blog pedimos, modestamente, más “seny” a las dos partes, pero sobre todo a que el Gobierno no tense la cuerda de la Constitución en este tema, y si quiere un Estado laico, que inicie los trámites para cambiar la Constitución.
Cuando el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, habló con el papa Benedicto XVI con motivo del viaje de éste a Francia el año pasado 2009, y siendo Francia un Estado realmente laico, se llegó a un acuerdo en la interpretación de la laicidad del Estado, en el sentido de una laicidad positiva, en la que ambas partes reconocen el bien que aportan a los ciudadanos y que lleva a una mutua cooperación para el bien del hombre, frente a una laicidad negativa, más propia del anticlericalismo decimonónico o de la República española, en el que toda actividad y propuesta de la Iglesia Católica es negativa y mala en sí misma para la sociedad.
Salvador Aragonés
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