Un grave error político nombrar a la ministra de Justicia, Fiscal General del Estado
Hoy ha nacido en España el primer gobierno republicano de la
monarquía “reinstaurada” en Juan Carlos de Borbón, hace 45 años.
El gobierno bicolor PSOE-Podemos es apoyado, total o
parcialmente también por Esquerra Republicana, PNV y Bildu, todos ellos
republicanos. Además, se da la paradoja que, cuando la derecha quiso tener la
exclusiva de la defensa del rey Felipe en el debate de investidura, fueron dos
partidos republicamos (Podemos y PNV) los que defendieron al Rey, por cuanto
hizo posible la coalición y los apoyos que recibió Pedro Sánchez.
La monarquía “reinstaurada” por el general Francisco Franco
tuvo un primer gobierno con mayoría de falangistas, republicanos en buena parte,
pero monárquicos por necesidad (unos por seguir el mandato del testamento de
Franco de apoyo al Rey y otros por pragmatismo).
Se dijo del reinado de Juan Carlos que fue una república
coronada: mientras sea útil, la monarquía no hay que tocarla. Lo mismo ocurre ahora
con Felipe VI: está reinando con republicanos, y de entre los republicanos los
hay “de ley” (su republicanismo está en su ADN político). Prometer “acatar la
Constitución y lealtad al Rey” de los ministros de Podemos ha sido el vídeo del
día.
Muchos se preguntan: ¿Se habrá dejado el rey Felipe VI meter
un gol por la escuadra?, o ¿será un gobierno que a la larga aceptará la
monarquía por realismo político? Los hechos lo dirán.
De momento, el gobierno de Pedro Sánchez no tiene enemigos
institucionales y sociales: es aceptado por la Monarquía, por sindicatos y
empresarios, y por el establishment de la banca y las finanzas. Sus enemigos están
sobre todo en Vox que ha organizado manifestaciones callejeras contra el
gobierno. PP y Ciudadanos, se han mantenido al margen de los griteríos
callejeros. Ciertamente que la mayoría es mínima y habrá que contentar a
muchos. Quien no está satisfecha con el Gobierno es la Iglesia católica, por su
programa disolutivo sobre la familia, a favor de la eutanasia y con restricciones
a la libertad de enseñanza.
Decir, como dijo el domingo Pedro Sánchez que “habrá varias
voces y una misma palabra”, es una retórica que queda bien para la galería
mediática, pero habrá que ver el paso del tiempo, sobre todo con la inestabilidad
política y sentimental de Catalunya.
De momento, para contentar a Esquerra Republicana, Pedro
Sánchez, haciendo gala de su capacidad para rectificar sus discursos, ha
colocado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del
Estado. En esto, el presidente hace realidad aquella frase –que después
rectificó y ahora rectifica lo rectificado-- que la fiscalía depende del
gobierno. Dolores Salgado ha sido una ministra polémica, primero por sus
relaciones con el comisario Villarejo, hoy en la cárcel, y con el ex magistrado
Baltasar Garzón, destituido por prevaricación.
Tanto las asociaciones de jueces y fiscales profesionales
como los partidos de la oposición han reaccionado vivamente que una persona tan
significada políticamente –acaba de ser ministra de Justicia y elegida en los
primeros lugares en las listas del PSOE en noviembre—ocupe la Fiscalía General
del Estado, por cuanto supone politizar el órgano de la Fiscalía General para
ponerla al servicio del Gobierno más que del Estado. Porque una cosa es la
proximidad o cierta afinidad con el Gobierno y otra es el “descaro” e poner a
una ministra del partido a la fiscalía general.
Ahora sí que está claro que la fiscalía no recurrirá
decisiones de permisos generosos para los presos independentistas, pues la fiscalía
es una institución que funciona de manera jerárquica. Así lo quieren los
independentistas: la justicia al servicio del gobierno. Con esto queda reducida
a mínimos la credibilidad y autonomía de la fiscalía y hace peligrar la separación
de poderes del Estado.
Para los independentistas, la separación de poderes no
existe, pues en su proyecto de constitución republicana los jueces son
nombrados por el presidente de la Generalitat.
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