Ninguna institución pública o privada española ha aceptado el
fallo del tribunal de Pamplona sobre los “abusos” (que no “agresión”) a una
joven madrileña que fue a los Sanfermines. Esto es muy sintomático. Nadie, en
el mundo mundial, apoya esa sentencia. Y una de dos, o la sentencia no
interpreta bien el Código Penal o el Código
Penal está desfasado de la realidad civil española. A mí me parece que es ambas
cosas.
No voy a entrar en el análisis de la sentencia del “Caso
Manada”. Otros con mayores conocimientos que yo lo harán. Baste ver la escasa
sensibilidad de los jueces al sentenciar un caso que había levantado ampollas
en toda España y parte del extranjero.
Menos mal que un tribunal no es la última instancia
judicial. Esta sentencia se le puede recurrir. La Fiscalía de Pamplona ya ha
dicho que lo hará porque consideró desde el principio que se trató de una “agresión”
y no de un “abuso”. Ahora le tocará el turno al Tribunal Superior de Justicia
de Navarra y en último término al Tribunal Supremo que es quien establece doctrina,
jurisprudencia. El sistema es garantista.
No puedo ocultar, sin embargo, que un juicio tan mediático
como el de Pamplona, el Tribunal ha actuado con estultez y no ha sabido estar a
la altura de lo que se exige a los tribunales de justicia españoles. ¿Por qué lo
digo? Porque ellos, sus señorías, se han sorprendido de la magnitud de la
protesta de lo que sentenciaron. No estaban en la realidad, y diría que ni tan
solo en la jurisprudencia, pero eso que lo digan los expertos.
El tribunal de Pamplona ha puesto a un país en pie. Ha
llenado las plazas de protesta. Y ha fomentado una justicia dictada por tribunales
populares. Las sentencias tienen que atenerse al derecho, y si no, que se
cambien las leyes. Ahora ya todo el mundo dice que hay que cambiar el Código
Penal para este tipo de delitos. ¡Bienvenido sea! Pero que se haga rápido
porque hay sentencias de este tipo que esperan una respuesta concorde no con el
derecho, sino con la justicia.
Iríamos por cumbres borrascosas si en España empezaran a
menudear los tribunales populares, los juicios paralelos, las sentencias
amañadas o dictadas de antemano, o dictadas en la plaza pública. No sería un
Estado de Derecho: sería la selva.
Estaría bien que el Consejo General del Poder Judicial
dijera la suya. Porque no ha sido una sentencia normal, sino un escándalo
público. No se puede lavar las manos.
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