Los independentistas han perdido todas las razones democráticas que pretendían defender

No se trata de un conflicto de competencias entre Catalunya y el Estado. Tampoco es un desencuentro institucional. No es un problema de interpretación de leyes. No. Esto es una rebelión institucional de la Generalitat contra el Estado Español. 

Ahora se ha consumado con la aprobación de dos leyes que ignoran no solo las leyes del Estado, sino incluso las leyes propias de Catalunya, como son el Estatut d’Autonomia, el Reglament del Parlament, la Llei del Consell de Garanties Estatutàries (Tribunal Constitucional Catalán), entre otros, y también los dictámenes y advertencias de los propios letrados del Parlament y el Secretario General de la cámara. La tramitación de las leyes se ha hecho con firma desconocida. 
El debate ha sido conducido de manera «bucanera», como dijo el portavoz de la izquierda, Catalunya Sí que es Pot (CSQEP), Joan Coscubiela, y al decir de muchos, de manera «bochornosa», por la presidenta Carme Forcadell, que dio una imagen de amplias carencias para dirigir la cámara, y por su parcialidad.

La suerte está echada. Las instituciones catalanas han hablado. Ahora deberán hablar las instituciones del Estado. 

¿Qué significa esta rebelión? El no tener en cuenta ni leyes, ni reglamentos (incluso los que se han autoimpuesto, como el Estatut y el Parlament). El prestigio de las instituciones catalanas ha caído en picado. Es como decir: «no me fío de las instituciones catalanas, porque un día dicen una cosa y otro día te dicen otra». Si hoy firman un acuerdo y mañana, de forma rocambolesca y «bucanera», lo deshacen y lo ignoran responderá a la imagen que en estos días 6 y 7 de septiembre de 2017 han dado –a Europa y al mundo-quienes gestionan las instituciones catalanas. 

Los independentistas han perdido en dos días (zas!) todas las razones democráticas que pretendían defender. Las opiniones son y serán siempre libres, pero los hechos son muy tozudos. Lo que está hecho no tiene vuelta atrás para sus autores y lo que representan. La suerte está echada. La rebelión se ha consumado y es la hora de que el pueblo hable y el Estado actúe en defensa propia, de su integridad y de su legalidad. 

Los dos días del pleno del Parlament han sido tensos, muy tensos. Los partidos de la oposición constitucionalistas (Ciudadanos, PSC y PP) no han querido votar las leyes, ni la del Referéndum de Autodeterminación ni la Ley de Transitoriedad Jurídica o de desconexión con España, la cual es –por decir algo- un bodrio jurídico, más propio de una república bolivariana como la de Venezuela, donde el poder ejecutivo actúa sin control alguno, y no hay división de poderes. 
Por ejemplo, el presidente de la Generalitat nombra al presidente del Tribunal Supremo y los jueces son nombrados por una comisión donde los miembros del ejecutivo tienen mayoría absoluta. Las asociaciones de jueces catalanes han dicho que no aceptarán las leyes contrarias al ordenamiento jurídico español, un alivio para la seguridad jurídica.

Lo más curioso es que el Consell de Garantias, formado por un grupo de juristas (elegidos por la mayoría parlamentaria, o sea independentista) se opuso a la tramitación de las leyes. Al fin y al cabo los miembros del Consell son juristas «de reconocido prestigio», y por eso no tienen la osadía de los políticos de saltarse cualquier legalidad.

Las leyes del Referéndum y de la desconexión de España fueron publicadas el mismo día de su debate (es decir los días 6 y 7) en el Boletín Oficial del Parlament, sin dar tiempo a la oposición para presentar enmiendas ni poderlas debatir a fondo en el Parlament (solo 15 minutos cada grupo parlamentario).

Tal como están las cosas, y según los rumores que han circulado, los tribunales van a inhabilitar a la Mesa (los que votaron a favor de tramitar las leyes) y al gobierno catalán, empezando por el president Puigdemont. A éste y a la presidenta Carme Forcadell se les puede aplicar, además, el delito de sedición contra el Estado. Por otro lado, los Mossos d’Esquadra -que han demostrado ser unos excelentes policías a pesar de su dirección política- pasarían a depender directamente del Ministerio del Interior, al tratarse de una Policía del Estado Español, en aplicación de la Ley de Seguridad. 

Ahora sí que ha empezado la hora de la verdad, como decía Artur Mas estos días, porque la suerte está echada: alea iacta est, decían los romanos, la rebelión se ha consumado. Cada uno deberá asumir su propia responsabilidad (todos).