Parece una cosa de
procedimiento y de reglamentarismos, pero la democracia no es solo cumplir las
leyes, sino también los reglamentos y los procedimientos. A lo largo de la
historia parlamentaria en el mundo ha sido así y no va a cambiar.
La Mesa del Parlament,
donde Junts pel Sí y la CUP tienen mayoría, han decidido dar por válida la
Junta de Portavoces, a pesar de que el reglamento de la cámara especifique que
esta se constituirá una vez constituidos todos los grupos parlamentarios. El PP
no ha constituido su grupo, en una maniobra claramente dilatoria, y la
presidenta, Carme Forcadell, ha decidido, de acuerdo con un informe de los
servicios jurídicos del Parlament, sacar adelante la Junta de Portavoces
amparándose que en dos ocasiones anteriores se hizo así. La oposición ha dicho
que en el pasado nadie había cuestionado la constitución de la Junta de
Portavoces y hoy sí.
Por otro lado, los partidos
Ciudadanos, Socialista, el PP y Catalunya Sí que es Pot (suma de Podemos e
ICV), han presentado informes y requerimientos ante la Mesa del Parlament en
contra de la resolución famosa, pues sería situar a las instituciones de mayor
rango en Catalunya, como el Parlament, fuera de la legalidad y en un callejón
sin salida.
En consecuencia, los
partidos Ciudadanos, PP y PSC presentaron un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional en contra de que vaya al pleno una resolución que pide
la ruptura e ilegalidad en relación con España. Por su parte, la CUP ha dicho
que la posición del PP es “chulesca”. Ha denunciado también que hay una “caza”
a la presidenta Forcadell, “porque es una mujer”.
Concretamente, el
portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha ido más allá, y ha dicho que el
aferro de Artur Mas al cargo de President, y los problemas de su partido y de
la familia Pujol Ferrusola con la Justicia le hacen ir al grupo parlamentario
contra la ley. Nunca se había dado una situación así, que el Parlament se
saltara la legalidad.
El ministro del Interior
y diputado por Barcelona, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que está todo
preparado por si hay alguna ilegalidad, pero que “nadie espere que desfilará la
Guardia Civil por la Diagonal de Barcelona”, y que las actuaciones serán
“proporcionadas”.
Dentro de Junts pel Sí
hay tensiones internas por cuanto no todos los diputados aceptan la resolución
que pide la desobediencia a las leyes españolas. En la opinión pública aparecen
cada vez más voces discrepantes sobre cómo Junts pel Sí está gestionando la
crisis catalana, tomado acuerdos con los antisistema de la CUP.
La CUP es quien marca la
agenda política, porque Artur Mas está dispuesto a pagar cualquier precio con
tal ser investido President de la Generalitat. Contrariamente a lo que dicen
los 10 diputados de la CUP, la presidencia de la Generalitat es, y valga la
redundancia, “presidencialista” y es la que acumula todo el poder. Así está en
el Estatut, y cuando la CUP dice “rebajar el poder del President”, es igual que
decir que cambie el Estatut, y esto no se cambia con una mayoría simple, sino
con una mayoría de dos tercios, o sea con 90 diputados, y no hay 90 diputados
independentistas, solo 72.
Mas hizo una jugada
arriesgada, convocando elecciones, pensando en sacar mayoría absoluta, pero su
mayoría es insuficiente para ser elegido President, y necesita dos votos más.
¿A qué precio? Mientras tanto, los medios –incluso los catalanes—ya empiezan a
hablar profusamente de los escándalos de la familia Pujol Ferrusola, en que
Jordi Pujol i Soley, el President, se mojó de modo vergonzante en intercambio
de cuentas bancarias en Andorra en relación con su hijo, Jordi Pujol Ferrusola.
¿Su “hijo en política” Artur Mas le va a salvar los muebles desde una rebelión
contra el Estado? Estos pulsos al Estado suelen acabar mal para quien los
propone. Tiempo al tiempo.
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