El pasado
fin de semana se cumplió el compromiso de Artur Mas y Oriol Junqueras de convocar la
consulta dentro del marco de una ley catalana. No podían hacer otra cosa cuando
centenares de miles de catalanes siguen estando convencidos todavía hoy que el
referéndum del 9-N se celebrará. Ha sido tanta la convicción con que los
líderes soberanistas han transmitido a los catalanes de que habrá referéndum el
9 de noviembre, han sido tantas las
expectativas que han generado, que ahora no pueden cerrar las puertas a
toda esa masa de gente que les sigue sin rechistar y decirles que no se
celebrará tal referéndum.
La respuesta del Estado ha sido contundente
y rápida. La ley y la convocatoria del referéndum no son legales porque
vulneran la Constitución en varios artículos. Contundente porque tanto el
Consejo de Estado, como el Gobierno, como el Tribunal Constitucional (que
razona la suspensión cautelar) lo han hecho con rapidez y por unanimidad. Ninguna
fisura. El líder del PSOE Pedro
Sánchez ha sido también firme, así como de otros partidos como UPyD.
Es natural que así sea porque “el problema catalán” se ha convertido en
un problema de Estado, en un desafío al Estado español, que es un estado
social y democrático de derecho. Este estado de derecho, además, consagra el
principio de jerarquización de las leyes.
La Constitución es la ley suprema a la
que todas las demás leyes deben ajustarse. Siguen en rango las leyes
orgánicas (a este pertenecen los estatutos de autonomía) y las leyes ordinarias
aprobadas por el Congreso y el Senado que ostentan la soberanía nacional.
Después vienen las leyes autonómicas, los reglamentos, etc.
Tras
conocerse la suspensión cautelar de la Llei de Consultes catalana y el decreto
de convocatoria del referéndum –insistimos
que por “unanimidad”, dado que es una palabra que han omitido los más
importantes medios catalanes—parecería que la cuestión estaría cerrada por el
momento, pues Rajoy está dispuesto a abrir negociaciones a partir del día 10 de
Noviembre e incluso ha entreabierto la puerta a la reforma constitucional.
El aislamiento catalán
Sin
embargo, y dadas las enormes expectativas que han generado los soberanistas en
centenares de miles de catalanes durante meses y meses, hay que seguir la
batalla legal hasta el final, con recursos y contra recursos. La batalla legal
está perdida y ya no crea espacios en los medios de comunicación
internacionales que ven a los soberanistas catalanes como unos empecinados.
También lo ven los estados y las organizaciones internacionales. Hoy ningún estado occidental apoya el
referéndum catalán. La causa catalana, que en un principio cosechó simpatías, hoy
se mira como un factor de desequilibrio de Europa y de Occidente.
¿Qué va a pasar ahora y por qué se ha
llegado hasta aquí? En primer lugar, y a pesar de tener encargadas las
urnas y programada la campaña institucional –que cuesta muchísimo dinero—se van
a encontrar con la imposibilidad de disponer de un censo legal, a pesar de utilizar presuntamente los datos de
Estadística. Hasta el 9-N va a ser una batalla legal, con abogados de una
parte y de otra y tensión en la opinión.
¿Quién parará esta tensión en la opinión, o dejaran que se les vaya de las
manos? Para antes del día 9-N Esquerra Republicana querría celebrar una huelga
general para mostrar su fuerza. Oriol Junqueras, que es mejor predicador que organizador, puede recibir un fuerte golpe de
credibilidad si da un paso más de sus posibilidades. No sabemos si habrá
entrado en el govern antes del 9-N como pidió en el debate sobre política
general.
Segundo, se ha llegado hasta aquí porque los soberanistas creían que el Estado
español era débil dentro y fuera de sus fronteras, y sus instituciones
corruptas y carentes de apoyo popular y que haciendo un golpe de fuerza en
la calle y con una masiva propaganda, al Estado le temblarían sus cimientos y
acabaría aceptando la secesión. Ha sido lo contrario: el Estado se ha robustecido y actúa al unísono.
Para el
día 9 de noviembre se prevén movilizaciones
y después por navidades podría darse la
convocatoria de unas elecciones autonómicas --llamadas “referendarias”, aunque
no lo fueran-- con ERC y CDC (no UDC)
formando una única candidatura. Algunos hablan (se habla y escribe tanto en
Catalunya) que el referéndum podría organizarlo la ANC (Assemblea Nacional de
Catalunya) pero nadie daría validez a esta consulta. Los políticos soberanistas
anuncian que van a hacer el trabajo para no crear problemas de desacato a los
funcionarios. ¿Qué será de Duran Lleida
y de UDC? ¿Acercándose hacia un centro con el PSC? Tal vez estamos en un periodo prerrevolucionario,
donde manda más la calle que el gobierno catalán y donde no se respeta la legalidad.
De momento los dirigentes soberanistas catalanes
no bajan la guardia y siguen con su programa de agitación. ¿Puede durar mucho
esta agitación permanente? El problema más grave hoy y que no tiene ya ninguna solución es que se han
abierto muchas heridas entre unos y otros catalanes, que tardarán años en cicatrizar. Y además, Catalunya lleva ya dos años o más sin
gobierno y gastando muchísimas energías y dinero en políticas identitarias.
Este vacío no se puede rellenar.
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