El nuevo TC ¿será el garante del régimen constitucional de 1979?

Me ha sorprendido mucho que la opinión publicada catalana se haya rasgado las vestiduras porque el presidente del Tribunal Constitucional, elegido por unanimidad de sus miembros (12 en total) no gusta porque es de derechas y porque ha tenido manifestaciones contra el Estatut actual. ¿Y si lo hubiera apoyado? ¿Tendría el beneplácito de esa opinión? Me temo que no se busca un TC independiente, sino un TC de acuerdo con lo que yo pienso.

                ¿Por qué mi sorpresa? Porque quienes critican al Tribunal Constitucional (TC) desconocen el constitucionalismo español surgido tras el franquismo en 1979. El régimen Constitucional español se creó para que sustituyera a la dictadura, y que tuvo como gran inspirador al Rey Juan Carlos, elegido, propuesto y aprobado por las Cortes franquistas, hecho que marcará todo su reinado, en un intento de hacerse perdonar su legitimidad, que no vino de la abdicación de su padre Don Juan, sino por la voluntad del dictador Francisco Franco quien a su muerte redactó un testamento pidiendo a las fuerzas armadas y a las del régimen que obedecieran en todo el Rey como lo hicieron al mismo Franco, testamento que leyó entre lágrimas el entonces presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro. Unos años después vino la abdicación de su padre Don Juan en favor de su hijo Don Juan Carlos, el cual ya adquirió los derechos históricos de la corona española.

                Volviendo al TC y al régimen político español que yo llamo juancarlista, porque fue el inspirador y máximo impulsor del régimen constitucional español de 1979. España construyó un régimen que fuera aceptado por los países democráticos. Estableció un Parlamento (Cortes) bicameral, un Congreso de los Diputados, el máximo órgano político representativo, y finalmente un poder judicial “tutelado”, a través del Consejo General del Poder Judicial, órgano administrativo de dicho poder. Se constituyó un Tribunal Constitucional  (artículos 159-165 de la Constitución) que evita que magistrados y fiscales independientes del poder político tomen decisiones sobre la constitucionalidad de las leyes y actos. O mejor dicho, un Tribunal Constitucional que vigila y controla que el régimen político de 1979 no caiga en manos de jueces independientes, sino que tenga el control político de quienes crearon el régimen, es decir el Rey y los propios partidos políticos.  Y hoy el TC no es como el anterior, dividido, sin capacidad de tomar decisiones, mediatizado mucho por el gobierno de Zapatero en sus devaneos sobre el Estatut de Catalunya. El TC de hoy es sólido y creo que está dispuesto a demostrarlo.

                El Tribunal Constitucional formado por 12 miembros  con un mandato que dura 9 años (más del doble de una legislatura, que ya es mucho). Estos miembros no son jueces necesariamente, sino que son “nombrados” (art. 159.2) entre magistrados, y fiscales, profesores de universidad , funcionarios públicos y abogados, todos ellos “juristas de reconocida competencia con más de 15 años en el ejercicio profesional”. El presidente del TC será nombrado de entre sus miembros por el Rey por un periodo de tres años (art. 160).

                De los 12 miembros del TC, 4 son elegidos por el Senado, 4 por el Congreso, (en ambos casos por mayoría de tres quintos, o sea con el consenso de los partidos mayoritarios) dos a propuesta del Gobierno (¡!) y dos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que a su vez ha estado muñido por los partidos. Ciertamente que ni el TC ni el CGPJ forman parte del poder judicial, que está en manos del Tribunal Supremo y de los órganos jurisdiccionales de menor entidad (TSJ autonómicos, Audiencias provinciales, y jueces y magistrados titulares de juzgados de instrucción u otros).

                ¿Cuáles son las garantías que puede dar un tribunal como el TC? El TC da garantías políticas o político-jurídicas y vigila que nadie se salga del régimen trazado en la Constitución del 79,  pues defiende el régimen surgido con el apoyo del Rey, de UCD, AP (luego PP), PSOE, PCE y nacionalistas catalanes. Los vascos no entraron en este régimen, pero se les garantizó el  concierto económico, con lo cual, han podido vivir de sus impuestos con escasa solidaridad con el resto de los españoles a causa de los 35 años de violencia y terrorismo (inacabados, porque ETA no ha dejado las armas). Ahora el líder del PSC, Pere Navarro, y también Rajoy y Rubalcaba, han dicho que el cupo vascos y navarros pagan al Estado, tiene escasa solidaridad con el resto de los pueblos de España ahora que el terrorismo parece estar al final de su trayecto. Esto ha levantado ampollas en el Norte.

Los recortes de las administraciones públicas

                La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, ha presentado los recortes de las administraciones públicas diciendo que hay demasiadas duplicidades. Pero es que el régimen del 79, con la política del “lassez faire, lassez passer” típico del juancarlismo, no puso ninguna traba en su día cuando se crearon las copias de los organismos del Estado en las 17 autonomías, y que sirvieron en su día parea colocar a las clientelas políticas, empezando por los 17 parlamentos con sueldos importantes y con 17 gobiernos, con sueldos no menos importantes. Eso de momento no se toca.

                Si el gobierno quiere reformar el Título VIII de la Constitución necesitará un gran poder moral y la fuerza de un pacto con la oposición, pues ya vemos que algunas comunidades se han enrocado y no quieren ceder competencias, entre ellas Andalucía y Catalunya, amén de otras que no quieren ceder competencias contempladas en sus estatutos. Aquí puede pasar que la reforma de la Administración puede ser un gran avance (en términos económicos parece que no lo es pues nos ahorraremos unos cuantos miles de millones de euros cuando el déficit español es de un billón de euros) o una gran chapuza, donde prevalecerán las baronías territoriales por encima del interés general.

                Espero –esperemos—que esta reforma no termine como terminó el Califato de Córdoba hace 1.000 años con su división en reinos de taifas que el final tuvieron que sucumbir ante el peligro cristiano que representaba el rey Alfonso VI de Castilla que avanzaba con sus tropas. Pidiron ayuda del Sultán del Norte de África, Yusuf ibn Tašhfin, quien impuso orden, más centralización y racionalización en la administración árabe dividida y litigante entre sí del antiguo y dividido Califato de Córdoba, es decir de los reinos taifas.