La imputación de la Infanta
Cristina de Borbón y Grecia, hija de los Reyes de España, por “colaboración necesaria”
en el caso judicial que afecta a su marido Iñaki Urdangarín-- imputado a su vez
por su actividad ilegal a través de la empresa Nóos-- es el hecho más delicado y grave al que se enfrenta
la Monarquía en España, desde su restauración. Es la primera vez que ocurre un
hecho así en la histórica monarquía española, pero también es la primera vez en
que el Rey anunció a final de 2011 que “la justicia es igual para todos”, pues
“España es un Estado de Derecho”.
Se
da la circunstancia de que hoy jueves, el Príncipe Felipe presidió la entrega
de despachos a nuevos jueces y fiscales en Barcelona y dijo que el juez debe
ejercitar la “prudencia y la fortaleza” en el ejercicio de su cargo.
Paralelamente el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, manifestó la
“enorme preocupación del Gobierno” por este caso y pidió que se “sustanciara
con rapidez” por el daño que hace a España en el exterior.
Ciertamente
que una imputación no significa que la hija del Rey sea culpable de los 14 casos que cita el juez
de Instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, pues para el sistema judicial
español toda persona es inocente hasta que una sentencia firme no demuestre lo
contrario. Una imputación significa que existen indicios razonables de
culpabilidad que declara el juez Instructor, pero la culpabilidad o inocencia hay
que demostrarla en el Juicio Oral de donde sale la sentencia condenatoria o
exculpatoria.
Pero esto son palabras. El caso es que si un
político es imputado por un juez instructor, la opinión pública lo hace en
realidad culpable. Es el caso de la Infanta Cristina, que durante instrucción o
investigación del caso Nóos, los hechos han salpicado hasta hoy a los más altos
cargos del stablishment de la Corona,
como el secretario de las infantas –que era tesorero de Nóos—Carlos García
Revenga, la amiga del Rey, la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein. La
imputación de la Infanta Cristina conlleva que esta deberá declarar ante el
juez de Instrucción, José Castro, el próximo día 27 de abril, si no hay
retrasos.
La gravedad de la imputación de la Infanta Cristina
no es la imputación en sí misma, sino que ha sido imputada tras dos años
de instrucción del caso Nóos, y cuando en la opinión pública española se veía
que la Infanta Cristina quedaba al margen de cualquier imputación, dado que en
un principio el juez Castro renunció a tal imputación, al igual que la Fiscalía
Anticorrupción. Ahora es esta fiscalía la que ha recurrido el Auto del juez que
imputa a la Infanta. Pero ahora también, pase lo que pase en el juicio, la
opinión pública ha condenado ya, en el tribunal de papel, a la Infanta y tal
vez con ella a la Casa Real.
El sistema judicial español y la presunción de inocencia
El
sistema judicial español funciona de modo que en la práctica, y para las
personas públicas, quien moralmente decide la “culpabilidad” son los jueces de
Instrucción que no tienen ninguna competenciapara emitir sentencias, pero sí de
tomar medidas cautelares para los implicados en el caso, como son la
“inculpación” y la cárcel preventiva. En
España solo un 25 por ciento de los inculpados acaban siendo culpables de alguno
de los delitos que se les acusa en la Instrucción del proceso penal.
La crisis de la Monarquía
En
España la imputación de la Infanta Cristina pone al centro del debate la
institución monárquica como forma de gobierno regulada por la Constitución de
1979. Cuando la corrupción tan extendida entre la clase política alcanza a la
Jefatura del Estado, en el caso de la Monarquía, que se fundamenta en una
familia, no afecta solo Rey, sino a toda la familia.
En
el caso de España, la situación de la Familia Real es más compleja porque no
desarrollado la Constitución en cuyo
artículo 57 establece que deberá aprobarse una Ley Orgánica para regular la
abdicación del Rey o renuncias de la Familia Real. Esta falta de regulación
hace que no esté prevista la abdicación del Rey, ni el necesario aforamiento
del Príncipe Heredero. En España son aforados todos los diputados y senadores
de las Cortes Generales y todos los diputados y miembros de los gobiernos
autonómicos, pero no el heredero de la Corona.
La degradación de la imagen de la Monarquía
La
degradación de la imagen de la monarquía española en los últimos tiempos ha
venido no solo por las deslealtades del Rey con relación a su esposa, la Reina
Sofía, que vive ninguneada en Londres y solo aparece en actos oficiales y con
sus hijos y nietos a los que cuida y quiere.
No solo por la cacería de elefantes en África por la que el Rey tuvo que
pedir perdón en público a los españoles. Y no solo por la herencia del Rey de
cerca de 350 millones de pesetas (unos dos millones de euros) procedentes de su
padre y que siguen en Suiza.
La
degradación de la imagen de la monarquía en España es porque desde el inicio de
la restauración con Juan Carlos, la Familia Real era considerada una familia cristiana
unida y bastante ejemplar en sus comportamientos, en sus actividades, en el
cumplimiento de sus deberes familiares y en el buen hacer político del Rey que se
ganó a pulso el aplauso y cariño del pueblo español, cuando con gran olfato
político y sentido de Estado, dirigió la Transición Política llevando a España
de la dictadura de Franco a la democracia.
Son
los valores familiares y políticos vividos en la coherencia de una familia cristiana
normal española, los que distinguían a la Familia Real. La pérdida de los
valores antes citados ha contribuido mucho en la decadencia del prestigio que
debe tener una familia real para su
pueblo. También han contribuido a esa merma de prestigio las distintas bodas de
los hijos de los reyes Juan Carlos y Sofía con personas sin formación
suficiente para formar parte de una familia que ostenta la Corona de España.
Faltaba la imputación por presunta colaboración necesaria en un caso de
corrupción de un miembro de la Familia Real, de la Infanta Cristina, para
incrementar este desprestigio.
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