El caso de la red de
espionaje de cargos y personalidades públicas realizados por la agencia Método
3 en Barcelona se parece más a un juego de diletantismo morboso que a casos de
espionaje real. En honor a los espías auténticos, creo que el caso de Método 3
es realmente un ejemplo chapucero y de medio pelo. Son “informadores” que se
venden por un plato de lentejas, y sus informes luego aparecen en los mercadillos
y en los encantes.
Catalunya ha
tenido dos espías históricos. Uno es Joan Pujol García, “Garbo”, agente doble alemán que
engañó a Hitler al dar el falso lugar y la falsa fecha del desembargo aliado
a Normandía, y que permitió a los aliados ganar la Segunda Guerra Mundial, e
hizo un servicio a la humanidad. El segundo es un fanático comunista
estalinista, Ramon Mercadé, que se infiltró entre los colaboradores de Trotsky
y lo asesinó con un piolet por orden de Stalin.
Nada que ver con los aprendices de espía que hemos
visto estos días de la agencia Método 3, situada en la Diagonal de Barcelona.
Estos iban siguiendo personajes políticos o conocidos por la sociedad, como políticos
y dirigentes del C.F. Barcelona, elaboraban dossiers donde la vida personal,
los negocios y el morbo de la vida incluso sentimental de algunos, violando
claramente uno de los derechos fundamentales protegidos por la vigente
Constitución Española: el derecho a la intimidad personal y familiar, al honor,
a la propia imagen y a libertades fundamentales (art. 18).Lo mismo que en la
corrupción, el delito en este caso de espionaje no está solo en hurgar en la vida
privada de las personas, sino también en quién paga para ello.
Nos encontramos ante unos delitos tipificados en el
Código Penal. Se pedían informes a Método 3 sin reparar en nada. Por ejemplo,
el conseller de Agricultura del tripartido, el socialista Llerena, ha pedido
perdón por haber “investigado” temas relativos a la avellana mediante los
“espías” de Método 3. ¿Qué demonios había que investigar sobre la avellana? Ahí
es donde salta el clamor popular que los políticos que ocupan poder y manejan
presupuestos –dinero de todos los ciudadanos—los gastan en tonterías o para
satisfacer el morbo particular. Es una pena, pero es así.
En Catalunya no nos hemos librado de estas prácticas que
tanta basura ponen sobre quien las practica como sobre quien las encarga. Circulan
bromas y hasta chistes en el ámbito político sobre el tema, que sería de risa
si no se tratara de un serio atentado a las libertades fundamentales de los
ciudadanos. Uno se pregunta a otro. “¿A
ti no te han espiado?”. Y crea un malestar, unos porque tienen cosas que
esconder y otros porque al no ser espiados no han sido considerados personajes
importantes.
En realidad, estos sucesos de espionaje, junto a la
corrupción, esconden la falta de escrúpulos con que algunos políticos manejan
el dinero público y se dedican a turbios negocios o a morbosas intromisiones en
la vida privada de los demás. Hay hombres de un partido que espiaba a otros del
mismo partido, con lo que muchos dicen que hoy ya no sabe de quién fiarse.
El ministro del Interior, el catalán Jorge Fernández
Díaz, se entrevistará con el conseller de Interior de la Generalitat, Ramon
Espadaler, el próximo lunes a raíz de estos graves casos de espionaje. El
Govern pide que los mossos o policía catalana colabore en la investigación,
pero el juez que lleva el caso –que es quien dirige a la policía judicial-- no
les ha dado vela en este entierro. Tal vez porque no se fía al ser un tema
demasiado goloso. Oficialmente, el juez
dice que el cuerpo policial que recibe la denuncia e inicia la investigación no
necesita de otro que le ayude.
Lo de Método 3 era una empresa mal montada, con
personal conflictivo y poco serio, con prácticas totalmente reprobables y seguramente
delictivas. Actuaba sobre personas amigos y amiguetes de otros amigos y
amiguetes, que es un modo de hacer las cosas entre la gente de cuenta en la
vida pública de Barcelona y de Catalunya.
Y mientras
tanto, seguimos en las graves consecuencias de la publicidad de los asuntos
judiciales, donde los casos que se investiga por parte del Juez
Instructor, que es un juez distinto del
que preside la vista oral de los juicios y emite sentencia, esa instrucción lleva
la voz cantante de cara a la opinión pública sobre la culpabilidad o inocencia
de los imputados. Son juicios que se celebran en los tribunales de papel o de
ondas hertzianas, muchas veces sin pruebas suficientes o casos a mitad de la
investigación. La lentitud de la justicia en España consigue que se hagan
muchos juicios paralelos de modo que ante el público cualquier persona puede
quedar juzgada y sentenciada por el público antes de la celebración del juicio
oral y de la sentencia correspondiente. Es un pésimo modo de entender la
“presunción de inocencia” de la que tanto se habla y que tan poco se aplica. En
este país que desconoce en gran parte los procedimientos judiciales se confunde
a menudo el “imputado” –que está incurso
en una causa pero que todavía no está demostrada su culpabilidad—con el
culpable. Algo tendría que hacer el Consejo General del Poder Judicial para no
llenar de “imputados=culpables” la geografía española.
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