Tras la huelga general del 29-M muchos se preguntan, ¿fue la huelga un éxito o un fracaso? La pregunta es simplista y no entra en el fondo de los problemas que tiene hoy la sociedad, y de modo particular el sindicalismo “de clase” como el español. Para este sindicalismo la ley de reforma laboral “va contra los trabajadores”, y si trabajadores (asalariados o autónomos) representan el 90 por ciento de la sociedad, entonces va contra los españoles. Los trabajadores hoy ya no son “de clase”, “proletarios”, “obreros”, los trabajadores hoy están mayoritariamente en los servicios (administración, oficinas, comercio, energía, telefonía y comunicaciones, ocio, transportes, etc.). Otro anacronismo es la cifra de participación: nadie se cree las cifras de los sindicatos.
Para medir la “eficacia” de una huelga general –es decir si sirve o si no sirve para el fin por la que se convocó-- ha salido el término “mayoría social” para contraponerla a la incuestionable mayoría democrática expresada en las urnas. Yo no sé lo que es la “mayoría social”, pues en democracia la única mayoría es la de las urnas.
Derecho a la huelga y derecho al trabajo
Otro aspecto de la fraseología de la huelga son los llamados “piquetes informativos”. Según el diccionario de la RAE piquetes son “grupos de personas que pacífica o violentamente, intenta imponer o mantener una consigna de huelga”. ¿Es necesaria la violencia en una huelga? La Constitución Española (art. 28, 2) establece el derecho a la huelga, al tiempo que señala que una ley garantizará y regulará los “servicios esenciales de la comunidad”, o sea los servicios mínimos. Hasta hoy ningún gobierno, ni del PSOE ni del PP se ha atrevido a presentar a las Cortes un proyecto de Ley Orgánica sobre la huelga. Los servicios mínimos se negocian cada vez que hay huelgas, sin que haya una normativa general.
Pero el artículo 35 de la Constitución afirma que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”. ¿Cuál de los dos derechos, el de la huelga o el del trabajo debe prevalecer? He ahí una cuestión que la ley debería aclarar pues en las huelgas generales la actuación de piquetes tolerados por las autoridades consigue que prevalezca el derecho a la huelga. Hay una colisión de derechos que convendría poner en claro.
“Soberanía limitada” en economía
Y otra pregunta que hay que hacerse: el sindicalismo español ¿responde a las exigencias de defensa de los trabajadores y del empleo? En la huelga general del 29-M se escucharon toda clase de discursos que más se parecían a la demagogia de tiempos de la República o de principio del siglo pasado que del presente. Hoy España vive en una economía globalizada y encorsetada por unos criterios que se le imponen desde Bruselas, es decir que en el terreno económico España vive en una “soberanía limitada”, y en estos momentos limitadísima, pues corre el riesgo de ser intervenida de no cumplirse las exigencias que proponen (y hasta imponen) Merkel, Sarkozy y Draghi (presidente del Banco Central Europeo). Estos quieren reformas realistas y una de estas reformas necesarias era la reforma laboral, tal como se ha hecho. Por eso hay que preguntarse si España tiene alternativa a la actual ley de reforma laboral. Creo que no.
Los sindicatos pierden en esta reforma importantes privilegios, entre ellos la financiación que procedía de los cursos de formación y la pérdida del privilegio que existe especialmente en las distintas administraciones y grandes empresas de sindicalistas llamados “liberados”, es decir trabajadores y funcionarios cuyo trabajo es “hacer de sindicalista”. En la conselleria d’Ensenyament de Barcelona hay más de 200 funcionarios “liberados” es decir que trabajan como sindicalistas y cobrando de la administración. Los sindicatos han de ser, ciertamente, una herramienta esencial para la defensa de los derechos de los trabajadores, y así lo establece la Constitución, pero no habla de “liberados” para realizar el trabajo de defensa de tales derechos ni de la financiación de los sindicatos. Hay que resolverlo.
Por eso, en la huelga del 29-M ¿se defendía más los derechos de los sindicalistas que los de los trabajadores, cuando hay un paro de más de cinco millones de personas? Esta era una primera anomalía de la huelga. La otra anomalía fue que los partidos de izquierda (PSOE e IU-ICV) se sumaron en masa a la huelga, con lo que terminó por ser una huelga contra el gobierno en general, una huelga política. Por eso, muchos ciudadanos (trabajadores, claro está) no se sentían identificados con la convocatoria de la izquierda que perdió las elecciones españolas hace tres meses.
Hoy muy pocos dicen que las políticas de gasto del anterior gobierno llevaban a la bancarrota española, pues en los siete años y medio que gobernó generó un déficit acumulado en el Estado de 300.000 millones de euros: es una cifra escalofriante. ¡Si hoy los tuviéramos! La mayoría de este déficit fue por no tomar las medidas oportunas (reformas) cuando llegó la crisis.
La violencia
Sin mirar al pasado, los españoles hemos de ser conscientes que con la crisis hemos perdido un 40 por ciento del poder adquisitivo de nuestros ingresos. Quien piense que esto se resuelve como en Grecia saliendo a la calle con una huelga tras otra, o bien quemando contenedores, haciendo barricadas, o rompiendo los cristales de los comercios, o incendiando edificios, va muy equivocado. En cuanto a la violencia, creo que el gobierno catalán debería ser consciente de que Barcelona no puede ser el refugio de los anti-sistema de Europa, que cada vez más organizados le están tomando el pulso a los mossos d’esquadra. Las manifestaciones deben organizarse con “violencia cero”, civilizadamente.
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