Estamos viviendo unos
momentos históricos importantes. Estamos en una prórroga del Estado de Alerta,
conseguida con un pacto con EH Bildu que impone la derogación total de la
reforma laboral de 2012.
Vivimos en una
excepcionalidad constitucional que da manos libres al Gobierno para hacer casi
todo lo que quiera, no sólo sobre el coronavirus, sino en gran parte de la
gobernanza, sin contar con la Cortes, el poder legislativo, que parece que solo
actúa para el control al gobierno y para votar un nuevo periodo del Estado de
Alerta. Esto ya, de por sí, crea una auténtica inseguridad jurídica. Esperemos
que no dure más. Ha sido bueno si con ello se ha conseguido preservar la salud
de la población frente al contagio del coronavirus.
Sin embargo, hay
problemas de fondo que dejan muy intranquilos a los muchos ciudadanos. El
problema de fondo es que el PSOE de Pedro Sánchez, ahora junto con Podemos de
Pablo Iglesias, quieren poner a todo el Estado al servicio del Gobierno.
Quieren poner a las instituciones del Estado al servicio del Gobierno.
Primero comenzó con el
nombramiento de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General
del Estado. Y la Abogada General del Estado –que debe defender al Estado y no
al Gobierno—Consuelo Castro Rey, está al servicio de La Moncloa, como se vio en
el juicio a los independentistas, por una parte, y ahora al posicionarse contra
la jueza (¡!) que instruye la investigación judicial sobre posibles
responsabilidades al autorizarse la manifestación feminista del 8-M. La
manifestación feminista del 8-M es el nudo gordiano ideológico del actual
Gobierno: la defensa del feminismo, de un feminismo radical. En Barcelona el 14
de febrero ya se suspendió la feria mundial del móvil, el Mobile World
Centre, por el coronavirus.
Ahora se acaba de
descabezar a la Guardia Civil, con tres ceses fulminantes en su cúpula. Podemos
ya ha dicho que no le gusta nada la Guardia Civil, y no digamos el mundo
independentista, tanto catalán como vasco, que son los que gobiernan ahora
España con el PSOE. ¿Quiere el Gobierno que la Guardia Civil se reduzca a un
cuerpo civil, como es la Policía Nacional? ¡Si levantara cabeza el Duque de
Ahumada, su fundador! ¿Se pretende una Guardia Civil que prevarique e informe a
sus superiores de los casos judiciales que tiene entre manos? ¿A qué viene
anunciarles un aumento de sueldo que esperaba la Guardia civil desde hacía tres
años, acordado por el gobierno de Mariano Rajoy con los sindicatos del cuerpo?
Y en pleno Estado de
Alarma, viene la noticia de Nissan diciendo que se va de Barcelona, cierra las
tres fábricas de Barcelona, dejando sin empleo a unos 2.700 trabajadores
directos y 25.000 indirectos (las industrias auxiliares del automóvil). Pedro
Sánchez prometió empleo seguro a los trabajadores.
Y como para arreglar las
cosas, o para demostrar que España es su cortijo, el vicepresidente del
gobierno, Pablo Iglesias, dice en el Congreso, nada menos que en la comisión
para la reconstrucción tras el coronavirus, que puede nacionalizar Nissan, pues
“las nacionalizaciones no son de derechas ni de izquierdas”. Es un aviso a
navegantes, a posibles inversores en España: el Gobierno puede nacionalizar
empresas.
Lo dicho por Iglesias, no
solo es una estupidez nacionalizar Nissan, pues no sabemos de dónde sacará la tecnología
Nissan el señor Iglesias. ¿O quiere crear un automóvil “made in Spain”?
En el sector del
automóvil, especialmente en Barcelona, llueve sobre mojado. La segunda teniente
de alcalde del Ayuntamiento, Janet Sanz, de Podemos versión catalana y concejal
de urbanismo y movilidad, anunció su negativa a reactivar el sector
automovilístico porque “contamina”, especialmente el Grupo Volkswagen. ¿Es un
anuncio para decir que se vaya SEAT de Barcelona? El sector de la automoción
reaccionó en bloque pidiendo su dimisión.
No todo acaba aquí.
España ha sido y es uno de los principales fabricantes de automóviles del
mundo: aquí están SEAT, Volkswagen, Ford, Opel, Citroën, Peugeot, Renault,
Nissan… El gobierno francés, ante la crisis del coronavirus ve que sus fábricas
automovilísticas pasarán muchos apuros y ha decidido apoyar al sector con 8.000
millones de euros. Alemania ha decidido apoyar a su empresa aérea de bandera,
Lufthansa, con 9.000 millones de euros… al tiempo que España anulaba la reforma
laboral.
Eso no acaba aquí. El
Gobierno piensa pagar la factura del coronavirus subiendo impuestos, entre
ellos 30 céntimos la gasolina y al gasoil, para más inri.
El país se está
desindustrializando y aquí, desde una vicepresidencia del gobierno se nos dice:
vamos a nacionalizar. ¿Y si se van las francesas Citroën, Peugeot y Renault? ¿Y
Ford? Si vamos a reconstruir el país, dándose los políticos puñetazos unos a
otros, lo que hacemos es mandarlo a la ruina. Y no hemos hablado de Galicia, de
Lugo en concreto.
Y porque no hablamos del
turismo, pidiendo cuarentenas a los que vienen de fuera hasta mitades de junio.
Y del comercio que un 20 por ciento cerrará…
No puedo alargarme más y
no me gustan las tristezas. Pero sí poner en alerta al ciudadano, a los
gobiernos, para que gobiernen y dejen de decir y hacer estupideces y tonterías.
Que vuelva a funcionar el Congreso y el Senado, y la Justicia sin que sea acosada por el Gobierno cuando investiga o sentencia algo que no le gusta. No más
peleas y no más populismo. Creo que los ciudadanos merecemos más, mucho más,
con la que hemos pasado y con la cuestionable gestión que hemos sufrido durante
el coronavirus.
¿Adónde va España?
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