Sentencia Supremo: los condenados podrán recibir beneficios penitenciarios desde Navidad

(Pido perdón porque este artículo fue confundido con otro de Erdogan  y Siria)

Una tristeza generalizada ha causado, en el mundo independentista, la sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia ha sido considerada “desproporcionada”, y aunque se pidió la absolución, nadie la esperaba tan dura. Claro que no han sido los 25 años que pedía la fiscalía, pero tampoco los tres o cuatro años que esperan los independentistas.

“Estamos tristes”, han dicho unos. Y otros, “estamos indignados”. Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, ha dicho desde la cárcel de Els Lledoners que había ganas de “venganza” y en consecuencia “no hay otra opción que construir un nuevo Estado, el catalán. Junqueras ha sido el más castigado, por ser el de mayor responsabilidad política y personal, al ser conseller de Economía en octubre de 2017.

Lo mismo han dicho los de su partido y, por supuesto, los de Junts per-Catalunya, el partido de Carles Puigdemont y de Quim Torra, el President. Este ha dicho, en su enésima “declaración institucional” que la sentencia le parece “injusta y antidemocrática” y por lo tanto, como dice también Puigdemont, hay que activar el tsunami democrático (com

o si los tsunamis, que no respetan a nadie ni nada, udieran ser democráticos).

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en plena precampaña electoral, ha dicho “no” al indulto y ha defendido el fallo del Tribunal Supremo, que dicho sea de paso se ha quedado en mitad de camino entre una sentencia severa y otra benévola.

¿Por qué Pedro Sánchez ha alejado la vía del indulto? Es sabido que la amnistía es imposible porque lo impide la Constitución, a pesar de que hoy en las calles se gritaba “amnistía”. El indulto, que solo puede conceder el Gobierno si la solicitada cada uno de los condenados en sentencia firme, ya no sirve.

De acuerdo con la sentencia hecha pública hoy, los condenados, los nueve condenados, podrán beneficiarse del tercer grado si han cumplido la cuarta parte de la condena (llevan ya dos años en la cárcel). Es decir que los Jordis, Jordi Cuxart y Jordi Sánchez podrán tener el tercer grado por Navidad. A todos los demás, les queda como máximo un año de prisión sin el tercer grado, salvo Junqueras (un poco más). Así mismo, en ese año podrán gozar de todos los beneficios penitenciarios que les otorgue la administración de Justicia, o sea el juez de vigilancia penitenciaria. Esto significa permisos por motivos familiares y personales que no están limitados.

Claro que el tercer grado no es la absolución, pero ya no es estar cada día y todo el día en prisión. En otras palabras, la condena la han cumplido con esos dos años que han sido más estrictos. A partir de ahora habrá muchos permisos de salida para todos. Sin embargo, la inhabilitación para cualquier cargo público se mantiene, y por tanto deberán salir de las listas electorales los que han sido condenados.

O sea, en resumidas cuentas, no hay para tanto. Lo duro ha pasado. Ahora hay que mirar el futuro y que a nadie se le vuelva a ocurrir hacer otra DUI (Declaración Unilateral de Independencia), que divide a los catalanes, hace sufrir a centenares de miles o millones de ciudadanos, y el país vive en una anormalidad que no merece el ciudadano medio.

¿Y Puigdemont? Se le ha activado de nuevo la euroorden, por parte del magistrado del Supremo, Pablo Llarena.

Mientras tanto, y como estaba preparado, se ha ido al aeropuerto, a paralizarlo, es decir a acciones a lo Hong Kong. Y a cortar carreteras y vías principales de las ciudades. En el aeropuerto se han cancelado veinte vuelos ¿Otra vez violencia? Esperemos que termine la jornada pacíficamente. Nada hay que ganar “ocupando” el aeropuerto, buscando heridos y titulares de prensa. Al final, esto se paga, de un modo u otro. ¿Habrá otra gran manifestación?

¿Y qué dicen los de fuera? La prensa internacional es más bien aséptica, aunque a nadie le gusta que haya condenados. A nivel institucional, Europa ya ha dicho, por boca del presidente de la Comisión, Jean-Paul Juncker, que “respecta plenamente” el “orden constitucional español”. Amén.