La mayoría soberanista o independentista del Parlamento de
Catalunya sigue con las espadas en alto. A muchísima gente de fuera de
Catalunya --a juzgar por la opinión publicada en los medios-- les parece que
insistir en la idea de que Puigdemont sea reelegido presidente de la
Generalitat es ganas de perder el tiempo. Los juegos malabares de los fieles a
Puigdemont son divertidos para sus seguidores, pero no para todos los catalanes.
Carles Puigdemont, con tantos abogados, consejeros y amigos
que le rodean , mantiene en suspenso la futura legislatura de la Generalitat
que emana de las elecciones del 21-D. Después de las declaraciones judiciales
de los “jordis” y del ex conceller de Interior, Joaquim Forn, carece de sentido
insistir que tanto el referéndum del 1-0 como la proclamación de la República
catalana a través de una DUI (Declaración unilateral de Independencia) siguen
siendo válidos y sobre ellos (incluye los quebrantamientos legales de la Constitución
y el Estatut) debe basarse el futuro gobierno catalán independentista.
Las elecciones del 21-D se han hecho en el marco de la
Constitución Española y del Estatut y por lo tanto el presidente que será
elegido lo será en virtud de ese marco jurídico. Y según este, el presidente de
la Generalitat es el representante del Estado español en Catalunya, y su
nombramiento debe ser sancionado por el rey Felipe VI. ¿Alguien puede pensar
que el Rey sancionará el nombramiento de un President que es un fugitivo de la
Justicia y actúa fuera de la ley?
Al llegar a este punto, y después de que Carme Forcadell ha
decidido pasar página, de que el ex conseller Carles Mundó-- como hizo la ex
consellera Meritxell Borrás-- se retira
a su vida profesional y privada, y que el propio Artur Más da otro “paso al
lado” dimitiendo de presidente del PDECat, ¿tiene sentido que Puigdemont
continúe queriendo ser investido sin volver a Catalunya y mareando la perdiz
con salidas cada vez más esperpénticas?
Está claro que si el Parlament elige a otro President, se
acabó la chance a Puigdemont y carecerá de sentido reclamar la legitimidad de
un cargo autodenominado “Presidente de la República” catalana, pues carece de
toda lógica restaurar el pasado reciente en que el Parlament burló sus propias
leyes. Es política-ficción.
Es cierto que la mayoría del Parlament es independentista
–no así la mayoría de sus votantes—pero no es menos cierto que Puigdemont
Carles Puigdemont no puede volver a Catalunya, es decir a
España, y que la justicia mire a otro lado, pues los delitos de los que es acusado
son muy graves, entre otros ser fugitivo de la justicia. Cuando tomó la
decisión de ir a una DUI, ya sabía que si perdía esta apuesta política lo que
le esperaba.
Sería cuestión de preguntarse: ¿Puigdemont defiende al
pueblo de Catalunya y se defiende a sí mismo para no ir a prisión como han
hecho otros compañeros suyos? Hace dos años presentó su “hoja de ruta” hacia el
independentismo unilateral, valiéndose de las atribuciones que le daba la
autonomía más amplia de Europa, y fracasó. Le cayó encima el 155. ¿Qué más
quiere probar ahora?
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