Todo el mundo me pregunta, oye ¿cómo va a acabar eso? No
tengo la respuesta, porque cuando los conflictos se ponen en marcha, pararlos
es muy complicado. Y esto es lo que han hecho los independentistas herederos de
Jordi Pujol, con algunas ayudas del gobierno central (no crear
infraestructuras, no acceder a un nuevo modelo de financiación, tolerando o
mirando a otra parte en el referéndum del 9-N…).
Pero el desafío a la Constitución y a la ley, junto con la
campaña por tierra, mar y aire del gobierno catalán a favor de un referéndum
(que ni siquiera estaba en su programa electoral) y descreditar a nivel
planetario España, es obra solo de los dirigentes independentistas instalados
en un radicalismo contra el Estado: el Estado español es lo peor de lo peor, que solo amenaza,
es antidemocrático, “ahoga” a los catalanes… Y así desde hace cinco años muchos
independentistas están “hartos de seguir dentro del Estado español” y gritan:
“¡por qué no nos vamos ya!”.
Ahora hay que consumar lo que se empezó: aprobar las leyes de
desconexión con un Reglamento del Parlament
que impide enmiendas y debate. Contra estas leyes se han pronunciado no
ya el TC, el Consejo de Estado, el Gobierno de España, la oposición (PSOE y Ciudadanos), sino los mismos organismos de
la Generalitat, como los letrados del Parlament, el Letrado Mayor, el Consell
de Garantías Estatutaria (una especie de Tribunal Constitucional catalán, pero
consultivo).
Y es que es de sentido común. ¿Para qué existen los parlamentos
si no es—como su propio nombre indica—para hablar, concertar, intercambiar
puntos de vista, mejorar los proyectos que se presentan con la aportación de
muchos? Si son de lectura única y sanseacabó, y la oposición es un convidado de
piedra ¿a qué tantos diputados, mesas, comisiones, letrados, funcionarios, etc.?
¿Dónde está el estado de derecho –que tanto reclaman-- que impide hablar a la
oposición? ¡Y eso en leyes fundamentales!
La pregunta clave en estos días es: ¿se celebrará el
referéndum de autodeterminación? El 1-O algo habrá, aunque no se sabe si un
referéndum con escasa participación, o acciones masivas de personas que
ocuparán edificios públicos, o huelgas del hambre… Algo ha de haber.
Que la situación catalana preocupa a los más altos
responsables españoles, desde el Rey, al Gobierno y a la gran mayoría de
parlamentarios, es evidente. Pero no hay que cometer otra vez el error de
llegar tarde. Aquí muchos miles de personas están convencidas de que habrá
referéndum y otros muchos miles de que
no lo habrá. Unos y otros lo creen de forma firme y sin fisuras.
Por el momento, la CUP –mezcla de anarquistas, trotskistas y
radicales de todo tipo—ya ha empezado por la “kale borroka” como demostró en el ataque al “bus turístico” de
Barcelona, amenazando a pasajeros, chófer, pinchando ruedas… ante el silencio de Ada Colau (En Comú Podem).
La CUP siguió dos días después con un escrache ante el Cuartel de la Guardia
Civil de Barcelona. Pero aquí la cosa ya no resultó gratis: salieron otros
defendiendo la presencia de la Guardia Civil, entre ellos víctimas del atentado
de Hipercor de ETA (21 muertos).
Sin embargo, la prensa –incluso la no independentista—habla
de que estas acciones las hacen el grupo “Arran”
que dicen “cercano” a la CUP, cuando es su núcleo duro. En el escrache ante la
Guardia Civil estaban siete de los nueve diputados de la CUP. Es el decir que no se dice y utilizar la ambigüedad como vehículo principal.
Todo esto ocurre mientras se va “limpiando” la
administración catalana de cargos poco afectos a la declaración de
independencia unilateral. Es un goteo. Ya solo quedan los más radicales.
Hay preocupación en la policía autonómica, en los
funcionarios, ¡y en algunos diputados también! Hasta el punto que tuvieron que
ir a firmar la presentación de la ley del referéndum todos juntos, porque no se
fiaban que en la votación cumplirían la disciplina de voto.
Si a eso sumamos que los independentistas no tienen ningún
apoyo internacional más que algún diario de renombre que pide diálogo (lo piden
hasta los españoles), al gobierno de Rajoy le da la seguridad de que si sigue
por la vía legal tiene todo el apoyo internacional, a excepción, claro está, de
la Venezuela de Nicolás Maduro.
Un error de enfoque del independentismo, desde el principio,
es haber confundido el Estado español con Mariano Rajoy y con el Partido
Popular. El Estado es mucho más que un gobierno o un partido: son sus
instituciones todas, y dentro de ellas las Cortes que incluyen a varios
partidos constitucionalistas que conforman una gran mayoría en las dos cámaras
y que no aceptan el independentismo. Por eso Puigdemont rechazó ir a hablar al
Congreso. No se hubiera encontrado a gusto… porque no quería debate. Como ahora
con el referéndum.
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