En Catalunya existe una
sensación de alegalidad en lo que a los temas políticos respecta, que puede
abocar a que dentro de unos meses sea un país sin Ley. Los temas deben
resolverse “políticamente”, no en base a constituciones, leyes orgánicas, leyes
generales, decretos o sentencias y autos judiciales.
En Catalunya todos tienen
razón, pero los independentistas tienen –creen tener-- la razón absoluta,
debido a que los que no lo son tampoco salen a la palestra a defender otra cosa
con un mínimo de criterio y autoridad moral. Cuando interviene públicamente el
presidente de la Generalitat en el Parlament, un largo alegato contra España
está asegurado.
Es cierto que el problema
catalán no es “solo” un problema de legalidad, sino que también es un problema
político, que por no haberlo abordado hace unos cinco o seis años, en la era
José Luis Rodríguez Zapatero (con la sentencia del Tribunal Constitucional
contra el Estatut). En la época de Rajoy la situación ha empeorado porque no ha
buscado soluciones políticas y se ha ceñido a sentencias y querellas criminales.
Con ello no quiero decir,
ni mucho menos, que le ley no deba cumplirse. Pero solo con la ley en mano no
se resuelven los problemas políticos ya enquistados. Hace falta diálogo,
comprensión recíproca, acciones de Gobierno que lleguen a los ciudadanos, presencia
en los medios públicos y privados de modo permanente y no que venga un ministro
de vez en cuando y suelte una conferencia que ya ha pronunciado en otros
lugares. La gente quiere verse atendida y asistida, y para ello no hay otra
arma que el diálogo en una democracia.
Decíamos que Catalunya se
está convirtiendo en un país sin ley o
instalado en la alegalidad. El gobierno catalán ha anunciado que para finales
de año tendrá listas las leyes de “desconexión” de España, es decir que habrá
un cambio de legalidad. Lo único que será (ya lo es ahora) legal será lo
emanado por el Parlament de Catalunya. Las otras leyes o sentencias simplemente
se van a desobedecer si no concuerdan con el sentir del independentismo. ¿Hasta
cuándo se puede seguir funcionando así?
Esto ya no es un Estado
de Derecho, porque el único derecho que se acepta es el que va concuerda con el independentismo, y el
que va mal no se acepta porque son sentencias emanadas por el “opresor” Estado
español. El gobierno catalán que califica de “políticas” las sentencias
judiciales que no le van bien (lo dice la la portavoz del Govern, Neus Munté,
para quien los tribunales son la longa
manus del gobierno del PP y de Rajoy.
El día 12, Fiesta de la Hispanidad,
decenas de ayuntamientos catalanes –la mayoría pequeños—anunciaron que abrirían
sus puertas y no guardarían fiesta, a instancias de Esquerra Republicana. El
caso de Badalona ha sido paradigmático, con rotura del auto judicial en la
puerta del ayuntamiento,
Hay unas fuertes dosis de
ineptitud por parte del gobierno central al querer afrontar el tema catalán. No
se afronta por la vía del entendimiento, sino por la vía de los recursos y sentencias. No hay diálogo. No vale decir que
hace un año que no hay gobierno, porque hace cinco que el tema catalán se ha ido
enquistándose y la bisoñez política de los gobiernos no lo desenquistan.
Lo más grave del problema
es que a la mayoría parlamentaria independentista (decimos parlamentaria pero
no social) carece de alternativa válida, porque el PSC se ha situado en el
territorio de nadie.
¿Alguien sabe que los
referéndums que se han celebrado últimamente se han perdido todos? Quienes
promueven el referéndum lo pierden, como los escoceses, el Bréxit, Holanda,
Francia, Dinamarca, Colombia, Canadá
(Quebec)… En Grecia se ganó, pero la política que se aplicó fue la contraria al
“sí”. Catalunya puede perder un referéndum, si se pudiera celebrar, pero al día
siguiente los independentistas reclamarían otro.
El actual presidente de
la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ido a Madrid a pronunciar una conferencia
diciendo que quiere pactar el referéndum del próximo mes de septiembre. Va a
Madrid cuando no hay gobierno, y cuando ha dicho que pactado o no el referéndum
lo va a convocar igualmente. Entonces, ¿para qué
sirve hablar?
La presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, ha dicho ya varias veces que “solo” obedecerá las
decisiones que emanen del Parlament de Catalunya, porque es “soberano”, y en
consecuencia desoye cualquier resolución o sentencia que se oponga a lo que
haya aprobado el Parlament, el cual ha votado que quiere desconectarse de
España y ser una República independiente, dentro del marco europeo. Lo que le
falla al independentismo es el “marco europeo”,
porque la casi totalidad de los países de la UE no aceptan la independencia de
Catalunya, al menos por ahora.
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