Andorra ante una encrucijada: una ley del aborto puede cambiar la Constitución

(Aleteia.org/es) El pequeño país de Andorra se encuentra ante una encrucijada de gran envergadura para los 80.000 andorranos que viven en estos valles pirenaicos situados entre España y Francia. El Partido Socialdemócrata (PS) –que está en la oposición y tiene 6 diputados (consellers) frente a los 22 de DA (Demócratas de Andorra), partido gobernante—ha planteado instar un referéndum nacional para poder cambiar el sistema constitucional de Andorra, eliminando los dos co-principados, porque quiere aprobar una ley sobre el aborto, como declaró en el Diari d’Andorra el presidente del grupo Socialdemócrata en el Consell o Parlamento, David Ríos, precisamente el pasado 8 de septiembre, día de la fiesta nacional, la Virgen de Meritxell. El PS lo aprobó en su congreso del pasado mes de junio por mayoría simple. Y no sólo eso, sino que se aplicarían las políticas de género en boga en el continente  europeo y en los despachos de la ONU, como son los matrimonios homosexuales y la escuela única y mixta, entre otras. Al aborto se opone la Mitra, el obispo-arzobispo Joan Enric Vives, que es co-príncipe de Andorra, caso único en la Iglesia católica donde un obispo tiene digamos un “poder”, aunque sea moderador, de orden temporal, desde el año 1276. Según la Constitución andorrana aprobada en 1993, este pequeño estado de 464 kilómetros cuadrados que vive del turismo y del comercio, se rige por dos co-principados –que reinan pero no gobiernan—: el presidente de Francia (en estos momentos François Hollande), y la Mitra, o sea el obispo de Urgel (actualmente monseñor Joan Enric Vives i Sicília). Es un caso muy singular, que procede de una tradición más que milenaria, en la que se disputaban el territorio el conde de Foix (Francia) y el obispo de Urgel. Los andorranos, celosos siempre de mantener su independencia, ya sea frente a España o Francia, han funcionado así durante casi ocho siglos. En cuanto al aborto, la Constitución de Andorra, en su artículo 8, “reconoce el derecho a la vida y la protege plenamente en sus distintas fases”. El legislador quiso dejar claro en 1993 que Andorra no quería el aborto, y por eso el inciso “en sus distintas fases”. Dicho lo anterior, el origen de la controversia no está en el Partido Socialdemócrata, que carece de fuerza suficiente en el Consell o Parlamento (el referéndum debe aprobarse por una mayoría de dos tercios, según el artículo 106 de la Constitución), sino en un Comité de la ONU, con sede en Ginebra, llamado CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer), creado dentro de la Convención CETFDCM para la defensa de los derechos de la mujer. Esta Convención en ninguno de sus artículos habla del aborto, y mucho menos  como uno de los “derechos de la mujer”, sino que protege ampliamente la maternidad, y sin embargo el Comité CEDAW pide a Andorra que reconozca legalmente los tres supuestos del aborto. Es más, crítica en su informe el artículo 8 de la Constitución porque supone "una limitación de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres”.  Es decir, según el Comité, hay que cambiar la Constitución, porque en ella no cabe el aborto. Hay que destacar que este Comité, según establecen sus estatutos, está formado por “23 expertos” elegidos por los estados, pero que “no representan” a estos estados, sino que están ahí “a título personal”. En Andorra sorprende que un pequeño Comité que emana de la Convención para la defensa de los derechos de la mujer de la ONU pueda imponer su criterio sobre la Constitución y las leyes de un país democrático. Es una gran paradoja que “23 expertos” que no representan a nadie más que a sí mismos quieran imponer una ley de género en un país soberano y democrático. Estamos “ante la dictadura de las

políticas de género” de este Comité, y de algún otro de la ONU, el cual además pide a Andorra que para el 2017 tenga aprobada una ley del aborto.

                
De hecho, el obispo de Urgel y co-príncipe, monseñor Joan Enric Vives, ya declaró en la televisión pública andorrana el pasado 25 de noviembre que considera “inapropiado” el informe del Comité, y añadió: “los andorranos siempre hemos tenido mucho sentido común para tratar los temas candentes y no debemos permitir que nadie nos diga desde fuera cómo debemos organizar nuestro país o nuestro cuerpo legislativo”.

Visita al Papa

En este estado de cosas, el presidente del gobierno de Andorra, Antoni Martí, se entrevistó el pasado 6 de septiembre con el Papa Francisco y con el cardenal secretario de Estado, monseñor Pietro Parolin, y ambos constataron el buen estado de salud del Concordato de 2008 entre la Santa Sede y Andorra.

Decía el comunicado del Vaticano: “En el transcurso de los coloquios, desarrollados en un clima de cordialidad, se han mencionado las tradicionales buenas relaciones entre la Santa Sede y el Principado de Andorra, consolidadas con el Acuerdo ratificado del 12 de diciembre de 2008, que tenía por objeto desarrollar la cooperación mutua entre la Iglesia Católica y el Estado. A continuación, se trataron algunos temas de interés común en el ámbito social”. Es decir que la Santa Sede, siguiendo el principio jurídico de pacta sunt servanda, deja las cosas como están.

Días antes, Antoni Martí se entrevistó con el presidente español Mariano Rajoy, y visitó al presidente francés François Hollande en 2012 y 2013.

El citado Comité de la ONU ya se ha metido en distintos líos, entre ellos que se ocupa más de pequeños países, como el caso de Andorra, que de casos realmente flagrantes como son los que ocurren en los países islámicos o en países africanos, permitiendo que los derechos de las mujeres sean anulados casi completamente.

¿Por qué han de meterse con Andorra? En este pequeño país, con un alto nivel de vida (35.000 dólares de renta per cápita) y hasta hace muy poco un paraíso fiscal, las mujeres que quieren abortar se van generalmente a Barcelona (España) o a Toulouse (Francia). Se trata por lo tanto de un problema ideológico en que un Comité de la ONU quiere imponer su ideología de género por encima de la Constitución democrática de Andorra aprobada hace sólo 20 años.