¿Es necesario un banco público catalán?

Para finales de junio habrá noticias sobre las gestiones que el gobierno de la Generalitat está haciendo ante el Banco de España y los primeros contactos con el Banco Central Europeo (BCE) con el fin de explorar la posibilidad de que el Institut Català de Finances (ICF) se convierta en un banco público catalán, aunque sin capacidad de acuñar moneda, lo que supone una situación extraña en Europa. ¿Quiere la Generalitat una ficha bancaria pública? El Banco de España es reacio a una cosa de este tipo.

Artur Mas y su gobierno no tienen claro que ahora se gaste mucha saliva y se hagan muchas gestiones para conseguir el banco público, porque hay otras prioridades y porque el panorama financiero europeo no está por la labor. Pero como lo firmó con Esquerra Republicana en el pacto para la gobernabilidad de Catalunya, tiene que hacer los gestos necesarios para sacar adelante este acuerdo que figura en tercer lugar, tras la consulta por el Derecho a Decidir y la Hacienda propia para Catalunya. Además el banco público catalán sería en el futuro una herramienta más en la construcción del Estat Català.

Cabe preguntarse: ¿Es necesario un banco público catalán ahora? La posición de Esquerra Republicana, siempre partidaria de la presencia de lo público en todos los sectores básicos de la sociedad frente a lo privado (bancos, medios de comunicación, enseñanza, sanidad, transportes, etc.), quiere articular en torno a la figura del ICF una herramienta financiera a favor de la economía catalana, en especial para las pequeñas y medianas empresas. Ya lo presentó el diputado de ERC Pere Aragonès en la pasada legislatura, pero la disolución del Parlament hizo decaer su proposición y ahora la recupera. Esquerra, y concretamente Oriol Junqueras, después de las palabras poco entusiastas a favor de un banco catalán de Artur Mas hace dos semanas, ha vuelto a insistir que este banco es prioritario y así figura en los acuerdos CiU-ERC.

¿Por qué un banco pública catalán ahora? Para Esquerra Republicana este banco haría fluir el crédito a las pequeñas y medianas empresas que ahora la gran banca no lo facilita. Esto dicho así suena bien, pero ¿de dónde sacará el dinero? El dinero no puede salir de las arcas públicas catalanas, porqué están agotadas, con fuertes endeudamientos y debiendo recurrir al FLA, a los fondos de liquidez autonómica del Estado.

Por otro lado, en un país tan pequeño como Catalunya, la existencia de un banco público se presta a clientelismos, amiguismos políticos y en definitiva poca profesionalidad.  La Sindicatura de Comptes cuestionó el pasado mes de abril al ICF por los 84 millones inyectados en la compañía aérea Spanair que cerró, y criticó que había créditos que se daban sin un dictamen favorable, y analizó las operaciones con Filmax y con la gestora GVC-Gaesco, donde al parecer prevalecieron criterios más políticos que profesionales. En la época de las mayorías absolutas de CiU se habían dado también casos polémicos en la concesión de créditos. Ya sabemos que nadie es perfecto y que todo el mundo puede equivocarse.

Actualmente el ICF tiene créditos, avales y apoyos a otros créditos a empresas y entidades, parfa el sector industrial y agropecuario, por valor de algo más de 813.000 millones, una cifra modesta si hablamos del sector crediticio. Si, como se pretende, la cifra aumenta de manera importante, los créditos y avales serán superiores, y si el ICF no los recupera ¿quién pagará los platos rotos? El erario catalán, claro.

Estamos saliendo de la gran crisis de las cajas de ahorro, unas cajas que deben su triste final a una gestión politizada en las distintas autonomías, con consejos de administración donde había más políticos que técnicos y que se han hundido por falta de profesionalidad al conceder créditos sin demasiada garantía y muchas veces llevando a cabo financiaciones faraónicas como el caso de Castilla La Mancha, por citar solo un un ejemplo.  En otras ocasiones se confundió lo público con lo privado, saliendo los dirigentes con los bolsillos bien llenos, a pesar de que desde su origen las cajas tenían que realizar un servicio social, concediendo a los pequeños ahorradores y empresarios créditos a cómodos intereses frente a los abultados intereses de la banca privada. Eran las cajas una banca de proximidad, sin afán de lucro, y cuyos beneficios se repartían en la cercana comunidad en la que vivían. Cuando se descapitalizaron se apoyaron en vender a sus clientes las famosas “preferentes” y ahora su saneamiento ha costado al Estado decenas de miles de millones de euros.

Desde el punto de visto técnico y legal,transformar el Institut Català de Finances en un banco público catalán no es demasiado complejo, pues haría falta una ley que lo aprobara el Congreso de los Diputados (lo cual es hoy por hoy impensable) o la autorización del Banco de España, lo cual es hoy por hoy poco probable que lo conceda.
En España ya existen entidades públicas de crédito, como son las cooperativas, los bancos, las cajas de ahorro (ya apenas quedan) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como otras instituciones crediticias, pero no existe ningún banco público perteneciente a una comunidad autónoma ¿imitarían las otras CC.AA. a tener un banco público? Es un problema.  Los tres diputados de las CUP van mucho más allá y piden que haya una fusión entre Catalunya/Caixa y el Institut Català de Finances. ¡Esa sí que es gorda!

Por los motivos expuestos anteriormente pensamos que ahora no es el momento de plantear un banco público en Catalunya, pues con el escaso dinero que circula no se pueden hacer muchos malabares, ya que al final las cifras deben cuadrar, y cuadrar bien, sin arquitecturas financieras o malabarismos políticos.