El movimiento que más presencia tiene en España, al
margen del sistema político formal, es la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH), liderado por la catalana Ada Colau, de 39 años, conocida
activista de diversos movimientos y acciones de los antisistema, como la
ocupación de los consulados de Francia y Suiza en Barcelona contra la reunión
del G-8. Ha estudiado en la Facultad de Filosofía de Barcelona, pero no ha terminado
la carrera. Su ocupación trabajar en la plataforma Observastori DESC (Derechos
Económicos, Sociales y Culturales) que agrupa a movimientos reinvindicacionistas
y que preside Jordi Borja, conocido urbanista y político militante y dirigente del
partido comunista catalán (PSUC), del que ha sido parlamentario, y del PCE
(Partido Comunista de España).
La plataforma PAH ha levantado adhesiones a causa de
la pasividad de la clase política española y de la sociedad civil, en relación
al gravísimo problema que tienen las cerca de 500.000 familias desahuciadas o
expulsadas de su vivienda al no poderla pagar, dentro del marco de la crisis
inmobiliaria y financiera en que vive España desde el 2007. Este movimiento
popular rápidamente ha tenido adeptos al reclamar la plataforema PAH una
“vivienda digna” para todos los españoles, como establece el artículo 47 de la
Constitución de 1979 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La causa de estos desahucios está en que las
entidades financieras concedieron alegremente hipotecas en los últimos años,
sin que ni los gobiernos del PSOE y del PP regularan la Ley Hipotecaria, y sin
que el Banco de España frenara la codicia de las cajas de ahorro y de los
bancos en la concesión de hipotecas a un valor por encima incluso del valor
real de la vivienda, y también con cláusulas claramente abusivas.
La pasividad de la clase política y de la sociedad
civil –y ante lo que era una tremenda injusticia en la aplicación de la vieja
Ley Hipotecaria Española que favorece a bancos y cajas— un juez de Barcelona, José
María Fernández Seijo, presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, porque la Ley Hipotecaria española por no se ajustaba al derecho
europeo. Este tribunal dio la razón a la
demanda (este año 2013) y declaró que la Ley Hipotecaria Española debe
adecuarse a la legislación Europea.
El gobierno español finalmente entendió que estaba en
falso legalmente y no podía seguir apoyando los requerimientos del sector
financiero que vive alarmado con este problema, ya que en el activo de sus
balances—en bastantes casos—figuran el valor real de las hipotecas que coincide
con el valor antiguo de los pisos cuando hoy tienen un valor entre un 40 y un
60 por ciento por debajo del precio al que se tasaron.
Mientras tanto, la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca pidió que no hubiera más desahucios en España y recogió más de 1.400.000
firmas para presentar una proposición de Ley al Congreso que contempla la
dación del piso en pago de la hipoteca (hasta ahora el desahuciado debe seguir
pagando la hipoteca aunque ya no pueda vivir en el piso) y efectos retroactivos
para los desahuciados hasta hoy. Al mismo tiempo la plataforma ha dicho a
quienes no pueden pagar la hipoteca que dejen de pagarla, y algunos jueces han
aceptado la dación de la vivienda como pago, y han denunciado cláusulas
abusivas en el contrato de hipoteca y por lo tanto han aceptado el impago de la
misma.
Actualmente una comisión parlamentaria, con la
representación de todos los grupos –el Partido Popular tiene mayoría
absoluta—estudia la fórmula para llegar a un consenso sobre la nueva Ley
Hipotecaria española teniendo en cuenta también el proyecto presentado por la
iniciativa popular (ILP).
Mientras tanto han comenzado los escraches, un
sistema de protesta importado de Argentina y Uruguay, que consiste en manifestarse
delante de las sedes del Partido Popular que gobierna y delante de las
viviendas particulares de los políticos de este partido , en protesta por los
desahucios. En estas protestas, que la
plataforma dice que son pacíficas, en realidad se oyen toda clase de insultos
muchas veces ante las viviendas familiares de diputados del PP, dejando
pegatinas insultantes en la puerta y en el edificio de la casa particular. Este
sistema de protesta se ha puesto en cuestión, porque supone que la Plataforma
impide la libertad del político como representante del pueblo y mezcla su
familia y su vida privada en un tema del que personalmente no es responsable,
aunque lo pueda ser su partido. El PP asegura que los escraches son manipulados
por la izquierda radical
La justicia en la raíz del problema
En toda esta cuestión cabe destacar que en la raíz
del problema está una causa justa no atendida: el gran daño que se ha hecho a
centenares de miles de familias al ser desahuciadas de sus viviendas
habituales, sin tener muchas veces dónde acudir. A veces estos desahucios han
sido consecuencia de cláusulas abusivas en los contratos, que debieron en su
momento ser denunciadas por las autoridades en la materia, especialmente por el
Banco de España. Y no lo hizo. Es más, en 2007 el gobierno, entonces
socialista, obligó a los notarios y registradores a registrar todas las
viviendas y a no poner objeciones a aquellas que tenían cláusulas abusivas.
La indignación popular es cuando ningún dirigente de
banco o caja de ahorros ha sido condenado por la justicia por la pésima gestión
de su entidad y el haber recibido unos 200.000 millones de euros en ayudas para
el saneamiento de sus activos, sin que de este dinero no haya ido un euro a
quienes se han quedado sin vivienda. Han sido nuevamente las organizaciones
caritativas, como Cáritas y alguna otra entidad religiosa o social, a salir al
paso de los problemas y resolver casos urgentes, y lo han hecho sin hacer
publicidad de sus actos, como siempre. El Estado solo ha empezado a ocuparse
ahora de este tema y de destinar viviendas desocupadas a familias desahuciadas.
Esta falta de sensibilidad con la justicia más
elemental, como el tener una vivienda con un mínimo de dignidad, es lo que ha
creado un problema como el escrache cuyas formas muchos lamentan, y porque el
movimiento está siendo utilizado por la izquierda comunista o los socialistas
radicales. En estos tiempos de recortes del bienestar hay líneas rojas que no deberían pasarse, como
la vivienda. Que nadie se lamente.
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