Manuel Bustos y las tramas del 3 por ciento

¿Por qué en los casos de corrupción no hay políticos, ni banqueros, ni jueces en la cárcel?

            La trama de corrupción surgida en el Ayuntamiento de Sabadell, así como los tráficos de influencia  en Montcada i Reixach y en la Diputación de Barcelona ha preocupado muchísimo en los ámbitos políticos. Desde esta columna no culpamos a nadie, porque, aunque seamos pocos, seguimos creyendo en la presunción de inocencia de todos los inculpados mientras no haya sentencia firme. En consecuencia, no hay que culpar ni al alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ni a cuantos están incursos en un procedimiento de investigación penal por parte de los jueces de instrucción., como el caso de Daniel Fernández, secretario de Organización del PSC.

            Muchos recordarán que el tema de las comisiones del 3 por ciento fue sacado en un debate de control parlamentario por el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall,  quien acusaba a CiU de que al no estar al poder echaba en falta las “tangentes” que cobraba del 3 por ciento. Fue todo un clamor: Artur Mas se levantó y pidió que retirara lo dicho y se puso hecho una fiera, pues si lo sabía exigía que lo demostrara. Maragall, al igual que muchos otros, conocían la música callejera, pero no tenía en mano la partitura ni la solfa para demostrar de dónde había salido, o mejor dicho, de saberlo hubieran salido hechos nada agradables para su partido. En el debate parlamentario recuerdo que el PP y Ciutadans, que nunca han gobernado en Catalunya, acusaron a PSC y CiU de taparse las vergüenzas unos a otros.

            Tras la rectificación de Pasqual Maragall, y pedir una mini-disculpas que Artur Mas consideró “suficientes”, el tema quedó resuelto aunque sigue coleando hasta hoy el run-run popular del 3 por ciento. Ahora ha salido una práctica, que según el Juez Instructor del caso “Mercurio” se practicaba en Sabadell, y que consistía en que las empresas que contrataban con el Ayuntamiento, debían crear un depósito previo, a fondo perdido, para optar a una contratación.

            Debo decir sin ambages, que esta forma de contratación ha sido bastante habitual: dejar un depósito para optar a la contratación, pero eso sí, no siempre con las cartas vistas, y no siempre el depósito era a fondo perdido, sino que no pocas veces se recuperaba posteriormente.

            Hemos escrito en otras ocasiones que España es uno de los países más corruptos de entre los países occidentales. Ya dijimos que La Transparency International, correspondiente al 2011, sitúa España en el país número 31, por encima de Taiwan, Portugal, Bostwana y Eslovenia, y por debajo de Chipre, Estonia, Emiratos Árabes, Francia y Uruguay, por este orden, y con la puntuación de 6,2 sobre 10. Los países más “honestos” son Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Singapur y Noruega que tienen una calificación por encima del 9 sobre 10.

            El caso del PSC es grave, porque es la segunda vez que el Secretario de Organización (número dos del partido) se ve implicado en un caso de corrupción. El primero fue el diputado Josep María Sala, que resultó condenado en sentencia firme por el caso Filesa, y ahora está “implicado” –que no quiere decir culpable—Daniel Fernández en un caso de tráfico de influencias.

            Tenemos en Catalunya pendientes todavía los casos Pretoria, que estalló en los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramanet y Badalona, con dimisiones de reponsables políticos, y sobre todo el caso Palau de la Música, que afecta no sólo a Convergència i Unió, sino también por lo que se ha sabido después a cargos del PSC cuando gobernaba el Ayuntamiento de Barcelona. El caso Palau, curiosamente, sigue en “stand by”, no se mueve, y mientras tanto Fèlix Millet y los principales responsables siguen en la calle por lo que veo muy tranquilos.  

            Si vamos a la administración de justicia, nos encontramos co n algunos jueces que sueltan—“por error judicial”, dicen las crónicas—narcotraficantes, mafiosos chinos y de todo pelaje, miembros de ETA, contrabandistas y un banquero –el consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáenz—aunque condenado, no fue a la cárcel porque el gobierno Zapatero lo indultó antes de pisar la prisión. ¿Y si un juez se equivoca en un caso grave, por qué no va a la cárcel? Sólo conocemos del cla moroso caso del juez catalán Pascual Estivill, que metía empresarios a la cárcel y los sacaba previo pago de una suculenta suma en cuentas suizas.

            Y tampoco veo a periodistas que denuncian casos clamorosos que vayan a la cárcel por injurias u otros delitos contra la fama o la falsedad en la información.

            La gente de la calle no lo entiende. No entiende nada de lo que pasa. No entiende que el peso de la justicia caiga solo contra los que nada tienen y los poderosos se libran  de las condenas. No saquemos ahora a Strauss-Kahn el ex director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, que ha “arreglado” su asunto con la mujer africana de servicio del lujoso hotel neoyorquino, pagándole 4,5 millones de euros, que no hará tambalear las finanzas de Strauss-Kahn.

            Con lo que se ha visto, ¿por qué ningún banquero, político, juez o periodista denunciante de hechos graves se encuentra en la cárcel? He ahí un hecho que causa desafección entre el pueblo y la clase dirigente. El pueblo no entiende que haya una dura justicia para quien no puede pagar su hipoteca, y en cambio para quienes han arruinado bancos y cajas se queden de rositas paseando por las calles sus fortunas, porque encima han cobrado sueldos y despidos millonarios. ¡Increíble!.