La condena del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, es la culminación de un esperpento político y ha hundido más la separación entre españoles y, sobre todo, la ruptura entre los poderes del Estado. El ejecutivo –que ya no manda en el poder legislativo al no tener mayoría parlamentaria—rompe de manera abierta y hasta hosca con el poder judicial, con críticas que no se observan en ningún otro estado democrático occidental. Esta condena es un caso único en un país democrático, porque el Fiscal General, según la Constitución, es el defensor de la Ley. La Constitución dice: El Fiscal General del Estado “tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar...
Reflexiones sobre la actualidad (Artículos del autor publicados en la prensa)