El Parlament de Catalunya votado una resolución por la que
quiere iniciar el proceso hacia la independencia, mediante un referéndum
unilateral, la elaboración de una constitución para la república catalana, y la
desconexión con las leyes del Estado español.
Del total de 135 diputados, han votado a favor 72 (Junts pel Sí –Esquerra Republicana y
Convergència) y la CUP (partido antisistema) y 11 en contra (Catalunya Sí que es Pot, la rama
catalana de Podemos).
No han querido votar los partidos constitucionalistas:
partido socialista, PP y Ciudadanos (los dos últimos se han ausentado del Pleno
en el momento de la votación).
En un pleno un tanto rocambolesco, la Mesa ha decidido
desoír la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó la resolución del
pasado noviembre por la que declaraba contraria a la Constitución la resolución
de desconexión de España del Parlament. Ahora esta cámara ha querido
desarrollar esta “desconexión” al aprobar las conclusiones de una comisión
sobre el Proceso Constituyente de Catalunya hacia una república independiente.
Este “proceso” contempla la celebración de un referéndum
unilateral de independencia (RUI), al no ser posible un referéndum pactado, al
tiempo que se creará una llamada “Asamblea Constituyente” –no se especifican los
mecanismos de elección—la cual será soberana, “dispondrá de plenos
poderes”, dice el texto, y sus
decisiones no responderán a ningún control político ni jurídico, y “serán de
cumplimiento para el resto de los poderes públicos, personas físicas y jurídicas.
Ninguna de sus decisiones será susceptible de control, suspensión o impugnación
por ningún otro poder, juzgado o tribunal”. Es lo que llaman “la vía catalana”.
Los poderes de esta Asamblea han causado alarma entre los
partidos de la oposición, dado que carecerá de cualquier control democrático.
Esta asamblea además deberá redactar una constitución que será sometida a
referéndum.
Ciudadanos (Inés Arrimadas) dijo que era un “día triste” y
que la estructura constituyente es dictatorial, y la resolución ilegal. Iceta
(PSC) habló de un claro “enfrentamiento institucional”, y recalcó la ilegalidad
del proceso, porque según el Estatuto vigente, “todo lo que hace el Parlamento
ha debe hacerlo de acuerdo con la Constitución y el Estatut”. Si para derogar
el Estatut se necesitan 90 diputados, ¿cómo se quiere eliminarlo con solo 72?
Es una clara ilegalidad.
Un baño de realismo lo dio el portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan
Coscubiela, cuando dijo que este documento solo sirve para que la CUP dé su
voto favorable a la moción de confianza que ha planteado el President, Carles
Puigdemont, el próximo 28 de septiembre. Para el PP, Xavier García Albiol dijo
que el President y el Vicepresident, Oriol Junqueras, “lo van a pagar caro” una
expresión que pareció un poco de matonismo, pues no la matizó.
Desde Junts pel Sí,
Marta Rovira (ERC) cantó las excelencias y bondades de una independencia, donde
todo se cumpliría, como el corredor ferroviario del Mediterráneo, las pensiones
aseguradas, los parados con trabajo, la sanidad y la enseñanza una delicia, y
así sucesivamente.
Previamente, tres miembros de la Mesa del Parlament (de
Ciudadanos, del PSC y de Catalunya Sí que
es Pot --el PP no tiene representante en la Mesa por tener pocos
diputados-) se cubrieron las espaldas ante posibles represalias legales anunciando
su posición contraria a que la resolución de desconexión se pusiera a votación:
la Mesa estaba dividida.
¿Cuál es el significado político de esta votación?
Nuevamente el Parlament de Catalunya vive anclado en una mayoría formada por Junts pel Sí (ERC y CDC) y la CUP, la
cual no quiere saber nada de legalidades, sino que su democracia está “más
allá” de las leyes, incluido el reglamento de la cámara. Es la mayoría
independentista que surgió de las elecciones “plebiscitarias” del pasado 27 de
septiembre, como quiso Artur Mas.
Esta mayoría ha sido incapaz de elegir al presidente (Artur
Mas) y de aprobar unos presupuestos. El presidente de recambio, Carles
Puigdemont, anunció una moción de confianza del Parlament al no ser aprobados los presupuestos. Con la
aprobación de la resolución de hoy es probable que Puigdemont salve su silla en
septiembre, pero no está tan claro que salve los presupuestos.
Nadie quiere
elecciones anticipadas, dados los resultados del 26-J, y el otoño se prevé de
nuevo caliente con el enfrentamiento institucional entre el Parlament y el
Gobierno de Catalunya contra las instituciones del Estado.
Ahora el Tribunal Constitucional deberá actuar con
resoluciones tomadas “por unanimidad”, como viene siendo la tónica de las
decisiones sobre Catalunya desde el simulacro de referéndum del 9 de noviembre
de 2014.
La ANC (Assemblea Nacional de Catalunya, hasta ahora fuerza vertebradora del
independentismo catalán) ya ha anunciado que para el 11-S, Diada Nacional de
Catalunya, no habrá una gran manifestación, sino varias manifestaciones independentistas
repartidas por distintas ciudades catalanas. Un signo de debilidad.
Mientras tanto, en Madrid sigue sin haber Gobierno, o mejor
dicho siguen sin ponerse de acuerdo los partidos que pueden hacer gobierno.
Nadie puede esconder que el Estado está en crisis.
¿Y el Rey que debe moderar entre las distintas instituciones? Si al final nada se arregla, también la Monarquía pagará su precio.
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